Los fiscales anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano han pedido 57 años de prisión para el comisario jubilado José Manuel Villarejo en el primero de los escritos de acusación provisional que presentan en el marco del caso Tándem.
Los fiscales atribuyen a Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017, presuntos delitos de descubrimiento y relevación de secretos de empresa, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental en la llamada pieza Iron, relativa al encargo que le hizo en 2013 el bufete Herrero y Asociados para que investigara si varios de sus antiguos socios y empleados, que en junio de 2012 se marcharon del bufete para crear el suyo propio, estaban entrando en sus bases informáticas para sustraer contratos de la cartera de clientes.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón concluyó la investigación de la pieza Iron el pasado 7 de mayo con una resolución en la que afirmó que la actividad contratada "iba mucho más allá" de un mero servicio de detectives. Villarejo y su número dos, Rafael Redondo, ofrecieron a Herrero y Asociados "obtener, de forma ilegal, informaciones y datos de carácter reservado -tráficos de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria y de seguridad social, etc.- relativos a los miembros del bufete competidor, Balder IP Law.
Los fiscales acusan a Villarejo de llevar a cabo, a través de distintos colaboradores, un acceso ilícito a datos reservados de carácter administrativo y tributario de Balder, así como a información de carácter personal y patrimonial de los fundadores de este bufete.
Herrero y Asociados habría abonado un total de 302.500 euros de forma opaca, a través de facturas creadas ex profeso para simular la legalidad de dichos pagos bajo la apariencia de unos servicios ficticios.
Junto a Villarejo se sentará en el banquillo otro comisario, ya jubilado, al que los fiscales consideran socio suyo en el desarrollo de los encargos. Para Enrique García Castaño, que fue jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (Ucao), los fiscales piden 52 años de cárcel.
Para su número dos en el Grupo Cenyt, Rafael Redondo, Anticorrupción pide 51 años y nueve meses de cárcel, mientras que para la esposa de Villarejo, Gemma Alcalá, se reclaman 50 años.