El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado a declarar como investigados al director de Administración y Control de Iberdrola, Juan Carlos Rebollo, y al responsable de Administración, Pablo Insunza, en lo que supone una reactivación de la pieza 17 del caso Tándem, referida a los encargos que hizo al comisario Villarejo el exdirector de Seguridad de la energética, Antonio Asenjo, entre 2004 y 2017.
Rebollo e Insunza son los primeros de una serie de directivos y exdirectivos de Iberdrola cuya comparecencia en el Juzgado ha pedido la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de cohecho y coacciones supuestamente ejercidas sobre un antiguo controller de la compañía, José Antonio del Olmo, que declaró ante el instructor como testigo el pasado 21 de enero.
Olmo, responsable de la Dirección de Control de Funciones Corporativas, asegura haber elaborado en diciembre de 2004 un documento interno para "informar" a la Dirección de Administración, Control y Regulación -en aquel momento a cargo de José Luis San Pedro- de que siete meses antes Asenjo le habría puesto al corriente de "ciertas actividades anómalas".
Se trataría de "trabajos de vigilancia especiales" que habría ordenado el entonces consejero delegado, Ignacio Sánchez Galán, y que los investigadores relacionan con el primer proyecto que Asenjo encargó a Villarejo, el llamado Proyecto Arrow, para contrarrestar la oposición surgida en el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera a una central termoeléctrica de Iberdrola.
Según Olmo, los pagos se habrían encubierto con facturas de otra empresa, Casesa, ya que Asenjo le habría dicho que "son pagos a un tercero a quien Iberdrola no puede pagar directamente", algo contradictorio con el hecho -acreditado en el procedimiento judicial- de que la empresa de Villarejo fue dada de alta como proveedora de Ibedrola en octubre de 2004, cuando se contabilizaron sus primeras facturas, visadas además por el propio Olmo.
Denuncia de Iberdrola
El pasado 5 de diciembre Iberdrola denunció ante la Fiscalía la "falsedad" del documento que Olmo asegura haber realizado en diciembre de 2004, que "no consta" en sus archivos.
La compañía adjuntó a su denuncia un informe con el resultado de la investigación interna abierta sobre ese documento. Su destinatario, José Luis San Pedro, manifestó no recordar haberlo recibido, al igual que Rebollo e Insunza.
Por su parte, Casesa asegura que las facturas emitidas a Iberdrola se corresponden con trabajos efectivamente realizados y las facturas son reales, sin que haya tenido relaciones comerciales con Villarejo ni le haya hecho pago alguno.
Insunza, asimismo, presentó en los Juzgados de Bilbao un acto de conciliación previo a una querella por injurias y calumnias contra José Antonio del Olmo, afirmando que, pese a ser su jefe como responsable de Administración, nunca recibió el documento supuestamente elaborado en diciembre de 2004, tampoco recibió información de los hechos que se reflejan y no presionó a Olmo para que se sumara al informe que Iberdrola adjuntó en la denuncia negando la veracidad de esos hechos.