El estado de alarma decayó este sábado y, desde el domingo, entró en vigor la denominada 'nueva normalidad'. El real decreto que el Gobierno aprobó el 9 de junio en el que se recogen las medidas obligatorias y necesarias para evitar un rebrote llega este jueves al Congreso de los Diputados para su convalidación definitiva. De momento, el Gobierno ya tiene amarrado el respaldo de Ciudadanos y del PNV y confía en que los 89 diputados del Grupo Parlamentario Popular voten a favor. Fuentes del partido conservador aseguran a EL ESPAÑOL que, salvo sorpresa de última hora, el voto será afirmativo.
Desde que Moncloa aprobó el Real Decreto que sustituirá al estado de excepcionalidad, miembros del gabinete del presidente se han mostrado confiados en que el PP votará a favor. El argumento que utilizan es que esta norma incluye las sugerencias aportadas por las comunidades autónomas, también aquellas en las que gobiernan los conservadores. De hecho, han sido los barones populares los que han pedido de forma más insistente al presidente del PP, Pablo Casado, que se apoye la norma gubernamental en el Parlamento.
Desde que el Gobierno aceptó levantar ya el estado de alarma, Génova nunca ha valorado votar en contra del real decreto que la sustituirá. De hecho, Casado lleva pidiendo insistentemente desde la tercera prórroga del estado de alarma volver a la legislación ordinaria y se ha abierto incluso a apoyar una reforma de la ley sanitaria -si el Gobierno lo considera necesario- para blindar futuros confinamientos en el caso de que fuera necesario. "No tendría ningún sentido que ahora que el Gobierno vuelve a la legislación ordinaria nosotros votemos en contra", reflexionan en el PP.
No obstante, el Gobierno aprobó la medida en Consejo de Ministros sin haberla consensuado previamente con el partido de la oposición al que ahora le pide su voto para la convalidación, una "manera unilateral de actuar de Moncloa" que en Génova sigue sin inspirar ninguna confianza. Fuentes gubernamentales justifican que el canal de comunicación con Casado permanezca cerrado con que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha estado en contacto permanente con los líderes autonómicos para escuchar y recoger sus aportaciones.
Enmiendas
Los conservadores tienen previsto votar a favor de esta convalidación y pedir a cambio que la norma se tramite como proyecto de ley, para poder incluir en la tramitación legislativa las enmiendas que consideren oportunas. Moncloa no pondrá ningún obstáculo a que los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos en el Parlamento acepten esta tramitación.
El real decreto fija una serie de medidas para evitar futuros rebrotes y mantener a raya al virus hasta que se levante la emergencia sanitaria, que probablemente será cuando se encuentre una vacuna eficaz.
Competencias
El principal cambio normativo es que las comunidades autónomas recuperan todas las competencias. Además, serán las autonomías las que tendrán que hacer test a los casos sospechosos e informar al Gobierno central sobre los nuevos positivos. "Los servicios de salud de las comunidades autónomas garantizarán que, en todos los niveles de asistencia, y de forma especial en la atención primaria de salud, a todo caso sospechoso de Covid-19 se le realizará una prueba diagnóstica por PCR u otra técnica de diagnóstico molecular, tan pronto como sea posible", recoge textualmente el BOE.
El decreto ley recoge también que el Gobierno central se reserva la potestad de mantener la iniciativa a la hora de tomar cualquier acción especial contra el virus "cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia". Además, esta normativa incluye el uso obligatorio de mascarilla para mayores de 6 años en los medios de transporte y en lugares públicos y privados si no se mantiene la distancia física de un metro y medio entre personas. La sanción de incumplir esta medida, la más efectiva para evitar la propagación del virus, asciende a cien euros.