El juez cierra el 'caso ático' al concluir después de 7 años que "no hay indicios" contra Ignacio González

Después de más de siete años de investigación, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) ha archivado las diligencias del llamado 'caso ático', en el que se ha investigado la adquisición de un lujoso inmueble en esa localidad por parte del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y a su esposa, Lourdes Cavero.

El empresario y presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo también ha tenido la condición de investigado en un procedimiento judicial en la que han actuado como denunciantes el Sindicato Unificado de Policia y dirigentes del Partido Socialista de Madrid como José Manuel Franco, actual delegado del Gobierno en Madrid y que recientemente ha sufrido su propio via crucis judicial con la llamada causa del 8-M, de la que ha sido exonerado.

El 'caso ático' se ha visto sometido también a los tejemanejes del comisario Villarejo, que en noviembre de 2011 grabó a escondidas a González una conversación desvelada por El Mundo en la que el expolicía le dijo que le ayudaría a poner punto y final a la investigación.

Petición del fiscal

Las pesquisas se han prolongado hasta ahora, cuando el magistrado Eloy Marfil, a petición del fiscal y de las defensas ejercidas por los letrados Ignacio Ayala, José Manuel Hidalgo y Antonio Navas, ha acordado el cierre de la causa.

Se trata de un sobreseimiento provisional, por lo que el asunto podría reabrirse si aparecen nuevos indicios. González, de otro lado, sigue imputado en el caso Lezo, donde se enfrenta a serias peticiones de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

El instructor ha concluido que "no existen indicios" de los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales denunciados.

Cohecho

El primero de los delitos habría consistido en que Cerezo habría 'regalado' el ático de Estepona al matrimonio González, que en 2008 arrendó el inmueble a la sociedad estadounidense Coast Investors (una empresa pantalla que actuaría a indicaciones de Cerezo) en unas ventajosas condiciones económicas y en 2011 lo adquirió por 770.000 euros, un precio supuestamente por debajo de mercado.

Los denunciantes sostenían que el arrendamiento era un contrato simulado, pues lo que realmente subyacería era un regalo o dádiva de Cerezo articulado a través de un testaferro profesional, Rudy Valner, actuando con la sociedad Coast Investors LLC.

Los denunciantes aseveraban que el motivo o causa por la cual Enrique Cerezo habría realizado ese regalo derivaría de dos actuaciones: la supuesta ayuda que le habría proporcionado Gonzalez en el concurso público para la adjudicación de canales de televisión digital terrestre y la venta de derechos audiovisuales por parte del Club Atlético de Madrid al ente público Radio Televisión Madrid SA durante el mandato de González como presidente de la Comunidad de Madrid.

"A pesar de la ardua instrucción llevada a cabo en el presente procedimiento durante más de siete años", afirma el juez, "no se ha conseguido acreditar la procedencia del dinero utilizado por Coast Inverstors para la adquisición de los bienes inmuebles" en Estepona.

Además, "ningún vínculo se infiere en la presente causa entre, por un lado, el contrato de compraventa suscrito en 2008 por Coast Investors LLC y el anterior propietario del inmueble y los contratos de arrendamiento suscritos entre dicha sociedad y Lourdes Cavero, y, por otro lado, la actuación realizada por Ignacio González como vicepresidente o presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid en los contratos o adjudicaciones en los que interviniera directa, o indirectamente, Cerezo".

"No existiendo indicios que permitan sostener que el origen del dinero utilizado por la sociedad estadounidense provenga de Cerezo , o de cualesquiera de las entidades de las que es -o era- titular, partícipe o presidente, es procedente el sobreseimiento provisional", concluye.

Blanqueo

El supuesto delito de blanqueo de capitales habría consistido en la utilización de
dinero proveniente de la comisión de algún delito antecedente por parte de Ignacio Gonzalez y su esposa para adquirir en 2012 el ático a Coast Investors LLC.

Pero "no constan en el procedimiento indicios sobre la existencia de un delito antecedente del cual procedería el dinero utilizado por González y Cavero" para hacerse con el inmueble y tampoco existen indicios de que el dinero utilizado tuviera un origen ilícito.

Los informes de la UDEF realizados en mayo de 2019 aluden al "origen no sospechoso de los fondos empleados" atendiendo, entre otros datos, a la escritura pública en la que se formaliza la compraventa y a un finiquito laboral percibido por Cavero en 2011.

De esos datos "se infiere cómo se financió la compra, sin que pueda vislumbrarse que el dinero utilizado en la adquisición no sea lícito".