La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Manuel García-Castellón que cite a declarar como investigados al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y al marido de ésta, el empresario Ignacio López del Hierro, por la llamada operación Kitchen.
Anticorrupción considera que existen indicios de que Fernández Díaz y Cospedal conocían la operación puesta en marcha desde el Ministerio del Interior, y sufragada con fondos reservados, para conseguir la información que el extesorero del PP Luis Bárcenas tenía sobre la presunta financiación ilegal del partido y los contactos que mantuvo con el expresisdente Mariano Rajoy y otros dirigentes de la formación.
Los indicios derivan del análisis del teléfono y los ordenadores intervenidos al exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez, así como de la implicación en la operación Kitchem del comisario Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de Cospedal cuando ésta era presidenta de la comunidad de Castilla-La Mancha.
Los investigadores consideran que López el Hierro, antiguo conocido de Villarejo, fue el intermediario que utilizaron los dirigentes del PP para llegar al comisario, al que encargaron trabajos para controlar el caso Gürtel y tratar de minimizar el daño que estaba causando al partido.
Conversación entre Villarejo y el marido de Cospedal
Los fiscales han pedido también a García-Castellón que levante el secreto de la pieza Kitchen.
En esta parte del caso Villarejo está investigado el exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, que fue el que señaló a Martínez como el cargo de Interior que autorizó el empleo de fondos reservados para una actuación que, según el exDAO, tenía una finalidad legal: averiguar el patrimonio oculto de Bárcenas y quiénes eran sus testaferros. Para ello captaron como confidente al chófer del extesorero del PP, Sergio Ríos, al que pagaron 40.000 euros por conseguir la información que guardaba Bárcenas.
Fuentes de la investigación señalaron que la petición de Anticorrupción está siendo analizada por el juez García-Castellón, que en principio es favorable a aceptar la práctica de la diligencia y citar a ambos expolíticos.