La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que instruye el caso Tándem que no admita a trámite la querella promovida por el partido Vox contra Pablo Iglesias, secretario general de Unidas Podemos, al que atribuye un supuesto delito de denuncia falsa, entre otras infracciones penales, en el marco de la denominada pieza Dina.
Esa pieza se abrió en marzo de 2019 para investigar un delito de revelación de secretos, tras hallarse en el domicilio del excomisario Villarejo unos archivos con información (fotos íntimas, datos bancarios, mensajes de chats) almacenada en el teléfono de Dina Bousselham.
Esta antigua asesora de Iglesias denunció el 1 de noviembre de 2015 que le habían robado su móvil en un establecimiento comercial en Alcorcón (Madrid). En julio de 2016, OkDiario y otros medios publicaron mensajes que Iglesias había escrito en un chat de su equipo y en el que, entre otras afirmaciones, indicó que "azotaría a [la presentadora] Mariló Montero hasta que sangrase".
La pieza Dina ha desbordado sus cauces procesales después de que se descubriera que Pablo Iglesias, personado desde el primer momento como víctima al atribuir la filtración de sus mensajes a Villarejo, tuvo en su poder una copia de la tarjeta SD del móvil de Dina mucho antes de que se produjera la filtración de los mensajes. El dispositivo le fue entregado en enero de 2016 por el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, y no se lo devolvió a su asesora hasta meses después, en una fecha que no ha querido concretar. La propia Dina, por su parte, ha acabado admitiendo que ella misma hizo capturas de los mensajes escritos por Iglesias y los reenvió a diversas personas.
Bousselham, además, manifestó al juez que Iglesias le devolvió la tarjeta dañada, aunque luego se desdijo de esta afirmación, que ha situado al líder de Podemos como sospechoso de un delito de daños.
Para remate, el abogado José Manuel Calvente, que trabajó en el equipo legal de Podemos hasta su despido en diciembre de 2019, ha declarado que el caso Dina fue un "montaje" de Iglesias para sacar rédito político presentándose como víctima de las 'cloacas'.
Calvente sostiene que cuando el actual vicepresidente segundo del Gobierno acudió a declarar a la Audiencia Nacional en calidad de perjudicado en marzo de 2019 sabía que los mensajes publicados procedían de las capturas hechas por Dina, es decir, sería una filtración interna desde Podemos y no una campaña orquestada por la 'policía patriótica' contra el partido.
La Sala interviene
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha vuelto a encauzar este miércoles el caso Dina advirtiendo al juez García-Castellón de que es "improcedente" que investigue a Iglesias tanto por revelación de secretos como por daños.
Antes que la Sala, la propia Fiscalía Anticorrupción hizo esa misma indicación al instructor en un escrito en el que sostiene que la querella de Vox debe ser inadmitida porque "su contenido no guarda conexión con el objeto procesal de la pìeza Dina" y, además, se dirige contra un aforado que no puede ser investigado por la Audiencia Nacional.
El escrito, firmado el pasado martes por el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, explica que Vox pretende que García-Castellón investigue a Iglesias por hacer una denuncia falsa, simular delitos e intentar engañar al Juzgado (delito de estafa procesal). Sin embargo, "para el conocimiento de ninguno de estos delitos resulta competente la Audiencia Nacional", señala.
"Los nuevos delitos que constituyen el objeto de la querella de Vox resultan del todo ajenos y autónomos al delito de descubrimiento y revelación de secretos objeto de esta pieza", indica Anticorrupción, que considera que "resulta palmaria" la falta e competencia de la Audiencia tanto por razón de los delitos como de la persona (aforada ante el Supremo) a la que se atribuyen y por su falta de conexidad con los que se investigan en la pieza Dina.