La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo de la Comunidad de Madrid contra la orden del Ministerio de Sanidad que recoge las nuevas restricciones de movilidad, según fuentes del Gobierno regional.
La Audiencia Nacional concede un plazo de 10 días hábiles a la Abogacía del Estado para que se pronuncie sobre las medidas cautelares, lo que implica que si esta agota el plazo, podría contestar el 20 de octubre y la Sala resolvería a continuación.
En el recurso se solicita que se acuerde una medida cautelar consistente en la suspensión de la Orden del ministro de Sanidad, Salvador Illa. De este modo, la Sala deberá escuchar a todas las partes para decidir al respecto.
Alega el Gobierno regional en su impugnación "el perjuicio que se deriva de la invasión de competencias que ha supuesto la orden mediante una utilización torticera del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud". Y concluye que "resulta más idóneo desde la perspectiva de salud pública el mantenimiento de la competencia de la Comunidad de Madrid".
La Comunidad de Madrid defiende que "no ha existido omisión o dejación de funciones, sino que, al contrario, se vienen desplegando medidas cuya eficacia está ya siendo comprobada". "Las medidas propuestas, al ampliar su ámbito de aplicación, pueden resultar contraproducentes, siendo, en términos sanitarios, más acertado el criterio que viene adoptando esta Administración", asevera.
Por su parte, este sábado, como anunciaron ayer, Vox ha presentado una solicitud de medidas cautelarísimas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la orden de Sanidad al considerar que se basa en una decisión política y no científica.
"Ni el acuerdo del Consejo Interritorial del Sistema Nacional de Salud ni, en consecuencia la Orden del Ministro refieren en sus textos ningún estudio científico preciso que justifique la adopción de las medidas. Presentan la apariencia de ser más políticas que científicas", se recoge en el recurso presentado hoy por Vox.
Estado de alarma
Las dieciséis páginas del recurso que ha presentado Isabel Díaz Ayuso ante los tribunales incluyen un reto a Pedro Sánchez. La jerga jurídica empleada por sus abogados podría traducirse en algo así como: si quiere cerrar Madrid, que declare el estado de alarma.
Tras alegar distintos motivos para argumentar la "nulidad" del veredicto del ministro de Sanidad, Ayuso manifiesta en su recurso: "Esto resulta agravado cuando, a la vista de la intensidad de las medidas adoptadas, nos damos cuenta de que el Estado dispone de un instrumento para ello: la declaración del estado de alarma".
Acto seguido, el texto especifica que "la orden del ministro supone la aplicación de unas limitaciones propias" de ese mecanismo constitucional, que rigió en todo el país en los meses más duros de la pandemia. En todo momento, tanto en estos dieciséis folios como en sus comparecencias, los dirigente autonómicos repiten la expresión "invasión de competencias".
Fuentes de Moncloa han confirmado a EL ESPAÑOL que, ante el riesgo de que la Comunidad intentara la suspensión inmediata de la norma mediante una cautelarísima, el Gobierno central había preparado un estado de alarma para la región.