Iglesias "simuló" un delito de revelación de secretos "pese a conocer su falsedad", dice el juez

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Tándem, ha elevado a la Sala Penal del Supremo una exposición razonada de 63 folios, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en la que asegura que existen indicios de criminalidad contra Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, puestos de manifiesto en la llamada pieza Dina.

El juez cree que Iglesias puede haber cometido presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos, denuncia falsa o simulación de delito en relación con las diligencias en las se investiga la filtración a la prensa de mensajes comprometedores para Pablo Iglesias guardados en la memoria del móvil de su antigua asesora Dina Bousselham.

La exposición razonada también se dirige contra la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, exresponsable de los servicios jurídicos de Podemos; Dina Bousselham y su expareja Ricardo Sa Ferreira; y los abogados del partido Marta Flor Núñez y Raul Carballedo.

García-Castellón ha elevado el escrito incriminatorio al Supremo sin haber tomado declaración sobre los hechos a los dos últimos, que no son aforados. Tampoco ha pedido el criterio de la Fiscalía Anticorrupción antes de dirigirse al alto tribunal. 

"Se guardó la tarjeta"

La pieza Dina se abrió el 19 de marzo de 2019 ante los indicios de que la filtración de los mensajes del móvil de Dina a la prensa hubiera sido hecha por el excomisario José Manuel Villarejo, en cuyo domicilio se encontró en 2017 una copia de los archivos almacenados en el dispositivo de Bousselham.

Pero en el curso de las investigaciones se descubrió que fue Iglesias el que tuvo en su poder una copia de la tarjeta del teléfono de su asesora, que recibió en enero de 2916 del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio. 

Según el juez, Iglesias "comprobó que en el dispositivo se almacenaban archivos personales y de carácter muy íntimo de Bousselham" y "pese a ello se guardó la tarjeta en su poder" sin decírselo a su antigua asesora.

También indica que, si bien no se ha podido determinar la fecha en que el líder de Podemos devuelve la tarjeta de memoria a Dina, debió de ser antes del 23 de agosto de 2017 y "se sabe que cuando se devuelve la tarjeta está inservible para su funcionamiento”.

El instructor del caso Tándem afirma que "pese al conocimiento de su falsedad" y de acuerdo con Elizo y Núñez -esta última como "ejecutora material"- Iglesias "simuló" que la publicación de los mensajes del teléfono de Dina en varios medios digitales "fue el resultado de un encargo realizado a José Manuel Villarejo para perjudicar" al líder de Podemos y así lo denunció ante el propio García-Castellón en marzo de 2019. Y ello pese a saber que la misma Bousselham había remitido a terceras personas 'pantallazos' de los mensajes que fueron publicados. 

"Lograr una ventaja electoral"

García-Castellón afirma que Pablo Iglesias "usó fraudulentamente" la pieza Dina "para tratar de lograr algún tipo de ventaja electoral, pese a conocer el carácter
falsario de las acusaciones que pretendía sostener".

Para el instructor del caso Tándem, la personación de Iglesias como víctima en la pieza Dina y su denuncia por la filtración y publicación de los mensajes del teléfono de Dina tenían una finalidad “estrictamente de oportunidad política”.