Una Sala de cinco magistrados, la mayoría de ellos de sensibilidad progresista, decidirá sobre la exposición razonada que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha elevado este miércoles contra Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, por su actuación en la llamada pieza Dina.
Esta pieza se abrió en marzo de 2019 dentro del caso Tándem para investigar la difusión en varios medios digitales de la información almacenada en el teléfono móvil de Dina Bousselham, antigua asesora de Iglesias, que denunció el robo del dispositivo en noviembre de 2015.
García-Castellón, que instruye el caso Tándem contra el comisario José Manuel Villarejo, ha desatado una tormenta política al hacer público su escrito contra Iglesias el mismo día en que el Gobierno presentaba el Plan de Recuperación de la economía.
El juez de la Audiencia Nacional, desautorizado el pasado 16 de septiembre por la Sala Penal de la Audiencia Nacional, que le ordenó que devolviera a Iglesias la condición de perjudicado en la pieza Dina, ha optado por cerrar estas diligencias y, en cambio, atribuir a Iglesias presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos y denuncia falsa o simulación de delito.
La imputación
La imputación se basa en que, según García-Castellón, Iglesias recibió una copia de la tarjeta de memoria del móvil de Bousselham, que le fue entregada en enero de 2016 por el presidente del grupo editorial Zeta, y la retuvo en su poder durante meses antes de devolvérsela a Dina en condiciones tales que la información del dispositivo era inaccesible.
El instructor de la Audiencia Nacional sostiene además que Pablo Iglesias, que se personó como perjudicado en la pieza Dina nada más abrirse, "usó fraudulentamente" el proceso judicial "para tratar de lograr algún tipo de ventaja electoral, pese a conocer el carácter falsario de las acusaciones que pretendía sostener".
García-Castellón afirma que el vicepresidente segundo del Gobierno atribuyó a Villarejo la filtración a la prensa de mensajes almacenados en el móvil de Dina pese a que "sabía de antemano" que su asesora era "el origen de la filtración", ya que había hecho pantallazos de esos mensajes y los había reenviado a terceras personas. Esos mensajes, difundidos por OKdiario y luego por otros medios a partir de julio de 2016, dejaban en mal lugar a Pablo Iglesias, dibujando la imagen de un machista al que le hubiera gustado "azotar a [la presentadora] Mariló Montero hasta que sangrase".
La imputación de denuncia falsa se apoya, esencialmente, en el testimonio del exabogado de Podemos José Manuel Calvente.
La exposición razonada del instructor del caso Tándem será enviada primeramente a la Fiscalía del Tribunal Supremo para que emita su criterio sobre la procedencia de abrir o no una causa contra el vicepresidente segundo del Gobierno.
Sin Anticorrupción
García-Castellón no ha pedido la opinión de los fiscales anticorrupción que actúan en el caso Tándem antes de elevar al Supremo la exposición razonada.
Anticorrupción fue la primera que señaló, en un escrito dirigido al Juzgado el 21 de mayo, que Iglesias debía perder la condición de perjudicado tras descubrirse que Bousselham había ocultado inicialmente al juez que ella reenvió los mensajes luego publicados.
Por ello, los fiscales argumentaron que "si bien no puede descartarse la participación de Villarejo en la difusión, al contener las carpetas halladas en su domicilio esas mismas capturas de pantalla, la fuente del medio digital pudo ser otra, u otras, una vez enviadas voluntariamente esas capturas de pantalla por su autora".
No obstante, los fiscales ya señalaban la dificultad jurídica de atribuir a Iglesias delitos de revelación de secretos (por haber accedido al contenido de la tarjeta) y de daños, al menos en su modalidad imprudente, porque ambos exigen la denuncia de la persona agraviada, Dina Bousselham, y ésta nunca ha querido acusar al líder de Podemos.
La falta de ese requisito previo -la denuncia de la perjudicada- para poder proceder contra Iglesias sigue existiendo en la exposición que ha elevado García-Castellón. El juez rechazó la petic¡ón formulada hace más de cuatro meses por los fiscales de que citara a Dina con el fin de que precisara si quiere actuar contra Iglesias. Ahora, el instructor señala que debe ser el Supremo el que pregunte a Bousselham si "exculpa" a Pablo Iglesias.
La Sala
El tribunal que decidirá sobre la exposición razonada está presidida por Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal del Supremo, e integrada por los magistrados Eduardo de Porres, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Andrés Martínez Arrieta. Los tres últimos, que formaron parte de la Sala que juzgó el 'procés' junto con Marchena, son considerados progresistas.
Eduardo de Porres pertenece a la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura; Ana Ferrer a Jueces y Juezas para la Democracia y Andrés Martínez Arrieta fundó la asociación judicial Francisco de Vitoria.
Martínez Arrieta es el magistrado más antiguo de la Sala Penal, pese a que cuando accedió a ella era el juez más joven en acceder al Supremo, con solo 43 años. Es el instructor de la causa abierta al magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés por un presunto delito de maltrato en el ámbito familiar y ha presidido la Sala que ha confirmado la condena al expresidente catalán Joaquim Torra por desobedecer a la Junta Electoral Central.
Andrés Palomo, magistrado del Supremo desde 2014, se ha convertido en un puntal de la Sala por sus conocimientos sobre delitos económicos y Derecho comunitario. Entre otras sentencias relevantes, ha sido ponente de la que confirmó la condena a Félix Millet y Jordi Montull por el caso Palau.
Ana Ferrer fue la primera mujer en acceder a la Sala Penal del Supremo, en febrero de 2014. Especializada en asuntos de violencia de género, participó en el tribunal que revisó el caso de La Manada y elevó la condena por apreciar agresión sexual y no un mero abuso.
Eduardo de Porres es el más moderno del tribunal que examinará la exposición razonada contra Iglesias. LLegó a la Sala en julio de 2018. Es el instructor de la causa abierta a la portavoz de JxCAT en el Congreso, Laura Borrás, por las irregularidades en la adjudicación de contratos cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas.