El PP ha registrado esta tarde, tras las últimas correcciones, su 'contrarreforma' a la proposición de ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos sobre el sistema de elección del Consejo Genera del Poder Judicial, en la que el partido de Pablo Casado introduce, además, relevantes cambios que conciernen a la Fiscalía.
La propuesta de los 'populares' suprime la elección parlamentaria de los 12 vocales del CGPJ que deben ser jueces o magistrados, instaurada en 1985 a través de la famosa 'ley Ledesma'.
El PP plantea volver a la fórmula de elección directa de los consejeros judiciales por y entre los miembros de la Magistratura, recuperando el sistema vigente en 1980 con algunos cambios en cuanto al sistema electoral y los avales necesarios para poder presentar candidatura.
Mientras que en 1980 se estableció un sistema mayoritario corregido y se requería el aval de un 10% de los electores, el diseño actual del PP es una lista abierta de la que los 12 más apoyados se convertirían en vocales. Para presentarse bastaría el aval de 100 miembros de la carrera o el de una asociación judicial.
La elección directa de los 12 consejeros judiciales del Consejo es un postulado tradicional del ideario del PP pero que, a la hora de la verdad, nunca ha llevado a la práctica, ni siquiera cuando, como ocurrió en los mandatos de Aznar y Rajoy, tenía mayoría suficiente para hacerlo.
No para el nuevo CGPJ
Ahora, desde la oposición y con el seguro desacuerdo del PSOE, el retorno a la elección directa de los 12 vocales por y entre los jueces resulta un brindis al sol.
Además, se concibe como un sistema para el futuro. La proposición incluye una disposición transitoria según la cual el próximo CGPJ se renovará conforme al sistema vigente de elección parlamentaria de los 20 vocales "a los efectos de realizar de forma inmediata la renovación del Consejo".
Fuentes de PP señalaron que, tras barajar la opción de proponer la vuelta al sistema de 2001 (en el que la carrera judicial elegía a 36 candidatos y, entre ellos, el Parlamento designaba a los 12 consejeros), Casado ha inclinado la decisión hacia la fórmula que prescinde de la intervención política en la designación de esos 12 vocales.
Según estas fuentes, Casado "está convencido de que es el sistema que acabará implantándose en Europa". La exposición de motivos de la proposición hace una profusa mención a los posicionamientos de la Comisión de Venecia, el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) o el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, que coinciden en que, en aquellos países donde existan consejos nacionales de la Judicatura, éstos deben componerse por una mayoría de miembros procedentes de la carrera judicial, elegidos por sus pares y no por los políticos.
Despolitización
El intento de despolitizar a las instituciones del Derecho se refleja también en otras propuestas de la iniciativa.
El PP plantea que no puedan acceder al CGPJ ni al cargo de fiscal general del Estado quienes hayan ostentado un cargo representativo o de confianza política en los diez años anteriores.
Propone, asimismo, la supresión del llamado 'magistrado autonómico', el jurista que, por designación directa de las Asambleas de las CC.AA., pasa a integrarse en la carrera judicial sin necesidad de oposición ni concurso alguno y es destinado a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. Son, precisamente, las Salas que investigan y juzgan los delitos de los aforados autonómicos.
Consejo Fiscal
La iniciativa del PP propone un notable recorte del poder del fiscal general en beneficio del Consejo Fiscal. Éste es el único órgano del Ministerio Público que, parcialmente (9 de sus 12 miembros), es elegido de forma democrática por la carrera fiscal.
El PP quiere que los nombramientos de cargos del Ministerio Público requieran una mayoría de tres quintos del Consejo Fiscal. De no contar con dicha mayoría, el fiscal general no podrá elevar al Ministerio de Justicia la propuesta de nombramiento.
Se introduce también el expreso reconocimiento de la competencia del Consejo General del Poder Judicial para pronunciarse sobre la idoneidad del candidato a fiscal general propuesto por el Gobierno, cuestión que ha sido controvertida con el nombramiento de Dolores Delgado, cuyo nombramiento está recurrido por el PP en el Tribunal Supremo.
Se establece la posibilidad de recusar al fiscal general "a modo de excepción fundada en la sensible y elevada posición del cargo, que debe comportar una mayor exigencia de garantías respecto de su imparcialidad", señala la exposición de motivos.