El juez de la Audiencia Nacional que investiga los llamados papeles de Bárcenas, en los que el extesorero del PP Luis Bárcenas habría reflejado la financiación ilegal del partido entre 1990 y 2008, ha acordado nuevas diligencias centradas en dos adjudicaciones públicas realizadas a favor de la empresa de tratamiento de aguas residuales Degrémont Ibérica.
El instructor persigue acreditar la presunta relación entre esos contratos y las donaciones al PP efectuadas por los empresarios beneficiados, lo que abriría la puerta a graves delitos de cohecho y tráfico de influencias.
El juez De la Mata, a punto de hacer las maletas para irse a su nuevo destino en La Haya como jefe de la delegación española en Eurojust, ha aceptado la propuesta de la Fiscalía Anticorrupción de profundizar en la adjudicación a Degrémont en abril de 2003 de un proyecto de la entidad pública del suelo SEPES, dependiente entonces del Ministerio de Fomento, para la construcción de una estación depuradora en Casarrubios del Monte (Toledo).
El segundo contrato en el punto de mira de los investigadores fue adjudicado Degrémont en diciembre de 2006 por Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid, para la explotación de una depuradora de aguas residuales en Madrid capital.
De la Mata afirma en una resolución conocida por EL ESPAÑOL que, "indiciariamente", Bárcenas, su antecesor Álvaro Lapuerta (ya fallecido), Francisco Correa "y otros" habrían "implementado un sistema para obtener fondos ilícitamente para el Partido Popular y para ellos mismos, a cambio de movilizar influencias y realizar gestiones a favor de los proveedores de tales fondos".
Con ese fin se habrían puesto de acuerdo "con distintos empresarios" para que entregaran al PP fondos en efectivo "en calidad de aparentes donaciones", "a cambio de la facilitación por parte de Lapuerta y Bárcenas de contactos directos con el responsable político del poder adjudicador de contratos públicos que en cada caso interesara".
Así habrían conseguido en ocasiones "direccionar" la adjudicación de los contratos, "revistiendo el proceso de apariencia de legalidad pero vulnerando los principios generales de la contratación de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia".
El juez busca acreditar la relación de causalidad "entre las donaciones, las subsiguientes actuaciones desplegadas para entablar los contactos y las relaciones establecidas".
Destaca, a este respecto, que los papeles de Bárcenas reflejan una donación del exdirectivo de Degrémont Iberia Ángel Salado al PP por importe de 60.000 euros, "equivalente al 2% del importe de la adjudicación sin IVA". La entrega de los fondos se habría producido en marzo de 2003, un mes antes de lograr el contrato.
En los estadillos de Luis Bárcenas figura una aportación posterior de otro directivo de Degrémont, Rafael Palencia, por importe de 35.000 euros. Se habría realizado en mayo de 2006, en este caso con mucha antelación a la adjudicación del contrato con el Canal.
El juez se ha dirigido a la SEPES para que aporte todas las ofertas presentadas al concurso, la justificación de la puntuación otorgada a cada una de ellas y la memoria del presupuesto modificado respecto del presupuesto primitivo.
El Canal de Isabel II, por su parte, deberá enviar al Juzgado la documentación justificativa de la exclusión de dos licitadores (Veolia Agua y la UTE formada por Imes, Urbaser y Socamex), las propuestas económicas presentadas por cada licitador y la justificación de la puntuación técnica y económica otorgada a cada oferta.