"Existe una correlación entre entregas de fondos realizadas al PP y las adjudicaciones recibidas" por empresarios implicados en el caso de los papeles de Bárcenas, afirma el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en una resolución dictada el pasado abril, cuando las diligencias eran secretas, y que ahora ha conocido EL ESPAÑOL.
De la Mata, que lleva investigando la presunta financiación ilegal del PP desde febrero de 2017, cree haber cerrado el círculo: Bárcenas anotaba en sus estadillos los pagos en B que recibía y, "con una correlación objetiva, subjetiva y temporal", las empresas de los donantes resultaban adjudicatarias de contratos que dependían de administraciones controladas por los 'populares'.
Fue una conexión que no pudo establecer su antecesor en el Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, con los datos a los que llegó.
¡Juan Carlos, vuelve!
Ruz cerró la investigación de los papeles de Bárcenas el 23 de marzo de 2015 mandando a juicio sólo a quienes encontró presuntamente implicados en la reforma de la sede central de Génova, que habría sido pagada en parte con dinero 'negro' (Bárcenas, el gerente del partido Cristóbal Páez y los arquitectos).
Archivo en 2015
Quedaron, así, fuera del caso los empresarios a los que Ruz investigó por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias y respecto a los que acabó archivando las diligencias.
Tras haber indagado en la contratación pública de las sociedades relacionadas con los donantes, Ruz concluyó en su resolución de marzo de 2015 que "no resulta posible establecer una vinculación o relación entre los ingresos por donaciones investigados y la adjudicación de contratos públicos a los presuntos donantes, por lo que la conclusión provisional debe ser la ausencia, por el momento, de suficientes indicios para estimar justificada la comisión de los delitos atribuidos".
De la Mata ha podido llegar más lejos. El 28 de febrero de 2017 reabrió las diligencias contando con elementos que no tuvo Ruz.
Entre ellos destaca la grabación de una conversación entre Ildefonso de Miguel, implicado en el caso Lezo, y el empresario Rafael Palencia, expresidente de Degremont.
Este último confesó haber entregado "muchas veces" dinero "en sobres" a Álvaro Lapuerta (ya fallecido) y Bárcenas a cambio de que "me abran las puertas". Palencia mencionaba algunas adjudicaciones concretas que han podido ser investigadas.
De la Mata también ha obtenido declaraciones de alcaldes del PP caídos en desgracia como Guillermo Ortega y Arturo González Panero, que relataron las llamadas que recibían de Bárcenas para que favorecieran adjudicaciones a empresas concretas porque "ayudan al partido".
Rajoy a Panero: "Haz caso a Luis"
González Panero, antiguo regidor de Boadilla del Monte, declaró que en julio de 2004 concidió en un acto local con el presidente del partido, Mariano Rajoy, "y éste le dijo que hiciera caso a Luis Bárcenas cuando se pueda".
La resolución que el instructor dictó el pasado abril concreta las adjudicaciones que obtuvieron varios empresarios en coincidencia con las donaciones en B que habrían realizado al PP.
Así, el juez afirma que Alfonso García Pozuelo hizo tres entregas al partido conservador en enero, julio y noviembre de 2000 por un total de 72.000 euros. En junio y noviembre de ese año su empresa Constructora Hispánica fue adjudicataria de dos obras por parte del ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, "dependiente del Ministerio de Fomento, cuando el Gobierno de España estaba ocupado por el PP", señala.
Constructora Hispánica también resultó adjudicataria de una obra en Boadilla del Monte (Madrid) en 2007 por importe de un millón de euros gracias a que una autoridad municipal "emitió un informe en el que otorgó de forma arbitraria una mayor puntuación a sus propuestas frente a otras similares o incluso mejores presentadas por otras licitadoras, sin razonar ni motivar tal valoración".
De la Mata afirma que la mercantil de García Pozuelo abonó presuntamente una comisión "en pago de esta adjudicación" que se habrían repartido varios implicados en el caso Gürtel (Francisco Correa, Pablo Crespo, Alfonso Bosch, Tomás Martín y González Panero).
El instructor menciona también José Luis Ulibarri, de la empresa UFC, adjudicataria de una parcela municipal en Boadilla del Monte por 35 millones de euros.
"Ulibarri destinó al menos 1 millón de euros del precio que evitó pagar al Ayuntamiento de Boadilla a su distribución entre Correa, Crespo y Martín", indica.
Respecto a Degremont, De la Mata señala que "los máximos responsables" de la empresa entregaron al PP entre 1998 y 2008 un total de 164.000 euros.
En abril de 2003 la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES) adjudicó a Degremont una estación depuradora en Casarrubios del Monte (Toledo) por 3,4 millones con IVA. Un mes antes el entonces presidente de la empresa, Ángel Salado, habría entregado a Bárcenas 60.000 euros.
El 2%
"La entrada de fondos en la caja B del PP tiene una correlación directa con la adjudicación del contrato en términos objetivos", explica el instructor, "por cuanto representa aproximadamente el 2% del importe de la adjudicación sin IVA". Ése fue el porcentaje que el expresidente de Degremont, Rafael Palencia, admitió estar pagando en su conversación con Ildefonso de Miguel.
De la Mata sostiene que también hay una "correlación subjetiva" en lo que se refiere a quienes intervienen (un empresario donante y un órgano adjudicatario de la Administración estatal "bajo gobierno del PP") e igualmente una "correlación temporal" entre el pago y la adjudicación.
También existiría una correlación temporal en otra adjudicación a Degremont, la depuradora Viveros de la Villa, en Madrid. "Cuando se produjo la adjudicación Rafael Palencia entregó 35.000 euros", afirma el instructor.