El Consejo General del Poder Judicial ha elegido esta mañana por mayorías de 17 y 18 votos a otros cuatro altos cargos de la Magistratura, en contra de la pretensión del Gobierno de Sánchez de que no hiciera nombramientos por encontrarse en funciones.
El CGPJ, con acuerdo de los vocales propuestos por PP y PSOE, ha elegido al magistrado progresista Pablo Aramendi como presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, puesto en el que sucede a Ricardo Bodas, elegido magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo el pasado 26 de septiembre.
Aramendi ha obtenido 17 votos de los 21 del Pleno del CGPJ. En blanco han votado los vocales propuestos por IU y PSOE Concepción Sáez, Álvaro Cuesta y Pilar Sepúlveda, mientras que la vocal propuesta por el PP Nuria Díaz Abad ha apoyado a Emilia Ruiz Jarabo.
En los otros tres nombramientos realizados esta mañana se ha logrado una mayoría de 18 votos. María José Renedo ha sido elegida presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Castilla y León; David Ordóñez estará al frente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Asturias y Joaquín González Casso asciende a la presidencia de la Audiencia Provincial de Cáceres.
Son los primeros nombramientos de cargos judiciales discrecionales que realiza el CGPJ después de que el Congreso haya tomado en consideración una proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos para limitar las competencias del órgano de gobierno de los jueces cuando entre en período de prórroga. Se trata de impedir, en particular, la realización de nombramientos.
El actual CGPJ, presidido por Carlos Lesmes, se encuentra en funciones desde hace dos años, pero continua ejerciendo sus competencias ya que la ley vigente no las restringe en modo alguno. Los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno han acordado tramitar la reforma que restringe al CGPJ por el trámite de urgencia para que esté aprobada cuanto antes, previsiblemente a finales de febrero o en marzo.
Este jueves también serán aprobadas las bases de las convocatorias para cubrir seis vacantes en el Tribunal Supremo (dos plazas de magistrados en la Sala Civil, dos en la Contencioso-Administrativa, una en la de lo Social y una en la de lo Militar), dos presidencias de Sala en tribunales superiores y cuatro presidencias de Audiencia Provincial (Burgos, Gerona, Logroño y Lugo).
Los vocales están debatiendo, asimismo, una declaración institucional sobre la reforma de sus competencias que tramita la Cámara Baja sin haberle dado trámite de audiencia.