La Sala Penal del Supremo ha decidido no pedir opinión a Vox sobre las peticiones de indulto para los condenados por delitos de sedición y malversación de fondos públicos relacionados con el proceso independentista de 2017 en Cataluña.
Aunque Vox fue parte en la causa penal que desembocó en la condena dictada el 14 de octubre de 2019, el tribunal no pedirá al partido de Abascal un informe con su criterio sobre la medida de gracia porque la ley de indulto no contempla que la acusación popular se pronuncie y prevé que sólo lo hagan la acusación pública y el ofendido por el delito.
La Ley de Indulto establece que el tribunal sentenciador debe remitir al Ministerio de Justicia su pronunciamiento sobre la solicitud de indulto después de pedir informes "al jefe del establecimiento en que el penado se halle cumpliendo la condena (...) y oirá después al fiscal y a la parte ofendida si la hubiere".
La Fiscalía ya ha presentado un contundente informe contrario a la medida de gracia "al no apreciarse razones de justicia, equidad o utilidad pública que autoricen su concesión" y ha enfatizado la necesidad de "evitar es que la concesión del indulto pueda operar, lejos de los parámetros de justicia, como moneda política de cambio en el campo de las negociaciones para la obtención de apoyos parlamentarios".
La Sala se dispone ahora a pedir el criterio de la Abogacía del Estado como parte directamente ofendida por el delito de malversación de fondos, pero los magistrados no ven encaje legal para que en los expedientes también intervenga Vox.
No en campaña
Fuentes del tribunal señalaron que está previsto solicitar el informe de la Abogacía del Estado a mediados del próximo enero.
El momento en el que la Sala se pronuncie dependerá de la rapidez con la que presente su dictamen el defensor del Estado, pero las fuentes consultadas adelantan que la Sala no quiere dar a los indultos del 'procés' un tratamiento distinto al que se ha seguido en otras ocasiones. "Se seguirá el curso natural", dicen en Las Salesas.
Las mismas fuentes son tajantes en afirmar que el Supremo "no se convertirá en actor político" interfiriendo en la campaña o en la precampaña electoral catalana, por lo que, salvo que haya un acelerón en los trámites, lo probable es que la Sala Penal no elabore su escrito sobre los indultos hasta pasados los comicios autonómicos del 14 de febrero.
En la Sala Penal existe una inveterada tradición de no mover los asuntos con implicaciones políticas durante las campañas electorales con el fin de que nadie pueda utilizar los pronunciamientos judiciales a favor o en contra de los contendientes políticos.
El calendario de las elecciones catalanas puede conducir, así, a que no haya una decisión sobre los indultos antes del 14-F. La campaña electoral comenzará el 29 de enero, por lo que el margen de días para que los expedientes estén resueltos antes es pequeño.