El PSOE tranquiliza a Podemos y le garantiza dos plazas en el CGPJ, pese a lo que asegura el PP

Pese al sigilo que Moncloa ha mantenido hasta ahora, incluso con su partner de gobierno, sobre la evolución de las negociaciones con el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, la afirmación del secretario general de los populares, Teodoro García Egea, de que "Podemos está al margen de cualquier conversación y "no van a tener personas en el CGPJ" ha llevado al PSOE a atender los insistentes requerimientos de UP y transmitirle que lo afirmado por el PP "no es cierto".

Las relaciones entre los dos socios no atraviesan un buen momento pero los socialistas no han tenido dudas, ni antes ni ahora, de que UP tiene que estar representado en el futuro órgano de gobierno del Poder Judicial. 

Fuentes de la negociación aseguran que eso se ha trasladado siempre así al PP, al margen de que Podemos no participe en las conversaciones, como tampoco lo hacen otros partidos que normalmente han tenido un hueco en el CGPJ, como IU o los nacionalistas vascos y catalanes.

Vender el acuerdo

En el Gobierno interpretan que el PP ha querido adelantarse en la 'batalla del relato' para tratar de hacer digerible entre los suyos y frente a Vox que, sin que nada sustancial haya cambiado, ahora están dispuestos a pactar con Pedro Sánchez el reparto de la tarta institucional.

El Ejecutivo quiere el acuerdo. De ahí que haya optado por reaccionar a la provocación del PP con perfil bajo. Sólo el ministro Ábalos, secretario de Organización del PSOE, salió a matizar que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños, "siempre" han hablado con los populares en representación de "todo" el Gobierno.

Moncloa busca un acuerdo global con el PP que incluya no sólo el CGPJ sino también el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, la Agencia Española de Protección de Datos y RTVE.

RTVE, clave

Este último organismo se ha convertido en clave para el pacto. El Gobierno cree que el partido de Casado tiene un especial interés tanto en el consejo de administración de RTVE como en contar con una persona de referencia con mando en los servicios informativos.

En el consejo de RTVE el PP podría alcanzar tres de los diez puestos. Pero la elección tiene una fecha límite, ya que ha sido incluida en el orden del día del pleno del Congreso del próximo jueves. Antes de que llegue ese momento el Gobierno quiere despejar si el PP tiene una voluntad real de renovar las instituciones, pero todas las que están en prórroga y no sólo Televisión Española.

El problema de los de Casado no es sólo tener que definirse en un plazo determinado sino que, si no pactan ahora, pueden acabar convirtiéndose en prescindibles. Si socialistas y populares no llegan a un acuerdo para elegir a los miembros del consejo de RTVE en primera votación -para lo que se requieren dos tercios-, en la segunda vuelta los consejeros pueden ser designados por mayoría absoluta a propuesta de cinco grupos parlamentarios, una fórmula ya ensayada con los Presupuestos.

El problema del Gobierno es que, de no conseguir pactar con el PP sobre RTVE, se alejará el acuerdo para el resto de organismos e instituciones, especialmente para el CGPJ, en el que esta vez hay posibilidades de consenso.

UP como problema 

Pero, incluso si se logra un acuerdo global con los populares, el problema del PSOE podría ser de nuevo Unidas Podemos: sólo si los de Iglesias admiten sentirse representados por un juez y un jurista que sean aceptables para el PP podrá cuadrarse el círculo. Y no lo son los dos nombres que UP plantea.

García Egea, que este lunes se ha reunido con Bolaños durante más de tres horas, ha anticipado que el PP no aceptará ni al juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada ni a la actual delegada del Gobierno para la lucha contra la violencia de género Victoria Rosell.

Esta última, exdiputada de Podemos, ocupa en estos momentos un cargo gubernamental, por lo que no cumple una de las condiciones puestas por los populares para lograr la despolitización del CGPJ: que ninguno de los futuros vocales haya estado en la política activa durante al menos los últimos diez años. Esta exigencia ha sido reiterada este lunes a Bolaños por el dirigente del PP.

Por su parte, De Prada es rechazado por ser considerado por los populares un "activista con toga": a él se debe que la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel declarara como hecho probado la existencia de una caja B en el PP, una afirmación que más tarde el Tribunal Supremo consideró indebidamente incluida.

García Egea remarcó a su interlocutor que el PP aspira a cerrar un acuerdo sobre el CGPJ en el que "todos los nombres sean asumidos por todos".