El PSOE ofreció en vano a Podemos un puesto en el TC para que retirara a De Prada de la lista del CGPJ

Pasaba ya la medianoche del jueves cuando los representantes de Pedro Sánchez y Pablo Casado dieron por terminadas unas conversaciones que habían abierto la esperanza más seria de los últimos tiempos en que por fin se renovaran instituciones que llevan pendientes de sustitución desde hace años: desde julio de 2017 el Defensor del Pueblo, diciembre de 2018 el Consejo General del Poder Judicial, noviembre de 2019 el Tribunal Constitucional.

¿Qué ha fallado esta vez? Ahora no ha habido ningún WhatsApp como el de Cosidó, desvelando la "jugada" del PP en el reparto de los vocales del CGPJ ni ningún WhatsApp de Sánchez a Casado difundido imprudentemente por Moncloa, y las conversaciones no han sido en modo guadiana, apareciendo y desapareciendo, sino de corrido y sin apenas tiempo para el descanso desde el primer encuentro, el lunes 22 a las 17 horas.

Un mal comienzo

El asunto no empezó bien ese día, cuando desde el PP se propagó que Unidas Podemos no sólo no iba a estar en la negociación, sino que tampoco iba a tener vocales en el CGPJ, la institución que gobierna a los jueces y en la que el pacto institucional, que iba a abarcar desde RTVE al Tribunal de Cuentas, ha terminado encallando.

La marginación de UP no era cierta y el sector socialista del Gobierno tuvo que aplicarse ese día para calmar la intranquilidad de sus socios. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el secretario general de la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, garantizaron esa mañana a Unidas Podemos que podían contar con dos vocales en el CGPJ. Esta institución es el principal objeto de deseo de Pablo Iglesias, que quiere empezar a contar en los nombramientos de cargos judiciales, el control disciplinario de los jueces o el sistema de acceso a la carrera.

Pese a los recelos de los de Iglesias, ni Bolaños ni Campo ni Sánchez han tenido dudas de que UP tenía que tener representación en el nuevo órgano de gobierno del Poder Judicial. A la postre, el fracaso de la negociación pone de manifiesto que el sector socialista del Ejecutivo ha optado por hacer valer hasta el final la posición de sus socios.

El PSOE hubiera podido renovar junto al PP y prescindiendo de UP no sólo el CGPJ sino también el resto de las instituciones pendientes, dado que socialistas y populares reúnen prácticamente la mayoría de tres quintos necesaria en el Parlamento. "Nunca hemos contemplado hacerlo sin nuestros socios", afirman fuentes socialistas. No es ya una cuestión de lealtad sino que el Gobierno de coalición, que no atraviesa su mejor momento, "se hubiera podido ir al garete", admiten. Menudo éxito para los de Casado.

Por un solo nombre

El sector socialista del Gobierno sabía desde el principio que si UP se empeñaba en el binomio que ya puso sobre la mesa en 2018, con Victoria Rosell y José Ricardo de Prada, era muy difícil que el acuerdo con el PP prosperara. Por eso las conversaciones empezaron por los aspectos más factibles: reparto de cuotas, presencia del PNV, primeras listas de candidatos, sondeos sobre el Tribunal Constitucional.

El PSOE acabó dando la razón a los populares en que la presencia en el CGPJ de Rosell, exdiputada de Podemos y actual delegada del Gobierno para la violencia de género, era incompatible con la idea de despolitización de la institución que se quiere transmitir.

Pero De Prada, magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, no se ha dedicado a la política. "Formalmente no, pero en la práctica es un activista político", dicen desde el PP. Explican que para ellos resulta imposible vender un acuerdo que pase por aceptar la imposición de Podemos de que en el CGPJ esté el juez que en la sentencia del caso Gürtel dio por probada indebidamente la existencia de una caja B, propiciando la moción de censura que desalojó a Rajoy de la Moncloa.

"De Prada", dicen, "no pierde ocasión de cebarse contra el PP cada vez que puede", como cuando pretendió implicar a José María Aznar en el caso de los vuelos secretos de la CIA, afirmando que la autorización concedida a Estados Unidos para utilizar aeropuertos españoles durante el traslado de prisioneros islamistas "no sólo contaba con el beneplácito del Gobierno de la Nación [...] sino que, con suma probabilidad, fue adoptada por éste, por su presidente y con la directa implicación de los ministros concernidos".

"No tiene ningún sentido que un órgano no se renueve por una sola persona", señalan desde el PSOE. La crítica es bidireccional: no sólo a la "intransigencia" del PP sino también al "empecinamiento" de UP en no aceptar una alternativa a De Prada. "Esto en el PSOE no pasa", afirman. "Nosotros tenemos una cultura institucional por la que si un compañero es el obstáculo, se pone otro y no pasa nada. Lo importante es que nuestra postura esté representada y que las cosas salgan adelante".

Ya desde el martes 23 hubo bronca entre el PSOE y UP. Se les sugirió los nombres de los magistrados Ignacio Espinosa -tío de Alberto Garzón- y José María Fernández Seijo. Santiago los rechazó con cajas destempladas.

Ese martes, ya por la noche, García Egea esperaba una respuesta de Bolaños mientras hacía pesas en su despacho de Génova para desentumecerse de las largas horas pasadas sentado o al teléfono. Los nombres alternativos de Unidas Podemos para el CGPJ no llegaron, ni esa noche ni al día siguiente.

El jueves, ya votado el acuerdo sobre RTVE, UP siguió insistiendo en De Prada. Con autorización de Pedro Sánchez, Bolaños llegó a ofrecerles que, además de los dos sillones en el CGPJ, designaran a uno de los dos magistrados del 'cupo' del PSOE en el Tribunal Constitucional. No llegó a plantearse ningún nombre: Santiago siguió la negativa a renunciar al magistrado de la Audiencia Nacional.

Al final, la decisión fue de Pedro Sánchez y Bolaños la transmitió en la noche del jueves a García Egea: "De Prada entra necesariamente en la ecuación", le dijo. Así fue como la ecuación tuvo como resultado cero.

La presidencia

El pacto estuvo más cerca que nunca, aseguran ambas partes. Pero tampoco se había cerrado la presidencia del CGPJ, objeto de conversaciones entre Gobierno y PP pese a que corresponde decidirla a los vocales, "no ligados por mandato imperativo", dice la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ninguno de los numerosos nombres barajados llegó a ser aceptado de común acuerdo. El PP consideró el martes renunciar a uno de los vocales, quedándose en 9, si a cambio proponía al presidente en un esquema parecido al acordado en 2018. El planteamiento consistía en aupar a la presidencia del CGPJ al actual presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, César Tolosa, y que la magistrada Pilar Teso fuera nombrada presidenta de esa Sala, a la que ya aspiró.

El PSOE rechazó tanto a Tolosa como a Juan José Gonzalez Rivas, Encarna Roca y a otros candidatos sugeridos por el PP. Y éste no acabó de aceptar a Teso, en la que insistían los socialistas hasta que el jueves se acabaron las conversaciones. 

¿Hasta cuándo? "A corto plazo no creemos que volvamos a intentarlo", dicen desde ambos lados.