El Tribunal Superior de Justicia de Madrid revisará la absolución de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes en el caso máster después de que la Fiscalía haya decidido recurrir el fallo dictado el pasado 15 de febrero por la Audiencia Provincial.
En un recurso de apelación en el que solicita que Cifuentes sea juzgada de nuevo por un tribunal distinto, la Fiscalía considera "irracional, ilógica, arbitraria, incoherente e insuficiente la valoración de la prueba" realizada por la Sección 15 de la Audiencia de Madrid.
Para el Ministerio Público, la sentencia absolutoria infringe la tutela judicial efectiva porque su motivación sobre la no participación de Cifuentes en la falsificación del acta de su trabajo de fin de máster en la Universidad Rey Juan Carlos "carece de racionalidad y lógica, siendo sus conclusiones incongruentes y contrarias a las evidencias que aporta el material indiciario, apartándose de las máximas de la experiencia".
Según la fiscal Pilar Santos, que intervino en el juicio y firma el recurso, la sentencia guarda silencio acerca de "múltiples indicios" que fueron puestos de manifiesto en el juicio y el fallo absolutorio "es incompatible con los hechos declarados probados respecto de María Teresa Feito", la exasesora de la Consejería de Educación que sí ha sido condenada como inductora de la falsedad documental.
Indicios "velados"
La fiscal subraya que Cifuentes "ocupaba un puesto de gran importancia" y su forma de proceder "debía ser correcta de cara a los medios y a la ciudadanía". "Por ello, los indicios a valorar no son evidentes ni burdos, sino velados y encubiertos, pero están ahí y descartarlos exige una motivación del Tribunal, que no se realiza".
Esos indicios consisten en que "no sería imaginable" que la Consejería de Educación -cuyo responsable, Rafael van Grieken, declaró como testigo- o la jefa del gabinete de Cifuentes -no citada a declarar por la fiscal- se interesaran por tener la documentación del máster de Cifuentes "si no era con el conocimiento y consentimiento de la presidenta, única afectada por la noticia que había saltado a los medios".
Según Santos, Cifuentes necesitaba "imperiosamente" dar una respuesta a los medios sobe las irregularidades del máster para evitar las consecuencias políticas a las que debería enfrentarse, "por lo que era la única o principal beneficiada de la falsedad, lo cual es indicio incriminatorio".
Además, reprocha a la sentencia absolutoria que no haga referencia alguna a la relación -para ella acreditada- entre Cristina Cifuentes, su hermana Margarita Cifuentes, Teresa Feito y Amalia Calonge, la funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos que introdujo modificaciones de notas en el expediente académico de la expresidenta madrileña, hecho ajeno al objeto del juicio.
Tampoco analiza "lo anómalo de la conducta autónoma de Feito". "¿Es tan siquiera posible plantear que actuó por su cuenta, implicándose tanto? ¿Cuál es su beneficio en comparación con el obtenido por Cifuentes? Es difícil una explicación alternativa que no sea que el influjo para actuar de ésta fue tan intenso que la llevó a cometer un delito", señala el recurso.
Para la fiscal, "si María Teresa Feito se preocupó por saber cómo iba la URJC a acreditar fehacientemente que Cifuentes había completado correctamente el máster, cabe inferir que fue requerida para ello debido a la confianza que Cifuentes tenía en ella (dada la relación personal con su hermana) y el dato nada desdeñable de que Feito formaba parte de la Consejería de Educación y había sido funcionaria de dicha universidad desde los años 90", señala.
"¿Tanta insistencia, tantas llamadas, tanto tiempo de espera en la URJC por nada, para nada, por nadie?", se pregunta en referencia a las gestiones que hizo Feito para conseguir que la URJC acreditara documentalmente en máster de Cristina Cifuentes.