En la misma línea que adoptó a última hora del sábado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado este domingo la decisión de la Delegación del Gobierno regional y ha confirmado la prohibición de todas las manifestaciones convocadas por el Día de la Mujer en Madrid, también las prevista para este lunes, al apreciar "alto riesgo" de contagio y primar el derecho "a la salud, la integridad física y la vida de las personas" al de reunión.
Así lo han acordado los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en cinco nuevas resoluciones notificadas en la tarde de este domingo, que se suman a las tres deliberaciones de ayer. Los sindicatos UGT y CCOO de Madrid han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional.
En ellas, el TSJM rechaza los recursos presentados por sindicatos y organizaciones feministas contra la prohibición acordada por la Delegación de Gobierno en Madrid con el mismo criterio: frente a las alegaciones de que la prohibición conculcaba el derecho de reunión y suponía una discriminación por razón de género, el alto tribunal madrileño considera que prima el derecho "a la salud, la integridad física y la vida de las personas".
Este sábado el Tribunal rechazó los tres recursos interpuestos por el Consejo de la Mujeres de la Ciudad de Madrid y el Fórum de Política Feminista de Madrid, Feministas del Barrio de Fuencarral-El Pardo y Camila Banderas Briceño, convocantes de diversos actos que iban a tener lugar el domingo.
A penas 24 horas después, los magistrados han rechazado los seis recursos restantes presentados contra la decisión de la Delegación del Gobierno (entre ellos los del Movimiento Feminista de Madrid, la Comisión 8M y los sindicatos UGT y CCOO).
"Criminaliza a las mujeres"
La Comisión 8M Madrid ha denunciado este domingo que la prohibición de manifestaciones y concentraciones por el Día Internacional de la Mujer es "un ataque más a las mujeres" y ha aseverado que "el feminismo no se puede desconvocar". En su opinión, este 8 de marzo las mujeres "estarán visibles y presentes y dispuestas para teñir Madrid de morado".
La Comisión, que lleva desde 1977 organizando las convocatorias de marchas y huelgas relacionadas con el Día Internacional de la Mujer en la comunidad madrileña, define como "una quimera" el marco de colisión entre el derecho de reunión y el derecho a la salud pública: "No hay que elegir entre derechos. Son las autoridades las que tienen que garantizar que los derechos no se vulneran".
Las organizadoras de diversas concentraciones han asegurado que se han adaptado al contexto de pandemia, acatado las restricciones y propuesto alternativas para ofrecer todas las garantías sanitarias, por lo que estiman "imposible no pensar que esto es un ataque más a las mujeres", más cuando se han autorizado manifestaciones en los meses anteriores.
Pese a ello, el pasado jueves, la Delegación de Gobierno de Madrid decidió prohibir todos los actos que estaban previstos por el Día Internacional de la Mujer por "motivos de salud pública" y después de "estudiar detalladamente" cada una de las peticiones.
"Si sumamos todos los asistentes previstos, podríamos tener fácilmente a más de 60.000 personas moviéndose por las diferentes calles de Madrid", justificó entonces el delegado, José Manuel Franco, que hizo especial hincapié en rueda de prensa en que la decisión se basa en la situación epidemiológica de la comunidad, que regristra "las peores cifras" del país en varios de los indicadores.
La Fiscalía de Madrid refrendó este sábado esta decisión, que se justifica no solo en la normativa del estado de alarma sino en las “imperiosas” necesidades de salud públicas, según defendió. En su opinión, las medidas de seguridad propuestas por los organizadores son "insuficientes".
Desde el Gobierno, el discurso también ha sido más moderado, con mensajes que, en su gran mayoría abogan por la responsabilidad, como el de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha considerado este sábado que las mujeres deben cumplir con la recomendaciones sanitarias el próximo 8 de marzo, porque "las feministas debemos ser ejemplares y responsables".
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha destacado que la decisión de prohibir las manifestaciones del 8M en Madrid tiene como objetivo "no agravar más" la situación sanitaria de la Comunidad, que tiene "las peores cifras de la pandemia".
Antecedentes
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se han mostrado en anteriores ocasiones a favor de preservar el derecho de reunión, cumpliendo siempre estrictamente con las medidas sanitarias para evitar contagios como aforo, uso de mascarilla y distanciamiento social.
Por ejemplo, el 23 de mayo de 2020, tras la primera ola de la pandemia, anuló la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid que impedía la celebración de una concentración del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) de 50 personas al entender que prohibirla vulneraba el derecho de reunión del artículo 21 de la Constitución.
Los magistrados señalaron entonces que "el derecho de reunión del demandante, manifestación colectiva del derecho de libertad de expresión que coadyuva a la formación de la opinión política, intensamente vinculado al pluralismo político y al funcionamiento del sistema democrático, debe ser preservado".