Lesmes anuncia que no llevará al pleno del CGPJ más nombramientos de altos cargos judiciales

Para Lesmes, la aprobación por el Congreso el pasado jueves de la reforma que impide realizar nombramientos de altos cargos judiciales mientras el CGPJ siga en prórroga de mandato representa un punto de inflexión. El presidente del Consejo considera que la institución debe tener en cuenta la voluntad ya expresada por el legislador, aun cuando todavía esté pendiente la aprobación de la modificación por el Senado.

La Cámara Alta va a tramitar esta reforma por vía de urgencia, como ha hecho el Congreso. De acuerdo con el calendario, el plazo improrrogable para la presentación de enmiendas y propuestas de veto termina el próximo día 20 y hay un pleno previsto para los días 23, 24 y 25 en el que se va a intentar introducir el debate de la modificación impulsada por PSOE y Unidas Podemos para limitar las facultades del CGPJ cuando haya superado sus cinco años de mandato. El actual Consejo debió ser renovado por el Parlamento en diciembre de 2018, pero las fuerzas políticas no han alcanzado hasta ahora un acuerdo.

El presidente del CGPJ considera poco deferente con el legislador que el Consejo siga haciendo nombramientos con la reforma legal ya aprobada por el Congreso y a punto de ser convalidada por el Senado. Lesmes también ha comunicado, no obstante, que, si la Cámara Alta no llegara a aprobar el recorte de competencias, pondrá en marcha la cobertura de todas las vacantes ahora existentes y las que se vayan a producir en los próximos meses por el vencimiento del mandato o la jubilación de sus actuales titulares.

Sin ser oídos

Aunque el cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no ha sido consultado con la Comisión de Venecia y ni siquiera con el propio Consejo, pese a que lo solicitó, entre los vocales cunde la opinión de que seguir realizando nombramientos sería una especie de filibusterismo impropio de la institución que gobierna a los jueces.

Ni siquiera los consejeros que forzaron la celebración del pleno del pasado día 4 se muestran ahora dispuestos a volver a firmar un escrito para que el Consejo siga debatiendo sobre los nombramientos pendientes. 

En esa última reunión fueron ya muy justos los votos para elegir a magistrados del Tribunal Supremo y a presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, por lo que existe la impresión generalizada de que ahora no se lograría alcanzar las mayorías necesarias para continuar cubriendo vacantes.

Entre ellas están una plaza en la Sala Civil y otra en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que fueron retiradas, por falta de votos suficientes, del pleno del día 4. El magistrado de la Audiencia de Pontevedra Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, y el magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Cataluña Félix Azón, exdirector de la Guardia Civil, se quedarán a las puertas de acceder al alto tribunal ya que eran los candidatos con más posibilidades.

Además, en este momento está en curso el proceso para cubrir dos vacantes de juristas de reconocida competencia en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.

Ralentización

Inicialmente, la Comisión Permanente del CGPJ diseñó un calendario acelerado para realizar las entrevistas a los más de 20 aspirantes que concurren a esas plazas con el fin de que el proceso de selección estuviera terminado antes del próximo pleno, fijado para el día 25.

En su última reunión, celebrada el pasado jueves, la Comisión Permanente acordó realizar las entrevistas que quedan aún pendientes a un ritmo normal, desacelerando la citación de los candidatos, ante el convencimiento de que la reforma de la LOPJ puede estar aprobada antes del día 25 y, en todo caso, porque el cambio legal ya tiene el visto bueno del Congreso.

De los ocho miembros de la Comisión, sólo el vocal José Antonio Ballestero discrepó de la ralentización del proceso de selección de los dos magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. A su juicio, el principio de separación de poderes exige que la institución ejerza sus competencias sin interferencias y lo haga hasta que el cambio legal esté en vigor, pero no antes.

En este escenario, es probable que los últimos nombramientos del actual CGPJ acaben siendo los realizados el pasado día 4. El Consejo dejará de elegir a altos cargos judiciales, tal como quería el Gobierno. Pero no porque lo diga el Gobierno, sino porque lo dirá la ley.