El CGPJ archiva la queja contra el presidente del TSJ de Castilla y León por criticar a Pablo Iglesias

El presidente del Tribunal Superior de Castilla y León, José Luis Concepción, no tendrá que hacer frente a un procedimiento disciplinario por unas declaraciones en las que criticó al secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha archivado las diligencias informativas abiertas al magistrado al considerar que sus palabras no pueden incardinarse en ninguna de las infracciones disciplinarias que describe la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial.

José Luis Concepción fue denunciado por el Foro de Abogados de Izquierdas y Red de Abogados Demócratas por unas manifestaciones realizadas durante una entrevista el pasado 16 de febrero en la que fue preguntado si le parecía adecuado "que un vicepresidente del Gobierno ponga en solfa la democracia" española.

La cuestión se refería a unas declaraciones del entonces vicepresidente Pablo Iglesias reiterando la falta de "normalidad democrática" por el encarcelamiento de los dirigentes del proceso secesionista catalán y por el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél para cumplir una condena firme por exaltación del terrorismo e injurias a la Corona.

"La democracia de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista, que es al que pertenece este señor, forma parte del Gobierno", contestó Concepción.

Podemos consideró "gravísimo" lo dicho por el presidente del TSJ de Castilla y León y calificó sus manifestaciones e "inaceptables".

El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, sin embargo, ha concluido que Concepción no cometió la infracción denunciada, tipificada en el artículo 418.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El precepto establece que es una falta disciplinaria grave “dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esa condición”.

El acuerdo de archivo recuerda que no cabe sancionar conductas que no aparezcan "expresamente definidas" como infracción disciplinaria y considera que las manifestaciones del magistrado no pueden incardinarse en la falta denunciada ni en ninguna otra de la LOPJ.

Además, como han señalado tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal Constitucional, los jueces no están privados del derecho constitucional a la libertad de expresión, por lo que no puede entenderse que toda manifestación expresada por un miembro de la carrera judicial, sea favorable o desfavorable aun político, deba entenderse como una censura o felicitación con relevancia disciplinaria, "pues ello significaría vaciar de contenido el derecho a la libertad de expresión".

La resolución de archivo se apoya también en la doctrina del Tribunal Supremo, que ha establecido que sólo habrá relevancia disciplinaria si la opinión expresada implica "una censura incuestionable, una corrección manifiesta o una abierta reprobación de algo o de alguien". Es también preciso no solo que se dirija frente a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales "en concreto" sino que además lo sea "por sus actos" y que se realice "invocando la condición de juez o magistrado o sirviéndose de la misma".

En este caso, las manifestaciones de Concepción "no contienen los elementos del artículo 418.3, ya que no formula censura ni felicitación alguna a ninguna autoridad o funcionario en concreto, la opinión expresada no llega a concretarse en ningún acto y, a pesar de ser conocida su condición de magistrado, no consta la invocación de dicha condición en el sentido de servirse de la misma, tal y como exige el tipo disciplinario".

No es la primera vez que una intervención pública del presidente del TSJ de Castilla y León genera polémica. En mayo del pasado, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, le pidió por escrito que mantuviera una actitud de "moderación y prudencia" con el Gobierno de Pedro Sánchez.

La llamada de atención se debió a unas declaraciones en las que Concepción afirmó que "el Gobierno está utilizando la paralización del país para fines distintos de salvar a la población del coronavirus", criticó la "suspensión" de derechos fundamentales por el estado de alarma y dudó de las cifras oficiales de fallecidos por el Covid-19.