Lesmes, presidente del TS, advierte de que un indulto es "difícil de aceptar" cuando no hay concordia

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha advertido este miércoles de que un indulto es "difícil de aceptar" cuando no hay concordia, en referencia a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la posibilidad de conceder la medida de gracia a los condenados del procés.

El magistrado ha asegurado que el indulto "como medida de concordia puede ser entendido e incluso aceptado", pero ha insistido en que "cuando no hay concordia es difícil de aceptar".

Lesmes ha explicado en el Foro Justicia ICAM que se trata de una "prerrogativa del poder político", a su juicio "libérrima en cuanto a su concesión, si bien controlable judicialmente aunque de forma limitada".

Al acto ha asistido también el director de la Real Academia de la Lengua, Santiago Muñoz, quien ha criticado que el Gobierno de Sánchez esté "monotemáticamente preocupado" por abordar la vía de los indultos.

"La gracia, como la concesión de un indulto o amnistía, existe como institución en nuestro mundo y es una decisión de carácter político, no jurídico", ha dicho Muñoz tras insistir en que existe un límite para su aplicación, ya que debe estar "suficientemente razonado".

Oposión del TS

El tribunal que juzgó la causa del 'procés' ha informado negativamente a la concesión de cualquier forma de indulto –total o parcial- a los 12 condenados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y de desobediencia al no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública que justificarían la concesión de la medida de gracia, una información que adelantó EL ESPAÑOL este miércoles. 

Los seis magistrados destacan que no hay prueba o indicio de arrepentimiento por parte de los condenados, cuyas manifestaciones "son bien expresivas de su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática", afirman.

También sostienen que las penas impuestas son proporcionadas y consideran que los argumentos en los que se basan las diversas peticiones de indultos realizadas por terceros desenfocan el sentido del indulto porque dibujan una responsabilidad penal colectiva y, además, pretenden que el Gobierno corrija la sentencia dictada por el Tribunal Supremo.

La Sala afirma que las razones invocadas para respaldar la extinción total o parcial de la pena impuesta pierden cualquier justificación “cuando se presentan como presos políticos quienes han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de sus conciudadanos”.

El informe, cn ponencia del presidente de la Sala, Manuel Marchena, concluye que la pena sólo deja de ser necesaria cuando ha cumplido con la finalidad que legitima su imposición.