Exclusiva | El Gobierno reconoce en sus informes que 5 de los 9 "no merecen personalmente el indulto"

Se trata de los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull, así como el expresidente de Asamblea Nacional Catalana Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, excarcelados el pasado miércoles al serles perdonada la totalidad de las penas de prisión que les quedaban por cumplir.

El Ejecutivo reconoce que respecto a estos condenados "se echan en falta gestos o declaraciones" que "hagan evidente la voluntad de conducir sus reivindicaciones políticas por las vías legalmente establecidas".

Pese a no tener evidencia de que van a actuar acatando la Constitución y las leyes, el Gobierno de Pedro Sánchez les indulta porque considera que existen "ineludibles y prioritarias razones de utilidad pública" que están por encima de la actitud de los propios condenados.

Esas razones se concretan en el "interés público" de "generar un clima de entendimiento con las formaciones políticas independentistas" y la necesidad de crear un "ambiente de concordia en la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española", algo para lo que el encarcelamiento de los condenados por el 'procés' es un "escollo".

La motivación individualizada de la medida de gracia para cada uno de los nueve indultados, extraída literalmente de los informes del Gobierno, es la siguiente:

Joaquim Forn

El informe indica que "su protagonismo en el conflicto ocasionado con el 'procès'" desde su cargo de consejero de Interior del Gobierno catalán "y su condición de principal referente de una de las dos grandes formaciones independentistas [Junts per Catalunya] le convierten en una figura clave en el devenir de las relaciones entre Cataluña y España".

Forn fue condenado por sedición a 10 años y medio de cárcel, de los que ha cumplido tres años y ocho meses. Su pena de inhabilitación absoluta para ocupar cualquier cargo público -sea o no electivo- terminará el 8 de abril de 2030, ya que esta sanción no ha sido indultada.

El informe menciona varias de sus declaraciones a los medios y señala que "a diferencia de otros condenados en la causa, Forn no ha realizado públicamente un ejercicio de autocrítica con respecto a los hechos que motivaron su condena ni ha protagonizado gestos orientados claramente a la recuperación del clima de entendimiento y de diálogo. De hecho, ha manifestado expresamente que no pretende pedir perdón porque era plenamente consciente de lo que hacía y porque actuaba en atención a lo que consideraba que era su compromiso adquirido en el Parlament. Ha señalado también que, aunque es firmemente partidario del diálogo, no renuncia a ninguna vía unilateral siempre que sea pacífica y democrática".

"Con todo", añade, "existen razones de utilidad pública que aconsejan la concesión del indulto. El interés público en generar un clima de entendimiento con las formaciones políticas independentistas y la voluntad de recuperar un ambiente de concordia en la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española prevalece en este caso sobre el juicio que merezca la concreta actitud del penado".

"Esta propuesta se funda en que, a juicio del órgano constitucionalmente competente [el Gobierno], el indulto satisface mejor el bien común de España. Se configura como una decisión estrictamente política y que sigue la lógica de la política, que es satisfacer necesidades públicas. Por consiguiente, su justificación y su finalidad está por encima de intereses, razones y criterios individuales. También el bien común de la nación está por encima de la voluntad mostrada por los propios condenados. El Gobierno de España es autónomo y sus decisiones políticas no dependen de las actitudes particulares".

"Los factores vinculados a la percepción que la sociedad tiene de Forn", considera, "no le hacen personalmente merecedor del indulto, pero deben ser tenidos en cuenta a la hora de valorar la utilidad pública de la decisión, en la medida en que su puesta en libertad pueda favorecer objetivamente la vía del diálogo".

"Pese a reconocer que la falta de arrepentimiento no va acompañada del anuncio de actuaciones unilaterales parecidas a las que en su día motivaron la condena, se echan en falta en su caso concreto gestos o declaraciones que, en la línea de otros líderes políticos independentistas, hagan evidente la voluntad de conducir sus reivindicaciones políticas por las vías legalmente establecidas", indica el Gobierno".

Éste es el motivo por el que impone a Forn uno de los plazos de condicionalidad más altos: no podrá volver a cometer un delito grave en los próximos seis años, so pena de que el indulto quede sin efecto.

Carme Forcadell

La expresidenta del Parlament catalán fue condenada a 11 años y medio de cárcel por sedición, de los que ha cumplido tres años y tres meses. No terminará de cumplir la pena de inhabilitación absoluta para cargo público hasta el 8 de abril de 2031.

"Se encuentra, en la actualidad, alejada de la política", expone el informe referido a ella. "En octubre de 2019 reconoció públicamente que el independentismo actuó de manera injusta con las personas no independentistas. En una entrevista a Catalunya Ràdio el 21 de octubre de 2019 afirmó que no tuvieron 'empatía con la gente que no es independentista y que pueden no haberse sentido tratadas de manera justa. Hay mucha gente que no es independentista que defiende las libertades y los derechos fundamentales y si les haces elegir entre España y Cataluña eligen a España"".

Destaca también que Forcadell "ha sido durante muchos años y sigue siéndolo en la actualidad, pese a no ejercer activamente ningún cargo institucional, un referente indiscutible en la vida social y política de Cataluña".

También se toma en consideración l"a actitud mantenida por la condenada hacia la búsqueda de soluciones dialogadas para mejorar la convivencia en Cataluña. En este sentido y a la luz de sus planteamientos políticos, la apuesta de Forcadell por la vía del diálogo, atendidas sus declaraciones, parece a día de hoy decidida"

En cuanto al riesgo de reincidencia, se valora que, "a pesar de la enorme y trascendental influencia que ejerce en la vida social y política catalana, ya no desarrolla activamente ningún cargo político de relevancia ni ha vuelto a instigar o cometer ningún otro acto de semejante significado al que motivó su condena".

El informe también alude a la "avanzada edad que tendrá" una vez que haya cumplido la pena de inhabilitación impuesta "y su visión de que su tarea en este proceso político está concluida".

"Hay que considerar positivamente su apuesta por el diálogo y también el hecho de que, como se expone en el informe del centro penitenciario, ha hecho autocrítica durante el período que ha estado en prisión, asumiendo los errores cometidos sin responsabilizar a otros de los mismos, lo que indica una evolución positiva de la condenada en su tratamiento penitenciario".

"En suma", concluye, "la propuesta individualizada de indulto valora el comportamiento postdelictual de la condenada, especialmente durante los permisos penitenciarios, y también su voluntad de optar por el diálogo y de asumir su responsabilidad y las consecuencias de sus actos y reivindicaciones fuera del marco legal".

Por estas consideraciones, el plazo de condicionalidad que se le ha impuesto para que no cometa ningún delito grave es de cuatro años.

Dolors Bassa

La exconsejera de Trabajo del Gobierno catalán fue condenada por sedición y malversación de fondos a 12 años de cárcel, de los que ha cumplido tres años y tres meses. Terminará de cumplir la pena de inhabilitación absoluta para cargo público el 10 de octubre de 2031.

"Actualmente no tiene ningún cargo público ni responsabilidad política alguna", indica el informe de su indulto. "Bassa manifestó ante el juez de Vigilancia Penitenciaria en octubre de 2020 que no tenía 'ninguna intención de retornar a la esfera política, con planes de futuro en el rango laboral, hasta el objetivo pensionista de jubilación, no lejano, cuidado materno y vida familiar'".

Destaca también que el pasado 10 de marzo en una entrevista en la radio se manifestó contraria a la vía unilateral defendiendo que “la solución es el diálogo y la negociación, no hay ninguna más”.

"Además, en el acto de juicio acató la Constitución, rechazó la vía unilateral y remarcó su apuesta por el diálogo dentro del ordenamiento jurídico", valora el informe.

El Gobierno destaca su reconocida actividad sindical, social y política. "Buena muestra de ello es que cuenta con una petición de indulto por parte de la Unión General de Trabajadores, que es una organización con implantación en todo el Estado y cuya afiliación es muy plural".

Además, la petición de indulto "ha contado con el apoyo de diferentes organizaciones sindicales y empresariales, el de todos los alcaldes y alcaldesas de las cuatro capitales catalanas y el de destacadas organizaciones de la sociedad civil catalana", añade.

"La apuesta de Bassa por la vía del diálogo parece a día de hoy decidida. Por una parte, por las reiteradas afirmaciones no volver a la primera línea política, sin perjuicio de seguir afiliada a su partido, ERC. Un partido que defiende, desde el Gobierno de Catalunya, la vía del diálogo con el Gobierno central. Por otra, tomando en consideración las continuas declaraciones públicas renunciando a la vía unilateral, cuestionando a quienes la reclaman y defendiendo el diálogo y la negociación como única solución al conflicto político".

"Hay que considerar positivamente el conjunto de declaraciones efectuadas por Bassa a lo largo de estos años. En las mismas ha reconocido errores cometidos, se ha comprometido acatar la Constitución y a actuar dentro de los marcos legales vigentes, ha apostado por el diálogo y la negociación como única vía, rechazando explícitamente la llamada vía unilateral".

Su período de condicionalidad es el más bajo de los impuestos: no deberá delinquir en tres años.

Jordi Cuixart

Ha cumplido tres años y ocho meses de la pena a nueve años de cárcel que le impuso el Tribunal Supremo por sedición. Hasta el 10 de octubre de 2028 no terminará de cumplir la pena de inhabilitación.

El informe sobre su indulto resalta su condición de presidente de Ómnium Cultural, que contaba en 2020 con 41 delegaciones y 182.633 miembros, según datos de la propia organización. "En 2020 anunció que cuando termine su mandato actual no se volverá a presentar. No ha tenido actividad vinculada a cargos políticos ni ha pertenecido a partidos ni integrado listas electorales".

"Sí ha sido muy activo en la sociedad civil", añade el documento, que alude al "relevante papel como líder y activista social que ha jugado y sigue jugando". 

"El indulto a un líder social como Jordi Cuixart puede contribuir a aliviar la tensión en parte de la sociedad catalana", sostiene.

En cuanto a su actitud, expone que "ha expresado reiteradamente su convicción de que los hechos que protagonizó y por los que fue condenado los llevó a cabo en ejercicio de sus derechos, por lo que volvería a cometer los mismos actos. Así se expresó durante la celebración del juicio oral ante el Tribunal Supremo y en multitud de ocasiones, como por ejemplo el trámite de alegaciones. Incluso ha publicado un libro titulado Ho tornarem a fer (Lo volveremos a hacer)".

El Gobierno enfatiza a este respecto que "ni el arrepentimiento ni la aceptación del indulto son requisitos para su concesión, máxime en un supuesto como éste, en el que se propone su concesión por razones de utilidad pública".

"Esa contumaz actitud que ha mostrado el condenado podría suponer que no merezca el indulto por razones de justicia o equidad, pero no pueden anteponerse al superior interés público que inspira la concesión de su indulto. El indulto que persigue una utilidad pública es un acto de dirección política a favor del interés general que puede, o no, estar en consonancia con las circunstancias del sujeto, el delito cometido o la pena impuesta. De hecho, esta propuesta entiende que la utilización política y mediática por parte de algunos de los condenados en la causa del 'procès' para entorpecer los intentos de diálogo refuerzan la decisión que aquí se propone. El interés general del país justifica en el caso de Cuixart un indulto en contra del interés de su beneficiario".

Indica, asimismo, que "a pesar de la influencia que ejerce en la vida social catalana y de algunas de sus manifestaciones públicas, no ha vuelto a instigar o cometer ningún otro acto delictivo" y los informes del centro penitenciario exponen un "mínimo riesgo de reincidencia".

Jordi Cuixart "ha mantenido la reivindicación de los hechos que llevaron a su condena. Por ese motivo y a pesar de que su pena de privación de libertad es inferior a la de otros condenados con responsabilidades institucionales, se estima, en su caso, adecuada una individualización de la condicionalidad que conlleve un plazo superior". En su caso, de cinco años.

Jordi Sànchez

Al igual que Cuixart, Sànchez fue condenado por sedición a nueve años de cárcel. Ha cumplido tres años y ocho meses. Su inhabilitación absoluta para cargo público se prolongará hasta el 6 de julio de 2027.

"Dentro del conjunto de líderes de organizaciones políticas y referentes sociales catalanes, destaca muy especialmente Jordi Sànchez por ostentar esa doble condición" de expresidente de la ANC y dirigente de JxC. Es secretario general de esta formación desde agosto de 2020, ya que en prisión provisional ha seguido dedicándose a la política.

"Además de gozar de un alto grado de proyección pública en virtud de su trayectoria política, es reconocido por gran parte de la sociedad catalana como un activista y defensor de los Derechos Humanos", agrega el informe.

Menciona la respuesta que dio Sànchez a la carta publicada el pasado 7 de junio por el líder de ERC, Oriol Junqueras. El dirigente de Junts afirmó “que el 1 de octubre fue concebido más para forzar al Gobierno español a abrir una vía de diálogo y negociación para lograr un referéndum acordado que para proclamar efectivamente la independencia” y defendió “el diálogo y el acuerdo como el paso necesario para la solución definitiva del conflicto”.

"A raíz de estas declaraciones, su posición política ha sido cuestionada por algunos sectores del independentismo que ven en sus palabras la renuncia tácita a la vía unilateral", dice el documento.

No obstante, aprecia que "los factores vinculados a la percepción que la sociedad tiene de Jordi Sànchez no le hacen personalmente merecedor del indulto, pero deben ser tenidos en cuenta a la hora de valorar la utilidad pública de la decisión, en la medida en que su puesta en libertad pueda favorecer objetivamente la vía del diálogo".

Al igual que en el caso de Forn, expone que "pese a que la falta de arrepentimiento no va acompañada del anuncio de actuaciones unilaterales parecidas a las que en su día motivaron la condena, en el caso de Jordi Sànchez se echan en falta gestos o declaraciones que, en la línea de otros líderes políticos independentistas, hagan evidente la voluntad de conducir sus reivindicaciones políticas por las vías legalmente establecidas".

"No obstante", considera que "debe tenerse en cuenta que, en la respuesta dada por Sánchez a la carta de Junqueras se valora positivamente el indulto como una solución parcial y se afirma que: 'somos mayoría los que creemos en el diálogo y el acuerdo como el paso necesario para la solución definitiva del conflicto'".

"Así, y pese a que en el caso de Jordi Sànchez no puede hablarse de arrepentimiento, dado que se ratifica en la legitimidad de los hechos que llevaron a su condena, sí procede valorar las últimas declaraciones realizadas por el condenado de cara a ajustar el marco temporal de la condicionalidad a la que se somete el indulto". Se le imponen cinco años de plazo de condicionalidad, durante el que no debe cometer delito grave.

Jordi Turull

El exconsejero de Presidencia ha cumplido tres años y tres meses de la pena a 12 años de prisión por el 'procés'. La fecha de cumplimiento de la pena de inhabilitación está fijada para el 5 de julio de 2030.

Además de referirse a su "larga trayectoria institucional", recuerda que es vicepresidente de Junts per Catalunya, partido que en las últimas elecciones obtuvo un 20,07 % de los votos y 32 escaños, uno menos que ERC y el PSC.

De sus declaraciones públicas rescata unas realizadas en diciembre de 2018 en las que manifestó que no pretendía pedir perdón, que no se arrepentía de lo ocurrido en septiembre y octubre de 2017 y que lo volvería hacer.

En sus últimas manifestaciones, a raíz de la presentación el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, "ha denunciado los agravios que, a su juicio, ha recibido por parte de la justicia" y "ha criticado a los magistrados que lo condenaron, con expresa referencia al presidente de la Sala", Manuel Marchena.

"A diferencia de otros condenados en la causa", aprecia el Gobierno, Turull "ni ha realizado públicamente un ejercicio de autocrítica con respecto a los hechos que motivaron su condena ni ha protagonizado gestos orientados claramente a la recuperación del clima de entendimiento y de diálogo. En ese sentido, aunque pueda valorarse positivamente su constante reivindicación y predisposición al diálogo con el Gobierno de España, como la que puso de manifiesto en su discurso en el Parlamento de Cataluña [como candidato a la investidura], sería mejor valorado el hecho de que ese tipo de declaraciones fueran acompañadas de gestos que evidencien una absoluta renuncia a las vías unilaterales".

"Con todo, existen también en este caso razones de utilidad pública que aconsejan la concesión del indulto", añade, recordando que el arrepentimiento no es un requisito para ser indultado y que es de interés público generar un clima de entendimiento con los independentistas.

"Los factores vinculados a la percepción que la sociedad tiene de Turull no le hacen personalmente merecedor del indulto, pero deben ser tenidos en cuenta a la hora de valorar la utilidad pública de la decisión, en la medida en que su puesta en libertad pueda favorecer objetivamente la vía del diálogo", dice.

Como a Forn, el Ejecutivo ha condicionado la medida de gracia a que no delinca en un plazo de seis años.

Josep Rull

Exconsejero de Territorio y Sosteniblidad, ha cumplido tres años y tres meses de los 10 años y medio de condena privativa de libertad que tuvo por sedición. Hasta el 1 de enero de 2029 no habrá terminado la pena de inhabilitación.

El informe referido a él dice que "ha venido desarrollando una importante actividad política", ocupando numerosas posiciones institucionales "que le confieren un papel relevante para condicionar el desarrollo del diálogo democrático". "Tras más de dos décadas ostentando posiciones orgánicas e institucionales, la situación de privación de libertad de Rull tiene el suficiente impacto como para obstaculizar la reconstrucción de la vía democrática", afirma.

"Es cierto que, a diferencia de otros condenados en la causa, Rull, en sintonía con su formación política [JxC], no ha efectuado un pronunciamiento nítido sobre el abandono de la vía unilateral. Sin embargo, debemos tomar en consideración su reivindicación y predisposición al diálogo con el Gobierno de España", aprecia.

"Además, Junts per Catalunya, más allá de las estrategias de las formaciones políticas, es parte del Govern de la Generalitat cuyo presidente, Pere Aragonès, ha afirmado que nos encontramos en una nueva etapa donde la principal prioridad es el diálogo".

"El comportamiento o la disposición de Rull pueden que no le hagan personalmente merecedor del indulto, pero deben ser tenidos en cuenta a la hora de valorar la utilidad pública de la decisión, en la medida en que su puesta en libertad pueda favorecer objetivamente la vía del diálogo".

"Ni las circunstancias anteriores a la comisión del delito ni su conducta posterior alertan sobre una posible reiteración delictiva. No obstante, Rull, en sintonía con su formación política, no ha realizado un pronunciamiento rechazando la vía unilateral"-.

Sin embargo, destaca "algún ejercicio de autocrítica", como cuando el 28 de enero de 2020, con ocasión de su comparecencia en comisión en el Parlament, reconoció que ‘‘demasiados catalanes’’ no sintieron suyo el referéndum del 1-O y que, de cara al futuro, se deberían ‘‘reforzar elementos de legitimidad democrática’’.

El informe señala, como en los casos de Forn y Rull, que "pese a reconocer que la falta de arrepentimiento expreso no va acompañada del anuncio de actuaciones unilaterales parecidas a las que en su día motivaron la condena, se echan en falta en su caso concreto gestos o declaraciones que, en la línea de otros líderes políticos independentistas, hagan evidente la voluntad de conducir sus reivindicaciones políticas por las vías legalmente establecidas".

Oriol Junqueras

El informe alude a sus cargos instituciones y políticos, como ser presidente de ERC desde 2011.

Su ingreso en prisión no interrumpió su dedicación política. El documento transcribe los términos de su última carta pública del pasado 7 de junio, afirmando que los indultos podrían “aligerar el conflicto, paliar el dolor de la represión y el sufrimiento de la sociedad catalana” y asumiendo que las vías no pactadas unilaterales “ni son viables ni deseables” para alcanzar la independencia de Cataluña.

"Se muestra asimismo favorable a una mesa de diálogo y negociación con el Estado y reconocía que 'hemos de acatar las leyes', por mucho que les parezcan 'profundamente injustas y arbitrarias", destaca el informe.

El Gobierno se refiere a su "indudable peso en el escenario político catalán" y considera que "la apuesta de Junqueras por la vía del diálogo parece a día de hoy decidida".

"Según se desprende de sus propios escritos y declaraciones en medios, durante los tres años y medio (sic) que lleva cumpliendo condena, ha experimentado una evolución que le ha llevado abogar por el diálogo y la negociación como únicas vías posibles para la consecución de sus objetivos políticos. Actualmente, la literalidad de sus palabras refleja una clara apuesta por reconducir la acción política independentista a los cauces del diálogo y reconoce como indeseable cualquier acción no pactada con el Estado".

También se recogen los dictámenes del centro penitenciario en el sentido de que el presidente de ERC “ha podido reflexionar, siendo capaz de valorar las consecuencias de sus actos y asumiendo su responsabilidad. Actualmente, asume su conducta y participación en los hechos y, fruto de un proceso de reflexión, ha desarrollado pensamientos autocríticos y tomado conciencia de sus consecuencias".

"El penado mantiene su legítimo rechazo y su desacuerdo con la sentencia que lo condenó. No obstante, estas declaraciones no han ido acompañadas de actuaciones unilaterales parecidas a las que en su día motivaron la condena y, sin embargo, sí lo han estado de manifestaciones favorables al diálogo", indica el Gobierno, que le ha fijado un plazo de condicionalidad de cuatro años.

Raül Romeva

"Tiene una trayectoria política muy dilatada y en prisión ha seguido dedicándose a la política". dice el informe sobre su indulto. "Es un actor político de gran relevancia en Cataluña", que actualmente es vicesecretario general de Prospectiva y Agenda 2030 de ERC.

El Gobierno ha valorado "no sólo a su posición social y su indudable peso en el escenario político catalán, sino también al efecto que su encarcelamiento genera en las personas que se ven representadas por su organización y en aquellas otras que, sin ser independentistas, ven desproporcionada la reacción del Estado".

Romeva "ha manifestado su reivindicación y predisposición al diálogo, sin perjuicio de su firme oposición a la sentencia condenatoria". Al igual que a Junqueras, se le fija un plazo de condicionalidad de cuatro años.