El fiscal de Sala jefe ante el Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, propugnó la inadmisión de la denuncia de Ciudadanos por el rescate de la aerolínea Plus Ultra, al considerar que el daño o perjuicio al erario público "ha de ser real y no meramente potencial o posible, descartando especulaciones acerca de perjuicios contingentes o dudosos", según un informe conocido por EL ESPAÑOL.
El consejero de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas Felipe García Ortiz ha acogido el criterio del fiscal, coincidente con el de la Abogacía del Estado, y ha rechazado nombrar a un delegado instructor que investigue la decisión del consejo gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) conceder a Plus Ultra dos préstamos por un total de 53 millones de euros. El acuerdo fue autorizado por el Gobierno el pasado 9 de marzo.
De esa cantidad, Plus Ultra ha recibido ya 19 millones, que tendrá que devolver en 2026 bajo la modalidad bullet, esto es, de una sola vez en la fecha de vencimiento del préstamo. La entrega de los otros 34 millones, que debía realizarse el próximo 28 de julio de acuerdo con el plan de viabilidad firmado entre la compañía y la SEPI (encargada de la gestión del Fondo), ha sido paralizada cautelarmente por la jueza de instrucción de Madrid Esperanza Collazos, que investiga un presunto delito de malversación.
En contraste con la Abogacía del Estado -que defiende la legalidad de la operación en todas las instancias que están revisando el rescate a Plus Ultra-, el Ministerio Público mantiene criterios diferentes: apoya en el Juzgado la investigación de una presunta malversación, mientras que en el Tribunal de Cuentas sostiene que no puede apreciarse en este momento indicios de un menoscabo para el erario público.
"Para que pueda declararse responsabilidad contable por alcance resulta imprescindible que se haya apreciado en los fondos públicos afectados un daño real y efectivo, sin el cual los posibles incumplimientos de carácter administrativo, contable, financiero, presupuestario o contractual, que en su caso se hubiesen producido, no serían suficientes para provocar el efecto indemnizatorio que se deriva de dicha responsabilidad", señala el fiscal jefe ante el Tribunal de Cuentas en su informe sobre la denuncia de Ciudadanos.
El "criterio constante" de la doctrina, añade, insiste "en la realidad o efectividad del daño o perjuicio, lo que significa que éste ha de ser real y no meramente potencial o posible, descartando especulaciones acerca de perjuicios contingentes o dudosos".
"Prematuro"
Miguel Ángel Torres considera, por ello, "prematuro" en el momento actual "predecir el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones asumidas por la entidad beneficiaria [Plus Ultra] y el consiguiente perjuicio para los fondos públicos".
"En consecuencia", indicaba, "se aprecia la ausencia de un requisito imprescindible para la existencia del alcance".
El fiscal del Tribunal de Cuentas se hace eco de resoluciones de este órgano en las que se ha determinado la improcedencia de nombrar a un delegado instructor "ante la mera noticia de presuntas irregularidades en la gestión económico-financiera de las entidades públicas cuando dicha noticia no incorpora ninguna referencia a daños a fondos públicos con el suficiente grado de concreción como para que puedan ser investigados".
La resolución del Tribunal de Cuentas citada añadía, a ese respecto, que "no corresponde al delegado instructor realizar ni solicitar informes periciales que tengan por objeto analizar determinados actos de gestión de fondos públicos a fin establecer, en términos generales y sin referencia a un posible daño concreto mínimamente precisado, si fue o no correcta dicha gestión y si de ella pudo o no derivar la producción de algún daño a los fondos públicos".