Los fiscales que investigan a Juan Carlos I piden datos a Arabia Saudí sobre el tren AVE a La Meca

Éste es uno de los últimos pasos dados por el equipo de investigadores que, a las órdenes del número dos de la Fiscalía General, Juan Ignacio Campos, rastrea los ingresos no declarados a Hacienda por el anterior jefe del Estado para determinar si, una vez perdida la inviolabilidad al abdicar la Corona en Felipe VI en 2014, esas anomalías tienen o no relevancia penal.

Juan Carlos de Borbón cumple este martes un año fuera de España. Un poco antes, el pasado junio, las pesquisas de la Fiscalía General superaron su primer aniversario sin que haya una previsión temporal sobre su finalización ni sobre su resultado.

Los fiscales son conscientes de la incomodidad y del perjuicio institucional que estas indagaciones representan para el actual jefe del Estado, pero también lo son de que se trata de una investigación histórica en la que tienen un papel que cumplir: "No debe haber cierres en falso, hay que aclararlo todo".

Ese todo empezó siendo la Fundación Lucum, cuya existencia descubrió en 2018 el fiscal suizo Yves Bertossa a raíz de la aparición de las cintas de Corinna. Tras la publicación en EL ESPAÑOL de las grabaciones hechas por el comisario Villarejo a la examante de Juan Carlos I, el fiscal de Ginebra inició un procedimiento que sigue abierto. 

Según Larsen, Juan Carlos I pidió "su comisión" por propiciar la adjudicación del AVE del desierto al consorcio liderado por empresas españolas (Talgo, Renfe, Adif, OHL, Copasa, Dimetronic, Inabensa, Cobra, Indra, Imathia, Ineco y Consultrans). "Yo hice el tren, yo hablé con mi amigo, mi hermano y los saudíes", habría dicho el entonces rey, según la empresaria alemana.

Por la boca muere el pez: tras haber reconocido a Villarejo que actuó como testaferro del Juan Carlos de Borbón, la propia Larsen está siendo ahora investigada por Bertossa por blanqueo de capitales.

Después del descubrimiento de la Fundación Lucum aparecieron los pagos de gastos del rey emérito y de algunos de sus familiares por parte del empresario británico-mexicano Allen Sanginés-Krause, hallazgo que comenzó a investigar en 2019 la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón hasta que lo reclamó la fiscal general, Dolores Delgado.

La situación para el rey emérito se complicó porque esos pagos se produjeron entre 2017 y 2019, un periodo en el que Juan Carlos I ya no estaba protegido por el privilegio de la inviolabilidad. Esto fue determinante para que, siguiendo el consejo de su defensor, Javier Sánchez-Junco, regularizara como donaciones los fondos recibidos de Sanginés-Krause.

Fue una legalización tributaria por importe de 678.000 euros realizada "sin requerimiento previo", enfatizó la defensa. Deliberadamente se incluyeron todas las donaciones procedentes del millonario residente en Londres y no sólo los pagos que se habían detectado por parte de la Fiscalía. Fuentes de la defensa explicaron que se hizo así para poner de manifiesto la voluntad del rey emérito -que entonces albergaba esperanzas de una rápida vuelta a España en Navidad- de que la regularización fuera completa. 

Menos de tres meses después, Juan Carlos de Borbón hizo una segunda regularización de más de 4 millones de euros por los pagos de vuelos privados que le hizo, con fondos de la Fundación Zagatka, su primo Álvaro de Orleans-Borbón entre 2006 y 2018.

La inspección de Hacienda

Esta nueva regularización está siendo analizada con lupa por la Fiscalía y, además, por la Agencia Tributaria, que tiene abierta una inspección al rey emérito.

La AEAT, que está reclamando información muy detallada sobre las finanzas de Juan Carlos I, tiene 18 meses para concluir la inspección. Éste es uno de los motivos que hacen improbable el regreso a corto plazo del rey emérito a España.

Paralelamente, la Fiscalía ha pedido a Bertossa información sobre la Fundación Zagatka. Intenta determinar si esta estructura constituida por Álvaro de Orleans en 2003 recibió fondos que realmente pertenecen a su primo, lo que él niega.

A los fiscales no les resultó convincente la declaración que Orleans-Borbón prestó el pasado 23 de marzo y aprovecharon una visita de Bertossa a Madrid el 2 de julio para pedirle información sobre Zagatka, que esperan que llegue en las próximas semanas.

Los últimos movimientos de la Fiscalía también han tenido por objeto el envío de comunicaciones a las autoridades saudíes para requerir información sobre la adjudicación del concurso del AVE entre Medina y La Meca. Como le ha ocurrido al propio Bertossa, Arabia Saudí ni siquiera ha acusado recibo de los mensajes de la Fiscalía española, por lo que se considera que es una vía cegada.

El fiscal de Ginebra sigue buscando el camino para determinar si los 100 millones de dólares entregados por el rey saudí Abdalá a Juan Carlos I tienen alguna relación con esa adjudicación.

Los gestores de la fortuna que el rey escondió en Suiza, Dante Canónica y Arturo Fasana, constituyeron la Fundación Lucum para acoger ese "pure gift" (puro regalo) del monarca saudí, pero ello ocurrió tres años antes de la adjudicación del tren, por lo que resulta difícil vincularlo a una comisión. El dinero acabó en 2012 en manos de Corinna.

Además, los fiscales españoles analizan en estos momentos la información facilitada por la Fiscalía de Jersey sobre otro frente de la investigación, abierto el pasado noviembre por una información del Sepblac (Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales).

Estas diligencias tienen por objeto un antiguo trust constituido en la isla del Canal de La Mancha y que no preocupa en el entorno del rey emérito por dos motivos: sostiene que es una estructura financiera montada por Manuel Prado y Colón de Carvajal ajena a Juan Carlos I y, además, su actividad se desarrolló en un período en el que éste era jefe del Estado y, por tanto, impune a efectos penales. Es el mismo motivo por el que se considera que las pesquisas sobre el AVE a La Meca no tendrán para él relevancia.

En todo caso, Jersey sí ha contestado de una forma completa a la comisión rogatoria enviada por los fiscales españoles, que han recibido dos gigas de información pendiente de revisar. Será después cuando se determine si hay relación o no con el rey emérito, con independencia de que no tenga trascendencia penal.