La Abogacía del Estado ha pedido a la magistrada Esperanza Collazos, instructora del caso Plus Ultra, que "resuelva sobre las personas u órganos cuya actuación es objeto de investigación" y "excluya" de las diligencias a aquellos miembros del consejo de administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que "no han tenido participación alguna" en los hechos.
Se trata de diez altos cargos contra los que, de forma genérica e innominada, la instructora dirigió la investigación cuando la inició el 8 de abril pasado al admitir una denuncia del sindicato Manos Limpias.
En esa fecha, Collazos abrió unas diligencias penales contra el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, "y resto de miembros del consejo de administración" en relación con la operación de rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, a la que se ha concedido una ayuda de 53 millones de euros procedentes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).
El Fondo de Apoyo está regulado en una orden publicada en el BOE el 24 de julio de 2020. En ella se establece que la concesión de las ayudas debe ser resuelta por un órgano específico: el consejo gestor del FASEE, presidido por el presidente de la SEPI e integrado por cuatro vocales. Éstos son el secretario de Estado de Economía, el subsecretario de Hacienda, el secretario general de Industria y el secretario de Estado de Energía.
Miembros del consejo gestor del FASEE que resolvieron sobre la ayuda a Plus Ultra./
Cuando se aprobó el rescate de la aerolínea Plus Ultra, el pasado 9 de marzo, los cinco miembros del consejo gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas eran Bartolomé Lora (en aquel momento presidente en funciones de la SEPI, además de vicepresidente), Ana de la Cueva, entonces secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa; Pilar Paneque, subsecretaria de Hacienda; Raül Blanco, secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, y Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía.
Órganos diferentes
Los cinco miembros del consejo gestor del Fondo de Apoyo forman también parte del consejo de administración de la SEPI, pero, en cambio, el resto de los administradores de esta sociedad pública no intervienen en la gestión del FASEE.
Por ello, el 19 de abril, once días después de la apertura de la instrucción, la Abogacía del Estado dirigió un escrito a la magistrada para poner de manifiesto que "el consejo de SEPI no ha intervenido en modo alguno en los hechos denunciados por carecer de competencias para ello, habida cuenta del régimen jurídico aplicable al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas".
El 21 de abril, la instructora contestó que "una vez recibido el expediente solicitado a la SEPI, se acordará lo procedente”.
Posteriormente, el 17 de mayo, Collazos admitió a trámite la querella de Vox contra "el consejo gestor del fondo de ayudas económicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales formado por el vicepresidente Bartolomé Lora, Ana de la Cueva, Pilar Paneque, Sara Aagesen y Plus Ultra Líneas Aéreas".
De esta forma, en el procedimiento están como denunciados todos los miembros del Consejo de Administración de SEPI (menos su actual presidenta, Belén Gualda, que accedió al cargo el 30 de marzo y, por tanto, no estuvo al frente del consejo gestor del Fondo cuando se decidió el rescate de Plus Ultra) y como querellados los cinco miembros del consejo gestor que resolvieron sobre la ayuda a la aerolínea.
Delimitación
En un nuevo escrito dirigido ahora al Juzgado, la Abogacía del Estado recuerda a la instructora que aún "no ha resuelto acerca de la inexistencia de intervención en los hechos del consejo de SEPI, extremo este que resulta no sólo del régimen jurídico de aplicación sino que se desprende del expediente administrativo que obra en poder del Juzgado".
De este modo, añade, "la falta de resolución sobre este extremo ocasiona indefensión, al no encontrarse mínimamente delimitado el ámbito subjetivo y objetivo de las actuaciones y, con ello, la indefensión de quienes pueden verse afectados por el mismo".
Tres meses después del comienzo de la investigación sobre los préstamos de 19 y 34 millones concedidos a Plus Ultra -y que la aerolínea tiene que devolver en los plazos previstos en el plan de viabilidad aprobado-, varios cambios han sobrevenido tanto en el consejo gestor del FASEE como en el consejo de SEPI.
Aunque sigue investigada, Ana de la Cueva ya no forma parte del consejo de SEPI ni, por tanto, del consejo gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. De la Cueva cesó como secretaria de Estado de Economía el pasado mayo y desde el 20 de julio es presidenta de Patrimonio Nacional.
Lora, Paneque, Blanco y Aagesen, que siguen estando investigados, sí continúan en sus cargos como consejeros de la SEPI e integrantes del consejo gestor del Fondo de Apoyo.
Del consejo de SEPI han salido varios altos cargos que han cesado tras la última remodelación del Gobierno, como Antonio José Hidalgo López, que era subsecretario de la Presidencia, o Isabel Valdecabres, exdirectora del gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno.
No obstante, siguen formalmente investigados al no haberse respondido a la petición de la Abogacía del Estado de que se delimite subjetivamente contra quién va dirigido el procedimiento.
En la misma situación está el resto de miembros del consejo de SEPI ajenos al consejo gestor del fondo de ayuda, como las secretarias de Estado de Defensa y Hacienda, Esperanza Casteleiro e Inés Bardón.
Ningún miembro del consejo de SEPI ni del órgano gestor del FASEE ha sido llamado a declarar hasta el momento.