El PP ha recurrido a la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión del juez Jaime Serret de autorizar el pago a la aerolínea Plus Ultra del préstamo participativo por importe de 34 millones de euros previsto en el plan de rescate de la compañía con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
Serret, temporalmente a cargo del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, levantó la suspensión del pago que había acordado la titular del Juzgado, Esperanza Collazos.
La magistrada investiga desde el pasado abril presuntos delitos de malversación o de fraude por el rescate de Plus Ultra, cifrado en un total de 53 millones. Los 34 millones desbloqueados eran el segundo y último abono de dinero público a la aerolínea, que tiene la obligación de devolver la ayuda en su integridad en distintos plazos establecidos por el consejo gestor del Fondo de Apoyo.
El PP pide a la Audiencia de Madrid que revoque la entrega de los 34 millones a la aerolínea porque considera que la medida cautelar inicialmente acordada por la instructora de paralizar el pago era "necesaria, proporcional e imperativa" para evitar "un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior”, tal como afirmó la jueza en su resolución del 21 de julio.
A juicio de esta acción popular, entre esa resolución y la dictada el 9 de agosto por el juez de sustitución -que levantó la medida cautelar y acordó el abono a la aerolínea de los 34 millones de euros pendientes- "no se ha practicado ninguna diligencia que haya hecho desaparecer o minorar ese riesgo de menoscabo patrimonial".
"En los escasos 19 días transcurridos entre los autos de 21 de julio y 9 de agosto de 2021 no ha tenido lugar ningún hecho o circunstancia que pudiera motivar la variación del criterio", afirma. "Pero el riesgo de pérdida definitiva de los 34.000.000 euros de dinero público sigue intacto".
Según el PP, el informe pericial de parte que aportó la compañía para avalar la necesidad de que el segundo pago se materializase "carece de la objetividad y de la credibilidad necesaria y, en todo caso, no aporta ninguna prueba que permita constatar que no haya tenido lugar un fraude en la subvención de 54.000.000 euros otorgada".
Se trata, sostiene, de un dictamen pericial "que ni siquiera ha sido ratificado ante el Juzgado por el supuesto perito, siendo en consecuencia su valor probatorio muy escaso. E igualmente tampoco ha aclarado el supuesto perito de parte en sede judicial el contenido del informe aportado, así como sus supuestos conocimientos para la elaboración del mismo".
Añade que Plus Ultra "no ha razonado ni probado por qué motivo es preciso que tenga lugar ese desembolso con carácter urgentísimo, antes, incluso, de que tenga lugar la entrega del informe pericial judicial contable [encargado por la instructora] y apenas unos meses después de haber recibido 19.000.000 euros". A su parecer, estos extremos tampoco son razonados por el juez que levantó la suspensión del segundo pago.
Según el escrito del PP, el "repentino" cambio de criterio respecto al segundo pago "es precipitado y no está basado en ningún dato objetivo que haya hecho desaparecer la situación de riesgo y el importante menoscabo patrimonial que podría llegar a producirse para el Estado".
"Se ha alzado la suspensión y con ello se incurre en el riesgo de la pérdida definitiva de 34.000.000 euros", afirma, "y todo ello con el fin de evitar una supuesta quiebra definitiva de Plus Ultra sin que se haya acreditado por qué ésta tendría lugar en tan breve plazo".
Empresa "deficitaria"
Considera que ello "refuerza nuestra tesis de que Plus Ultra ha sido desde su inicio una empresa totalmente deficitaria, que ahora habría hecho desaparecer los 53.000.000 euros de dinero público en apenas unos meses con el fin de evitar una quiebra definitiva que ahora se nos dice que es inminente".
Según su "historial deficitario" de la aerolínea, el segundo desembolso "no hará más que prorrogar esa quiebra definitiva y llevarse con ello 53.000.000 euros que todos los españoles perderemos y que habremos entregado a intereses privados de determinadas personas, que nada tienen que ver con el prurito de salvar a una empresa supuestamente estratégica", sostiene el PP.
A la acción popular tampoco le convence el argumento del juez sobre la suficiencia de las medidas de control y supervisión del destino de la ayuda pública por parte de la Administración. "Esas medidas están concebidas para situaciones de hecho en las cuales ha tenido lugar el desembolso de una subvención pública a una empresa estratégica sin que medie un fraude en su concesión y a una empresa que era viable antes de la crisis sanitaria de la Covid-19. Plus Ultra no reúne ninguno de esos requisitos, por lo que esos mecanismos de control no son adecuados ni suficientes para hacer desaparecer el elevado riesgo y el severo menoscabo patrimonial que pudiera producirse con motivo de la consumación del delito investigado", dice.
"De nada sirve un contrato de prenda del 51% de las acciones de una empresa deficitaria, que desde su constitución pierde millones de euros en todos los ejercicios, antes y después de la crisis sanitaria", pone como ejemplo.
A su juicio, Plus Ultra "no ha sido una empresa viable nunca y tampoco es ni ha sido una empresa estratégica".
Hipoteca sobre los aviones
En otro escrito dirigido al Juzgado de Instrucción, el PP pide a la magistrada que acuerde, como nueva medida cautelar, constituir una hipoteca mobiliaria sobre la aeronave o aeronaves que pudiera tener en su activo Plus Ultra "a fin de garantizar un eventual reembolso por parte de dicha aerolínea de la sumas entregadas por la subvención, si tal reembolso fuere exigible".
El PP cree necesario "intentar reducir los posibles perjuicios patrimoniales irreparables" que pudieran derivarse de la entrega del segundo y último pago efectuado con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.