La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Sala Penal de la Audiencia Nacional que revoque el cierre de la investigación de la operación Kitchen acordado por el juez Manuel García-Castellón el pasado 29 de julio. El instructor apreció indicios para que vayan a juicio el exministro Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez, el excomisario José Manuel Villarejo y otros mandos policiales, pero no vio suficientes elementos para afirmar la implicación del PP y exoneró a la exsecretaria general del partido, María Dolores de Cospedal.
Los fiscales han recurrido la decisión del instructor directamente en apelación ante la Sala, convencidos de que el previo recurso de reforma ante el instructor sería inútil.
La terminación de la instrucción, pocos días después de que Anticorrupción solicitara nuevas diligencias, irritó en Anticorrupción, que está segura de que la Sala reabrirá el caso Kitchen. El proceso se refiere a una operación parapolicial montada, presuntamente, desde el Ministerio del Interior en 2013 para apropiarse de documentos sobre la financiación legal del PP en poder del extesorero del partido Luis Bárcenas, ocultando la información sustraída al juez que investigaba esa financiación irregular.
"Faltan partícipantes"
"Contrariamente al criterio del instructor, en el estado actual de la investigación no se puede concluir que se hayan perfilado todos los elementos del complejo hecho punible, ni tampoco que se haya determinado la participación en el mismo de todos los partícipes", afirma el recurso, conocido por EL ESPAÑOL.
El escrito, de 92 páginas, se refiere a los "evidentes indicios de la participación de personas hasta la fecha no investigadas" y a la "necesidad de concretar el alcance de la participación en los hechos de personas que ya ostentan la condición procesal de investigadas", entre ellas la propia Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro.
Anticorrupción apunta al PP y a su entonces presidente, Mariano Rajoy, también presidente del Gobierno en aquel momento: "Los avances de la instrucción vienen aportando indicios de que más allá de la trama inicial [en referencia al Ministerio del Interior] resulta imprescindible dilucidar aún tanto si los funcionarios policiales y los máximos responsables del Ministerio del Interior actuaban en concierto con dirigentes del partido político gubernamental, como si la trama se extendió a la captación y utilización de otros colaboradores policiales en el centro penitenciario en el que Luis Bárcenas se encontraba en situación de prisión preventiva".
El fiscal insiste, en particular, en la necesidad de investigar la titularidad de un teléfono móvil aportado recientemente por Villarejo y que, según él, sería el que se usó para comunicarse Rajoy e informarle de la operación Kitchen.
García-Castellón hizo varias comprobaciones sobre ese teléfono -que fue de titularidad del PP- y lo descartó como indicio suficiente. El instructor no dio verosimilitud a Villarejo, que sacó a relucir su supuesta comunicación con Rajoy después de casi tres años de investigación. Subrayó que no hay ningún elemento que corrobore la palabra del excomisario, señaló que ese número de teléfono pudo ser fácilmente obtenido de fuentes abiertas y destacó que las diligencias practicadas dieron como resultado que los móviles de Villarejo no habían establecido comunicación con ese teléfono en las fechas en que se desarrolló la operación Kitchen.
Cierre "artificial"
La Fiscalía no considera, sin embargo, improcedente seguir investigando en esa dirección y apunta a Rajoy. "Se quiere artificialmente delimitar en el ámbito del Ministerio del Interior", sostiene.
A su parecer, el hecho de que la operación Kitchen se planificara y llevara a cabo desde Interior "no implica que las posibles responsabilidades fuera de ese ámbito, en concreto, del presidente del Gobierno y de los dirigentes del Partido Popular no constituyan el objeto del procedimiento. Ni tampoco que esta hipótesis que con las diligencias que se solicitaban se pretendía acreditar se encuentre vacía de soporte indiciario".
El recurso se basa en la "contundencia" de la manifestación de Villarejo de que "informaba directamente al presidente del Gobierno del desarrollo de la operación" y considera necesario "confirmar y corroborar esas afirmaciones".
La Fiscalía señala que "no es la primera ocasión que en el curso de las actuaciones aparecen elementos que confluirían en una posible responsabilidad del presidente del Gobierno". Un oficio de los investigadores policiales del pasado 23 de septiembre de 2019 dio cuenta de un archivo de audio intervenido en casa de Villarejo y que recogería una conversación que tuvo el 19 de febrero de 2017 con el abogado Javier Iglesias.
A tenor de ese audio, Villarejo habría facilitado a Iglesias unas notas escritas para hacérselas llegar al "Asturiano" con la intención de que éste le protegiera en su conflicto con el director del CNI, Félix Sanz Roldán. El "Asturiano" sería el alias con el que se referían a Mariano Rajoy.