Un informe interno que maneja el Consejo General del Poder Judicial alerta del "inminente bloqueo" de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central (TMC) por el próximo pase a la reserva de su presidente y la imposibilidad de cubrir su vacante y la de otros vocales togados debido a la reforma impulsada por el Gobierno, que prohíbe al CGPJ hacer nombramientos discrecionales por estar en prórroga de mandato.
La incidencia de esa reforma en la jurisdicción militar se prevé mucho más intensa que en la jurisdicción ordinaria, donde la mayoría de los nombramientos judiciales son reglados y existen eficaces mecanismos de sustitución para los cargos discrecionales.
La Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central es la encargada de ejercer la potestad disciplinaria judicial militar y de inspeccionar a los órganos jurisdiccionales castrenses. Al paralizarse su funcionamiento no podría exigirse responsabilidad disciplinaria a los vocales y jueces togados.
También le corresponde nombrar a los vocales y jueces togados que provisionalmente, en condición de sustitutos, tienen que hacerse cargo del trabajo de los titulares en casos de licencias, bajas o vacantes. Al no poder funcionar la Sala de Gobierno, tampoco podrán acordarse sustituciones, con la consiguiente repercusión en el funcionamiento de los órganos judiciales militares, empezando por el propio Tribunal Militar Central (TMC).
Organización propia
La jurisdicción militar conoce de los delitos incluidos en el Código Penal Militar. El Tribunal Militar Central (sólo hay uno) juzga a los militares de empleo superior a comandante o capitán de corbeta. Los de empleo inferior a éstos son juzgados por los Tribunales Militares Territoriales (TMT), de los cuales hay cinco en distintas demarcaciones.
Los Juzgados Togados Centrales instruyen los procedimientos ante el TMC. Hay dos, ambos con sede en Madrid. Los 18 Juzgados Togados Territoriales que se encuentran repartidos por España instruyen los procesos ante los TMT.
En 2016 se modificó la Ley Orgánica de Competencia y de Organización de la Jurisdicción Militar para atribuir al Consejo General de Poder Judicial la competencia de realizar los nombramientos discrecionales de tribunales y juzgados castrenses. Fue un paso más en la integración de esta jurisdicción en el Poder Judicial.
El CGPJ tiene en estos momentos sin cubrir tres vacantes de vocales togados en el TMC y los TMT y dos de jueces togados. A ellas se unirá el próximo 26 de octubre la vacante del actual presidente del Tribunal Militar Central, el general consejero togado Carlos Melón.
Ninguna de estas plazas podrá ser cubierta porque la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial promovida por PSOE y Unidas Podemos, en vigor desde el pasado marzo, le impide efectuar nombramientos discrecionales.
Para cualquier nombramiento, además, debe ser oída preceptivamente la Sala de Gobierno del TMC, que a partir de octubre quedará inoperante. La Sala de Gobierno está integrada por el presidente del TMC y los vocales togados en servicio activo, pero actualmente sólo hay uno, el general auditor Pascual Sarría.
Sin sustitución
La ley que regula la jurisdicción castrense tiene otra peculiaridad consistente en que "no cabe la sustitución" de los vocales togados que integran la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central.
El órgano de gobierno de la Justicia militar quedará, así, inoperante a partir del pase a la reserva de Carlos Melón, ya que no puede funcionar con un solo vocal togado en activo y no existe la posibilidad legal de nombrar sustitutos en las plazas vacantes.
Según las fuentes informantes, el dictamen del CGPJ afirma sin paliativos que esta situación plantea "un serio problema a corto plazo".
El funcionamiento de la Sala de Justicia del TMC también puede verse comprometido. En la actualidad la preside Melón y está integrada por el único vocal togado en activo existente (que podría sustituir al presidente cuando éste pase a la reserva dentro de cuatro semanas) y por dos vocales togados en situación de reserva. Pero éstos pasarán a retiro durante el próximo año.
Fuentes del CGPJ indican que el informe que analiza el efecto de la reforma de marzo en la jurisdicción militar desaconseja acudir al llamamiento como sustitutos de vocales togados de los tribunales militares territoriales para integrarlos en la Sala de Justicia del TMC y así poder conformar con ellos la Sala de Gobierno. Considera que este mecanismo chocaría con la prohibición de sustitución de los vocales togados del órgano de gobierno que establece la actual Ley Orgánica de Competencia y de Organización de la Jurisdicción Militar en su artículo 42.
Sí sugiere, en cambio, la posibilidad de que el CGPJ asuma las funciones de la Sala de Gobierno del TMC en razón a su posición de jerarquía y mientras dure la actual situación excepcional.
También alude a la conveniencia de que la actual Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central anticipe en lo posible la adopción de los acuerdos necesarios para garantizar el funcionamiento de los órganos judiciales castrenses.
Preocupación en el TS
Por su parte, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha acordado este lunes dirigirse al Consejo General del Poder Judicial para poner de manifiesto su "preocupación por las perniciosas consecuencias, ya graves en el futuro próximo y que previsiblemente irán acrecentándose, que para el funcionamiento del TS supone la falta de renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial y la consiguiente imposibilidad de cubrir las vacantes existentes como las que puedan ir produciéndose en los próximos meses”.
El acuerdo señala que algunas de las Salas afectadas “se encuentran en una coyuntura en que se hace más urgente, desde el punto de vista jurídico y también social (pensemos en las vicisitudes en el mundo laboral de la pandemia), resolver con la mayor agilidad posible algunas de las cuestiones que tienen planteadas y que seguirán suscitándose previsiblemente” y añade que, “al margen de cuestiones de otro orden que no le competen”, la Sala de Gobierno “no puede permanecer indiferente ante esas preocupantes previsiones y ha de alertar sobre ellas”.
La Sala de Gobierno ha acordado asimismo encargar un informe al Gabinete Técnico del alto tribunal “que refleje sintéticamente y con señalamiento de calendario el panorama al que se enfrentarían las diversas Salas de este Tribunal en el caso de que se prolongase la actual situación de interinidad del Consejo General del Poder Judicial”.
La Sala Civil tiene en estos momentos una vacante, la Sala de lo Contencioso-Administrativo seis, la Sala de lo Social tres y la Sala de lo Militar dos.
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