El informe del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa conocido este jueves no sólo critica que no se haya reformado la ley para que los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por los jueces, y no por los políticos. El GRECO también considera incumplidas sus recomendaciones sobre la necesidad de una mayor autonomía de la Fiscalía respecto del Gobierno y critica de forma específica las puertas giratorias, esto es, el pase de la política al Ministerio Público sin solución de continuidad. Es el caso de la actual fiscal general, Dolores Delgado, exministra de Justicia y diputada del PSOE.
El organismo del Consejo de Europa que evalúa la capacidad de los Estados miembros para luchar contra la corrupción pide a España que "tenga presente" las consideraciones hechas en sus informes anteriores sobre las puertas giratorias de los jueces y las aplique a los fiscales.
Desde 2014, el GRECO viene reclamando la supresión de la opción legal de que los jueces que se hayan pasado a la política puedan retornar a la actividad jurisdiccional. Fundamenta su recomendación en la "necesaria independencia e imparcialidad de los jueces, tanto en la realidad como en las apariencias, sobre todo si se tiene en cuenta la preocupación de la opinión pública por los riesgos de politización".
El GRECO traslada ahora esas reflexiones al caso de los fiscales "en particular en lo que respecta a la actividad política", indica en su último informe, y plantea que se reflexione sobre este asunto de cara a la anunciada reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
El GRECO había hecho tres recomendaciones sobre el Ministerio Público: reconsiderar el método de selección y el mandato del fiscal general; establecer requisitos y procedimientos jurídicos claros para aumentar la transparencia de la comunicación entre el fiscal general y el Gobierno, y estudiar vías para dotar de una mayor autonomía a la gestión de los medios del Ministerio Fiscal.
Relación con el Gobierno
El informe de cumplimiento conocido este jueves constata que no ha habido ninguna modificación del procedimiento de elección del fiscal general, "una preocupación antigua que empaña la percepción de la autonomía del Ministerio Fiscal en España".
"Tampoco se ha informado de novedades en relación con los aspectos específicos de la autonomía externa, cuya implementación sigue pendiente", añade.
A este respecto, recuerda que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal prevé la posibilidad de que el Gobierno sea informado por el fiscal general sobre casos concretos que se estén tramitando.
"Si bien la ley determina que toda comunicación entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Fiscal debe realizarse entre el ministro de Justicia y el fiscal general, no exige que esa comunicación se haga pública ni que se registre por escrito", indica. "Dado que la relación entre la fiscal general y el Ejecutivo es una cuestión que sigue siendo
objeto de críticas públicas en España, en cuanto a la percepción de su independencia, la transparencia de la comunicación entre ella y el Gobierno resulta clave", afirma.
En cuanto a la tercera recomendación, el GRECO "reitera sus dudas sobre el hecho de que el Ministerio de Justicia decida sobre la asignación de personal en las diferentes Fiscalías, entre ellas la especializada en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada, ya que la autonomía de gestión es una garantía importante de la independencia y eficiencia del Ministerio Fiscal".
El informe alude a la prevista reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pretende atribuir a los fiscales la dirección de la investigación penal, y manifiesta que "la necesidad de garantizar la no injerencia de las presiones externas adquiere aún más importancia primordial".
"Independientemente del modelo de instrucción", agrega, "es crucial para la confianza del público, y también para la confianza de los pares, que la instrucción sea, y parezca, imparcial, objetiva y libre de toda influencia indebida, especialmente de carácter político, en el desempeño de sus funciones".
"Por esta razón, el GRECO sólo puede reiterar la necesidad de una mayor reflexión sobre las garantías adicionales que pueden introducirse en el Ministerio Fiscal español para protegerlo de interferencias indebidas", concluye.
Nuevo régimen disciplinario
El informe sí da por cumplida la recomendación sobre la aprobación de un código ético para los fiscales, pero no la referida a que se establezca un nuevo régimen disciplinario específico en el Ministerio Fiscal "que esté investido de las garantías apropiadas
de equidad y eficacia, y sujeto a una revisión independiente e imparcial".
"El régimen disciplinario de los fiscales requiere una profunda revisión", indica el informe, en el que el GRECO "lamenta que los planes para reformar el marco normativo del Ministerio Fiscal, si bien avanzan, todavía no hayan dado resultados tangibles".
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