La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido rechazar los recursos interpuestos por PP y Vox contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general.

Por cinco votos a dos, la Sala ha inadmitido los recursos por falta de legitimación activa de los dos partidos políticos recurrentes, tal como ha propuesto la magistrada ponente, Pilar Teso.

Los magistrados favorables a declarar la legitimación de los recurrentes, José Luis Requero y Antonio Fonseca-Herrero, han anunciado que redactarán votos discrepantes.

La Sala no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, esto es, sobre la idoneidad de Dolores Delgado para desempeñar el cargo de fiscal general después de haber sido, inmediatamente antes, ministra de Justicia y diputada del PSOE. 

Fuentes de la Sala han explicado que los dos magistrados discrepantes no consideraban procedente dejar el asunto sin una respuesta sobre el fondo, pero también se ha puesto de relieve que los miembros del tribunal coincidían en que, de haber entrado en el fondo, los recursos hubieran sido igualmente rechazados.

Los jueces han coincidido en que la elección por el Gobierno del jurista que debe estar al frente del Ministerio Público es un acto de naturaleza política en el que el Ejecutivo tiene un amplio margen de valoración sobre la idoneidad del designado para el cargo.

El tribunal ha mantenido su doctrina de que los jueces pueden controlar los requisitos objetivos que exige la Constitución para ocupar el cargo, pero no sustituir por su propio criterio la valoración del Ejecutivo sobre si el elegido es o no idóneo para ser fiscal general.

Reuniendo Delgado esos requisitos objetivos (ser jurista de reconocida competencia con 15 años de servicios efectivos en su profesión), las demandas del PP y Vox tenían desde el principio pocas posibilidades de prosperar. Aunque el concepto reconocida competencia admite interpretaciones, los magistrados han coincidido en que no cabe negarla en quien ha hecho el grueso de su carrera profesional como fiscal.

Delgado ingresó por oposición en el cuerpo de fiscales en 1989 y estuvo destinada en la Fiscalía de la Audiencia Nacional hasta su salto a la política en junio de 2018, cuando fue nombrada ministra de Justicia y, luego, elegida diputada del PSOE. De ambos puestos pasó, sin solución de continuidad a ser fiscal general.

Fuentes de la Sala han indicado que la demanda de Vox era "muy endeble". El partido de Santiago Abascal sostenía que Delgado “ni por su currículo ni por su profesionalidad y experiencia entraría en la categoría de jurista de reconocido prestigio”, y aportaba otros argumentos extrajurídicos como que "ha sido la única ministra del Gobierno que ha sido reprobada tres veces, dos en el Congreso de los Diputados y una en el Senado".

La demanda del PP, más elaborada, argumentaba que la designación de Delgado constituía una desviación de poder al ser un "fraude constitucional" dada su "vinculación inequívoca con el Gobierno y el PSOE".

"Delgado entregó la cartera a su sucesor el día 14 de enero de 2020, esto es, el mismo día en que se propuso su nombramiento como fiscal general del Estado. ¿Puede acaso imaginarse un mayor desprecio a nuestra Carta Magna y a la imparcialidad del Ministerio Fiscal?", se preguntaba el PP.

La demanda también subrayaba que Delgado fue en dos ocasiones candidata del PSOE al Congreso, extremo que fue omitido en el currículo enviado a informe del Consejo General del Poder Judicial. Siete de los vocales de este órgano se pronunciaron sobre la "falta de imparcialidad" de la entonces candidata al cargo en un voto particular que servía de apoyo al recurso del PP.