PSOE y PP han pactado un amplio cambio del Tribunal de Cuentas, el órgano que fiscaliza las cuentas públicas y que se encuentra en el punto de mira de los independentistas catalanes por los procedimientos de responsabilidad contable que les afectan. Los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, así como exconsejeros y altos funcionarios de la Generalitat están implicados en esos procedimientos por haber empleado fondos de la Generalitat en las consultas soberanistas del 9-N y del 1-O y en la promoción exterior del 'procés'.
Pese a que podían ser elegidos para un nuevo mandato de nueve años, ninguno de los siete consejeros que el PP propuso en 2012 repite en el Tribunal de Cuentas.
Salen de la institución, entre otros, el hermano del expresidente José María Aznar, Manuel Aznar y la exministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante, que dictó la sentencia que en noviembre de 2018 condenó a Artur Mas a reintegrar 4,9 millones de euros indebidamente gastados en el 9-N.
Mariscal de Gante no renueva
Su presencia en el Tribunal de Cuentas fue criticada el pasado julio por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dijo que el hecho de que "ahora mismo esté elaborando los expedientes vinculados a los políticos independentistas" alguien como Mariscal de Gante "no deja de ser un anacronismo que el PP se tendría que mirar".
De haber sido reelegida, a Mariscal de Gante le hubiera tocado dictar sentencia en el proceso de responsabilidad contable abierto a Mas, Puigdemont, Oriol Junqueras y otros 39 políticos catalanes y altos funcionarios de la Generalitat por el dinero público empleado en promover en el extranjero el proceso independentista.
Tampoco se ha renovado el mandato de José Manuel Suárez Robledano, el presidente de la Sección de Enjuiciamiento, que acaba de respaldar la liquidación provisional que cifra en 5,4 millones de euros el menoscabo producido a los fondos públicos por el desarrollo de esas actividades a favor del 'procés' en el exterior.
Esa misma Sección, en la que van a cambiar todos sus miembros, deberá decidir ahora si se ajusta o no a Derecho la denegación del aval prestado por el Instituto Catalán de Finanzas, dependiente de la Generalitat, para hacer frente a la fianza impuesta y evitar los embargos de los bienes personales de los políticos catalanes y funcionarios de la Generalitat implicados.
El nuevo Tribunal de Cuentas, que prácticamente se ha renovado en plazo (el mandato de los consejeros salientes terminó el pasado julio), estará conformado por seis mujeres y seis hombres.
Podemos entra
Tendrá seis miembros propuestos por PSOE-IU-Podemos, uno más que en la actualidad. El PP pasa de siete a cinco y una consejera, Isabel Fernández, es de consenso.
Sólo se ha renovado el mandato a Enriqueta Chicano y Dolores Genaro, ambas propuestas por el PSOE, que fueron designadas consejeras en 2012. La primera, una jurista y funcionaria de amplia trayectoria en la Administración y en el propio Tribunal de Cuentas, se perfila como nueva presidenta en sustitución de María José de la Fuente (PP).
Chicano, licenciada en Derecho, ha servido en los Ministerios de Trabajo, Presidencia y Relaciones con las Cortes y Obras Públicas. Como funcionaria del Cuerpo de Intervención de la Seguridad Social, se incorporó en 1997 al Tribunal de Cuentas, donde fue subdirectora en el departamento de entidades locales y directora técnica del departamento de fiscalización del área político-administrativa del Estado durante 10 años.
Muy implicada en la lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad, ha sido miembro del consejo rector el Instituto de la Mujer, integrante del comité nacional para la preparación dela IV Conferencia Mundial de las Mujeres y ha formado parte de las delegaciones españolas presentes en numerosos foros internacionales sobre esta materia.
Durante más de una década presidió la Federación Estatal de Mujeres Progresistas y en la actualidad era la consejera del Tribunal de Cuentas que dirigía la Comisión de Igualdad.
Junto a Chicano, el sector mayoritario estará integrado por el magistrado Diego Íñiguez, actualmnte jefe del gabinente de la ministra de Defensa, Margarita Robles; Joan Mauri, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de
Barcelona; Luis Antonio Ortiz de Mendívil, abogado que ha intervenido en causas que afectan a Unidas Podemos y a su medio afín La última hora; María Luz Rodríguez, gerente tributaria de la Diputación de Barcelona, y la actual consejera Dolores Genaro.
El PP, por su parte, propone al actual fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres; al catedrático de Derecho Mercantil José Manuel Otero Lastres; el catedrático de Economía Aplicada Javier Morillas; Elena Hernández, expresidenta del Tribunal Económico-Administrativo de la Comunidad de Madrid; y Rebeca Laliga, hasta ahora subdirectora general del notariado y de los registros del Ministerio de Justicia.
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