El Tribunal de Cuentas avalará la reclamación de 5,4 M por la promoción del 'procés' en el extranjero

La Sala, presidida por José Manuel Suárez Robledano e integrada por María Antonia Lozano y Felipe García Ortiz, no ve en las impugnaciones el fundamento necesario para revocar la liquidación provisional que fue practicada el pasado 29 de junio por la delegada instructora, Esperanza García Moreno.

Este procedimiento deriva de un informe de fiscalización que el Tribunal de Cuentas realizó en 2019 sobre el destino dado a los ingentes fondos destinados por la Generalitat de Cataluña a la acción exterior.

La delegada instructora ha cifrado en 5,4 millones de euros el menoscabo producido a los fondos públicos por actividades de promoción del 'procés' realizadas por las Delegaciones de la Generalitat en la Unión Europea y en el extranjero y por el organismo Diplocat. Se trata de una cantidad provisional, que deberá ser aquilatada durante la fase de enjuiciamiento que corresponde, en primera instancia, a la consejera Margarita Mariscal de Gante.

La liquidación provisional se dirigió contra 42 personas. Además de Mas, Puigdemont y Junqueras, el proceso afecta a los exconsejeros Raül Romeva, Andreu Mas-Colell y Francesc Homs.

Responsabilidad solidaria

Mas debería responder de 2,8 millones; Homs, de 2,9 millones; Puigdemont y Junqueras, de 1,9; Mas-Colell de 2,8 y Romeva, de 2,1 millones de euros. 

La mayor suma se le atribuye al exsecretario del Diplocat Albert Royo (3,6 millones). Le sigue la exinterventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones.

Al tratarse de una responsabilidad solidaria, todos ellos tienen la obligación común de hacerse cargo de la fianza y lo que cada uno entregue decrecerá el montante global al que deben hacer frente, hasta cubrir los 5,4 millones del erario catalán menoscabados.

La instructora sostiene que todos ellos son presuntamente responsables de gastos por actividades "cuya realización contraviene frontalmente la Constitución y las leyes que delimitan el ámbito competencial de la comunidad autónoma" catalana.

Eran actividades de promoción de la independencia o soberanía "que no tienen cabida en dicho ámbito competencial".

Tampoco respondían, sostiene la instructora, al "interés de Cataluña", que a su juicio, no puede ser identificado con la promoción de las opiniones políticas personales de los sometidos al proceso "sobre un aspecto que, además, queda fuera de su competencia".

Eran, por tanto, actividades, "que no cumplían con la finalidad establecida en la Ley de Acción Exterior de 'promover en el exterior los intereses del conjunto de Cataluña'".

Gastos sin control

El acta de liquidación provisional se refiere, asimismo, a las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en la gestión económico-financiera de esas actividades.

El documento alude a una "falta de control" de la actividad de las delegaciones de la Generalitat en el exterior y a la ausencia de un sistema "que permita conocer y vigilar sus actividades o gastos", que se realizaban "sin ningún tipo de limitación y sin la previa justificación de su necesidad".

El acta de liquidación provisional se refiere a Diplocat como "vehículo directo de transmisión de las aspiraciones soberanistas del Gobierno catalán al servicio de sus propios intereses" y cuya acción "no parece estar ligada a la promoción de intereses autonómicos derivados del ejercicio de sus propias competencias".

Según la delegada instructora, la Intervención General de la Generalitat "no realizó ningún control financiero ni de legalidad, a pesar de lo señalado en el texto refundido de la Ley de Finanzas de Cataluña".