El Fiscal pide a Cuentas investigar irregularidades en la gestión económica de Colau en el Ayuntamiento

El Fiscal ha solicitado al Tribunal de Cuentas que continúe la investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al destinar fondos públicos a asociaciones privadas afines y al organizar una consulta ciudadana contraria a Derecho en el marco de su política sobre la remunicipalización del servicio de abastecimiento de agua de la Ciudad Condal.

El consistorio barcelonés se había amparado en un recurso de apelación arguyendo que los encargos a las entidades municipales eran "necesarios y pertinentes para el establecimiento de las estrategias de planificación y gestión", tras la denuncia interpuesta el pasado 20 de enero por la Sociedad General de Aguas de Barcelona. 

En un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el Fiscal entiende que no procede el archivo del caso por cuanto sería "perjudicial a los intereses públicos" y pide al organismo constitucional que "se acuerde el nombramiento de delegado instructor" para proseguir con la causa.

Solicita así el fiscal la estimación del recurso interpuesto por la Sociedad General de Aguas de Barcelona y solicita igualmente, y de forma contundente, la desestimación del recurso presentado por el Ayuntamiento de Barcelona, que aducía "intereses empresariales de la parte denunciante" para el archivo del caso.

Sin embargo, el fiscal no deja lugar a dudas respecto a sus pesquisas: "Entendemos que, independientemente de la discutida competencia del Ayuntamiento de Barcelona para las contrataciones referidas, lo cierto es que de lo actuado se deduce, en relación a las mismas, la existencia de una omisión de las normas de contratación pública e incluso una duplicidad contractual, planteándose serias dudas acerca de la necesidad de tal contratación o del acomodo de los fondos aplicados a la misma a finalidades públicas".

La denuncia

La denunciante es la Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB), perteneciente al Grupo Suez, que es quien tiene la mayoría del capital social de la empresa público-privada Aigües de Barcelona (AB), encargada de la gestión del ciclo integral del agua para casi tres millones de personas de 23 municipios, entre ellos Barcelona. El 15% de AB está en manos de la entidad pública Área Metropolitana de Barcelona, que es la titular del servicio de abastecimiento en virtud de una ley del Parlament catalán.

La SGAB denunció el pasado mes de enero un menoscabo de fondos públicos por importe de 875.293 euros del que responsabilizó a Ada Colau, así como a la concejal de emergencia climática y transición ecológica, Eloi Badia, la interventora adjunta del consistorio barcelonés, Teresa Llor, y el gerente de ecología urbana, Jordi Campillo.

La denuncia se refería a actuaciones municipales que, según SGAB, estarían encaminadas a modificar el sistema de prestación del servicio público de abastecimiento de agua del que es titular legal Área Metropolitana de Barcelona (AMB) con el fin de que, en Barcelona, ese servicio sea prestado directamente por el Ayuntamiento.

Esas actuaciones son, de un lado, los encargos de gestión hechos a las entidades municipales Barcelona Cicle de l’Aigua S.A. (BCASA) y Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, S.A. para elaborar informes y planes de trabajo para la "transición hacia la gestión pública del agua de la ciudad de Barcelona".

Por otro lado, la denuncia alude a la preparación de una consulta ciudadana sobre la gestión del servicio de abastecimiento de agua en el municipio con la cuestión "¿Desea usted que la gestión del agua en Barcelona sea pública y con participación ciudadana?”.

Para la empresa denunciante, esa consulta ciudadana vulneraría la Ley catalana de Consultas Populares mediante referéndum y la Ley de Bases de Régimen Local, que exigen informe de la Generalitat de Cataluña y la autorización del Gobierno del Estado. También infringiría el Reglamento de Participación Ciudadana, que prohíbe formular consultas "que se refieran a materias sobre las que se esté ejecutando algún tipo de contratación en relación a la cual su resultado pudiera producir perjuicios a terceros".