La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este miércoles asumir, de forma extraordinaria, las competencias de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central para evitar el bloqueo de la Justicia castrense, que conoce de los delitos incluidos en el Código Penal Militar.

La decisión, adoptada por cinco votos a favor y tres en contra, se ha tomado a la vista del informe emitido por el gabinete técnico del CGPJ en el que advirtió de la "inminente" paralización de la Sala de Gobierno del TMC, a la que corresponde ejercer la potestad disciplinaria judicial militar e inspeccionar los órganos jurisdiccionales castrenses. También nombra a los vocales y jueces togados que provisionalmente, en condición de sustitutos, tienen que hacerse cargo del trabajo de los titulares en casos de licencias, bajas o vacantes.

El problema se ha planteado por el pase a la situación administrativa de reserva del presidente del TMC, Carlos Melón, y la imposibilidad de nombrar a su sustituto debido a la ley vigente desde el pasado marzo que prohíbe al CGPJ hacer nombramientos discrecionales mientras esté en prórroga de mandato. En lo que se refiere a la jurisdicción militar, ello afecta a los nombramientos de vocales togados del Tribunal Militar Central, presidente y vocales togados de los Tribunales Militares Territoriales y titulares de los Juzgados togados militares territoriales.

Un solo miembro en activo

La Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central no tiene un número fijo de integrantes. La Ley Orgánica de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar establece que está formada por el auditor presidente y por la totalidad de sus vocales togados en servicio activo, sin que quepa la sustitución de estos últimos. El número mínimo de miembros en servicio activo del Tribunal Militar Central -y por tanto de su Sala de Gobierno- debe ser de dos.

Hasta ahora, el Tribunal Militar Central estaba compuesto por cuatro miembros: su presidente, un vocal togado general auditor –ambos en servicio activo– y otros dos vocales togados –en la reserva-. El pase a la reserva de Melón el pasado martes supone una paralización temporal de las funciones gubernativas porque queda un único miembro en activo. Los dos vocales togados en situación de reserva, que además pasarán a retiro en 2022, no pueden formar parte de la Sala de Gobierno.

Caso a caso

Según ha explicado el CGPJ, el acuerdo de avocación de competencias gubernativas aprobado por la Comisión Permanente es de aplicación desde este miércoles y en tanto la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central no pueda ejercerlas por insuficiencia de los miembros requeridos legalmente para su actuación.

El órgano de gobierno de los jueces, sin embargo, no asumirá las competencias disciplinarias militares, dado que le son ajenas. Para evitar una asunción general de competencias, el presidente en funciones del Tribunal Militar Central elevará en cada caso concreto la correspondiente propuesta motivada de actuación gubernativa o disciplinaria para que, a su vista, la Comisión Permanente pueda adoptar, por avocación, el pertinente acuerdo.

El acuerdo ha sido adoptado con los votos del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y de los vocales José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya. Los consejeros Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda han votado en contra.

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