Cinco grupos parlamentarios han manifestado este martes con su inasistencia o con el abandono de la sesión el rechazo al pacto alcanzado por PSOE y PP sobre la renovación del Tribunal Constitucional y al sistema de comparecencias de los candidatos elegidos, el catedrático Enrique Arnaldo y los magistrados Concepción Espejel, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez.

Bildu, PNV y ERC ni siquiera acudieron a la Comisión Consultiva de Nombramientos, presidida por Meritxell Batet, presidenta del Congreso, mientras que los portavoces de Vox y Ciudadanos se ausentaron tras finalizar la comparecencia del primer candidato. 

Ambos se quejaron de lo que calificaron como "teatrillo", "paripé" o "trágala" en una sesión en la que la sorpresa fueron las descalificaciones del portavoz socialista, Odón Elorza, a Arnaldo. Pese ello, el pacto se materializó en esta primera fase del proceso de nombramiento y, tras aceptarse una votación de conjunto sobre los cuatro candidatos, la Comisión acordó considerarlos a todos ellos idóneos para acceder al TC por 242 votos a favor, ninguno en contra y 12 abstenciones. La votación definitiva será en el Pleno del Congreso la próxima semana.

"Deterioro institucional"

"No vamos a participar en la Comisión más allá de esta primera intervención. Se falta al respeto a las instituciones", dijo Espinosa de los Monteros, que no entró a valorar los méritos de los aspirantes al Tribunal Constitucional al considerar que "están aquí porque han recibido una llamada de Ferraz o de Génova. ¿Qué van a hacer a la siguiente llamada?", preguntó.

El representante de Vox consideró que "desde la llegada de Pedro Sánchez al poder nunca han sido tan atacadas las instituciones. Este Gobierno que ha hecho del deterioro institucional uno de sus principales objetivos".

Edmundo Bal se había expresado antes en parecidos términos: "Mi grupo no va a participar en este teatrillo porque este acto no sirve para nada".

"Aprecio mucho su curriculum, un currículum espectacular", dijo el portavoz de C's a Arnaldo, "pero esto va de que ustedes son amigos de quienes mandan en el PP, UP o PSOE. Seguiremos hablando de magistrados conservadores y magistrados progresistas, lo cual supone un grave descrédito para el TC".

El portavoz de Junts per Catalunya, Josep Pagès, el único nacionalista que participó en la Comisión, consideró que es "contrario al espíritu constitucional que el TC se reparta por cuotas por los fontaneros de dos partidos, Félix Bolaños y Teodoro García Egea, en 24 horas, tras dos años de retraso y de forma oscurantista".

"Mi total rechazo a esta forma de comparecencias donde no se discute la idoneidad, sino que se da un masaje a los nombres ya pactados", añadió.

La portavoz del PP, Isabel Borrego, y los dos portavoces socialistas que intervinieron, Elorza y Francisco Aranda, se felicitaron por el acuerdo, mientras que el representante de Unidas Podemos, Txema Guijarro, se refirió en unas intervenciones muy breves a la idoneidad de los aspirantes, sin poner ninguna objeción. 

"Desconfianza"

Llamó, por ello, la atención la agresividad con la que Elorza recibió a Enrique Arnaldo. "Por lo que nos cuenta y por lo que no nos cuenta, su candidatura genera desconfianza", le espetó nada más empezar. El portavoz socialista repitió a continuación las críticas vertidas en los últimos días por algunos medios de comunicación sobre la declaración de Arnaldo como investigado ante el juez del caso Palma Arena, la contratación de su bufete por Administraciones públicas mientras era letrado de las Cortes y su participación en seminarios de FAES, la fundación próxima a PP, poniendo en duda su imparcialidad.  

"El constituyente quiso que llegaran al TC personas con una amplia experiencia jurídica y con distintas sensibilidades. Yo no soy más digno o más honrado que ustedes, pero tampoco menos", replicó Arnaldo.

El catedrático explicó que ha acudido a FAES "en ocasiones, no los cientos de veces que dicen, a debates abiertos, académicos y no políticos. Pero también he participado en más de 400 foros de distinto signo".

Arnaldo manifestó que no ha militado en ningún partido y aseguró que "nunca he recibido instrucción alguna de un partido cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial. Ni la aceptaría ni la aceptaré. No soy persona que reciba mandatos ni instrucciones. Soy y me siento plenamente independiente, no tengo peajes".

El jurista pidió "a los representantes de la soberanía nacional" que le dieran "la misma consideración que hace 10 años me dieron los jueces y fiscales, que nunca me acusaron. Cuando uno acude a un Juzgado no se puede convertir en un eterno sospechoso".

La magistrada Concepción Espejel también respondió con contundencia a las dudas sobre su imparcialidad expresadas por Pagès, que aludió a la decisión del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de apartarla del caso Gürtel.

"Una lealtad mínima exige leer las resoluciones en su contenido íntegro", arrancó Espejel, que recordó que la Sala negó como causa de recusación que existiese una cercanía ideológica al PP o una vinculación a Dolores de Cospedal.

En comparación a las críticas vertidas sobre los candidatos propuestos por el PP, las comparecencias de los aspirantes promovidos por el PSOE fueron un paseo militar, todo felicitaciones y elogios. 

Ideololgía

Sáez se refirió, sin embargo, a la "fuerte carga ideológica" que se le ha atribuido: "El juez no tiene prohibido tener ideas sobre la interrupción del embarazo o sobre la forma de gobierno", dijo. "El hábito para el juez -intelectual y moral- es el compromiso, a través de la independencia, con el Derecho. Intentar someter la subjetividad o prevenirse frente a ella", dijo.

Ramón Sáez recordó que, cuando le tocó intervenir en un proceso penal en el que IU estaba personado como acusación popular, él planteó al Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional si procedía que se apartara ya que "ese partido me había propuesto 20 años atrás para ser vocal del CGPJ".  "La Sala, por unanimidad, consideró que ni había ningún problema en cuanto a mi imparcialidad", concluyó.

También Inmaculada Montalbán ha expresado su "compromiso y empeño con los valores constitucionales y con la función asignada de ser garante del Estado de derecho con imparcialidad e independencia de los demás órganos constitucionales".

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