Cinco claves de la renovación del TC: del juez 'tapado' de Podemos a la guerra de las recusaciones

En esa agenda, de alta trascendencia política, se encuentran algunas de las claves que han guiado las negociaciones llevadas a cabo por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, y que han desembocado en la elección de cuatro nuevos magistrados que serán formalmente elegidos por el Congreso previsiblemente en el Pleno previsto para el 10 de noviembre.

1. Los nombres

Septiembre de 2020. El vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias empieza a hacer llamadas a otros miembros del Ejecutivo, incluido Pedro Sánchez, para abogar con insistencia en favor de la promoción de un juez a la Sala Penal del Tribunal Supremo. El juez era Ramón Sáez.

El Consejo General del Poder Judicial tenía previsto cubrir el día 30 de ese mes tres vacantes existentes en la Sala Penal. El líder de Podemos se había propuesto tocar poder judicial y movió sus influencias para tratar de situar en la cúpula a un magistrado que considera ideológicamente afín.

Sáez, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, compitió por una de esas plazas frente a Concepción Espejel, presidenta de esa Sala y con la que ahora estrenará sillón en el TC.

Durante su comparecencia ante los vocales del CGPJ, Ramón Sáez hizo alusión a su repetida postergación para acceder a la Sala Penal del Supremo, el mismo tribunal que -en unas duras pruebas de especialización corregidas por jueces del TS a ciegas, esto es, sin saber quién era el autor del examen- le puntuó como número 1 en la lista de aprobados.

"Con un curriculum que no desmerece al de otros candidatos, con una experiencia y antigüedad similar, laboriosidad y méritos acreditados, cursos y publicaciones, ¿cuál es el problema?", preguntó.

Ni Sáez ni Espejel pudieron llegar al Tribunal Supremo. El CGPJ quiso llevar a la delicadísima Sala Penal a magistrados "no tan caracterizados ideológicamente", en palabras de fuentes del Consejo, y eligió a Javier Hernández, Ángel Hurtado y Leopoldo Puente.

Ese mismo acusado perfil ideológico que disuadió al órgano de gobierno de los jueces es el que ahora ha favorecido la entrada de ambos en el TC y también lo que explica que ni PSOE ni PP se hayan decantado por jueces, menos combativos, del Tribunal Supremo.

Aunque en aquel momento no trascendió, el nombre de Ramón Sáez ya fue manejado por el PSOE para el TC en las negociaciones para la renovación institucional que se produjeron el pasado febrero. Mientras su colega de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada era el caballo de Troya que acabó frustrando el acuerdo, Sáez esperó, tapado, a ver qué daban de sí sus opciones para ir al TC. Ha sido cuestión de aguardar ocho meses.

"Sáez era un candidato perfecto para el consenso PSOE-Unidas Podemos", explica una fuente del sector socialista de la negociación. Ese consenso no lo reunían, en cambio, perfiles del Tribunal Supremo que también se barajaron en febrero, como el del magistrado José Manuel Bandrés.

Igual de indiscutible, pero en el sector del PP, era Enrique Arnaldo. Su nombre ya fue conocido en febrero sin que, cosa rara, ello le haya quemado. Hábil, buen negociador, firme en sus convicciones pero flexible en el diálogo, su perfil como catedrático de Derecho Constitucional unido al de abogado en ejercicio era idóneo para la plaza.

Fue su amigo y antiguo cliente Enrique López (Arnaldo defendió muy eficazmente al hoy consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid en un juicio por alcoholemia cuando era magistrado el TC, cargo del que López dimitió tras ese incidente) el que propuso a Concepción Espejel después de que el PSOE insistiera en la necesidad de que la renovación fuera paritaria en cuanto a género.

Inmaculada Montalbán llega al Constitucional con el impulso de su amiga la ministra de Defensa, Margarita Robles, y de la titular de Justicia, Pilar Llop. Su nombre también fue una sorpresa porque el pasado febrero no sólo no se mencionó para el TC sino que ni siquiera era una candidata segura al CGPJ.

2. Más jueces, ninguno del TS

El nuevo Tribunal Constitucional tendrá, por primera vez, muchos más jueces de carrera que catedráticos de Universidad: siete jueces por cuatro catedráticos y un fiscal.

Es la primera vez que en una renovación del Parlamento entran en el TC tres miembros del Poder Judicial y un solo profesor universitario. Y también es inédito que ninguno de los jueces proceda del Tribunal Supremo, cantera habitual de miembros del Constitucional.

El PP no manejó en febrero la posibilidad de proponer a ningún juez de carrera (ni del Supremo ni de otros órganos) y no lo hubiera hecho de no haber sido por la insistencia del PSOE en la paridad.

El PSOE sí valoró en febrero la posibilidad de llevar al TC a jueces del TS. ¿Por qué no ahora? "No hay ninguna razón especial. Simplemente han cuadrado más otras personas. No es necesario ser magistrado del Supremo para ir al TC", dicen fuentes socialistas.

3. Más mujeres, sin paridad

Por primera vez habrá en el Tribunal Constitucional tres mujeres. Hasta ahora sólo han coincidido dos de ellas en distintas composiciones (María Emilia Casas y Elisa Perez Vera; Encarnación Roca y María Luisa Balaguer).

Es también la primera vez que el PP propone a una mujer. Hasta ahora, todas las juristas que han accedido al máximo órgano de interpretación de la Constitución lo han hecho a propuesta del PSOE o, en el caso de quien llegó a ser la primera vicepresidenta del tribunal, Gloria Begué, a iniciativa de UCD.

Integrado por 12 miembros, el hecho de que tres de ellas sean mujeres sitúa al TC aun muy lejos de la igualdad de género. En el nuevo Tribunal de Cuentas sí habrá paridad y en el actual CGPJ son casi la mitad (nueve de 21).

4. Más penalistas

Dos de los cuatro nuevos miembros del TC son penalistas, Concepción Espejel y Ramón Sáez, que se unirán a Cándido Conde-Pumpido. Arnaldo es experto en Derecho Constitucional y Montalbán, magistrada de lo contencioso-administrativo y especializada en asuntos de igualdad y violencia de género.

"Ya era hora de que se dieran cuenta de que gran parte de los casos más complejos y controvertidos que tenemos que resolver son penales", dice un actual magistrado del TC.   

Con el tercio saliente se va la civilista Encarnación Roca (permanece Juan Antonio Xiol que también es experto en contencioso-administrativo), un catedrático de Derecho Laboral y otro de Filosofía del Derecho (Fernando Valdés y Andrés Ollero; sigue en el TC el laboralista Alfredo Montoya) y un especialista en contencioso-administrativo, Juan José González Rivas.

Aún así, de esa última especialidad hay overbooking: además de Montalbán, continúan en el tribunal los expertos en contencioso-administrativo Santiago Martínez-Vares, Ricardo Enríquez, Xiol y Antonio Narváez (también penalista). 

Tres de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional son especialistas en Derecho Constitucional: Pedro Gonzalez-Trevijano, María Luisa Balaguer y Arnaldo.

5. Recusaciones a la vista

Fuentes del TC han mostrado su preocupación por lo que consideran que será un probable conflicto: las recusaciones de los nuevos magistrados por parte de demandantes de amparo.

Puede ser el caso de Concepción Espejel en los asuntos del 'procés'. La hasta ahora presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional formuló el 21 de octubre de 2020 un voto discrepante de la absolución del mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero. A lo largo de 461 páginas, Espejel sostuvo que Trapero debió ser condenado por sedición por poner a los Mossos al servicio del plan soberanista que desembocó en el referéndum ilegal del 1-O y en la declaración unilateral de independencia.

"Es seguro que los abogados de los implicados en el 'procés' están ya analizando el voto particular por si se desprende que Espejel pudo formarse un prejuicio sobre ellos con los datos que conoció debido al proceso contra Trapero", indican las fuentes consultadas.

Ramón Sáez también juzgó al mayor de los Mossos y, en abstracto, pudo adquirir también prejuicios. En su caso es del todo improbable que le recusen los demandantes, pero sí puede hacerlo Vox, que está personado en algunos de los procesos constitucionales derivados de la condena dictada por el Tribunal Supremo el 14 de octubre de 2019.

Las mismas fuentes ven más dudosas las recusaciones que pudieran basarse en haber sido nombrados vocales del CGPJ a propuesta de los partidos, algo que afecta a todos los nuevos magistrados. Espejel y Arnaldo fueron consejeros del Poder Judicial a propuesta del PP; Montalbán, a iniciativa del PSOE y Sáez, de IU.

El 13 de noviembre de 2015, Espejel fue recusada y apartada del caso Gürtel por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional basándose en que había sido promovida al CGPJ a propuesta del Partido Popular.

La Sala, por contra, rechazó como causa de recusación el hecho de que la expresidenta de la Junta de Castilla-La Mancha y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, asistiera a la imposición de la Cruz de San Raimundo de Peñafort a Espejel y se refiriera a ella en términos cariñosos ("Nuestra querida Concha").

"Pretender que existe una relación de amistad derivada de los términos elogiosos empleados en el acto institucional de imposición de una medalla (otorgada por el CGPJ a la totalidad de sus miembros salientes) es exorbitante e injustificado. Tal terminología es la propia del acto. Las partes recusantes no aportan ni un solo dato personal y objetivo que permita inferir, ni siquiera sospechar fundadamente, que dicha relación de amistad exista. Este motivo de recusación es así desestimado de plano, lamentándose por este Pleno que se haya utilizado un trámite procesal ordinario, como constituye el procedimiento de recusación, para verter en contra de dicha magistrada toda una campaña de desprestigio personal infundado", señaló la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Griñán concedió a Montalbán la Medalla de Andalucía en 2012./ Efe

De aceptarse como causa de recusación la imposición de condecoraciones honoríficas, la cuestión afectaría también a Montalbán, que el 21 de febrero de 2012 recibió la Medalla de Andalucía de manos del presidente socialista de la Junta andaluza José Antonio Griñán (luego condenado por el caso de los ERE).