Un juez investigó sin éxito el robo a punta de pistola de los ordenadores y móviles de la familia Pujol

Los ordenadores y teléfonos móviles de la familia Pujol fueron robados hace un año, en noviembre de 2020, por parte de unos asaltantes encapuchados que encañonaron al conductor de la furgoneta de MRW que los transportaba.

Los aparatos estaban en manos de la Audiencia Nacional y estaban siendo trasladados a Barcelona para entregárselos a los abogados de la defensa: Cristóbal Martell, Albert Carillo y Xavier Melero. Aún no han sido localizados.

Según ha avanzado la cadena de televisión La Sexta, el robo de la furgoneta fue denunciado ante la Policía por la empresa de mensajería MRW.

Los asaltantes se llevaron todos los ordenadores, teléfonos móviles, lápices de memoria y dispositivos informáticos que habían sido incautados en los registros ordenados por la Audiencia Nacional en los domicilios y oficinas del clan Pujol, en el marco de la investigación que dirigía el juez José de la Mata sobre el origen de su fortuna oculta.

La denuncia por el robo de la furgoneta de MRW, que según la denuncia fue perpetrado por cuatro personas pistola en mano, recayó en un Juzgado de instrucción de Madrid, que abrió una investigación que hasta ahora no ha permitido identificar a los asaltantes ni ha arrojado ningún otro resultado.

Juicio al clan

El pasado junio, el otrora molt honorable expresident de la Generalitat Jordi Pujol Soley y sus siete hijos fueron enviados al banquillo de los acusados en una resolución del juez Santiago Pedraz.

El último instructor del caso Pujol abrió entonces juicio oral contra la familia Pujol-Ferrusola (todos excepto la madre, Marta Ferrusola, que fue excluida debido a su estado de salud) ocho años y cinco meses después de que comenzaran las investigaciones judiciales de la ingente fortuna del clan. Un patrimonio que, según la Fiscalía Anticorrupción, consiguieron amañando concursos públicos gracias a la "posición política" que ostentó Pujol durante los 23 años que fue president.

El caso Pujol comenzó en enero de 2013, después de que la Sección Penal Tercera de la Audiencia Nacional estimara un recurso de la Fiscalía Anticorrupción y ordenara al juez Pablo Ruz investigar una denuncia de María Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, sobre las cuentas de la familia en Andorra.

Escrito de defensa

El 18 de octubre de 2020 se conoció el escrito de defensa de Jordi Pujol Soley. En él, relató a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que "nunca" torció su "recto y digno ejercicio" político ni desoyó "el interés general" por motivaciones económicas que favorecieran a él o a sus hijos.

En su escrito, la defensa del expresidente catalán negó todo "ingreso en el patrimonio de sus hijos y esposa que tenga relación causal con un abusivo e ilegítimo ejercicio de su autoridad y potestades públicas".

Para justificar los fondos que su familia mantuvo ocultos en Andorra, el expolítico volvió a asegurar que dichas cantidades respondían a la herencia que le dejó su padre —Florenci Pujol Brugat—, con quien mantuvo una "fuerte vinculación" y a quien produjo una "profunda inquietud y desasosiego" la "inestabilidad política y los riesgos" que su hijo asumió al iniciar su trayectoria política, lo que le llevó a este a dejar de colaborar con su progenitor en la gestión de, entre otras empresas, Laboratorios Fides (antes, Martín Cuatrecasas) o Banca Catalana.