Enrique Zambrano, el abogado en España de Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas, ha señalado al Gobierno por conceder el pasado noviembre el indulto parcial a la granadina, a pesar de tener "pleno conocimiento" de los supuestos abusos sexuales que habría sufrido uno de los dos hijos de la pareja mientras estaban bajo la custodia materna.
Este viernes por la tarde, un duro auto firmado por el juez Manuel Piñar, titular del Juzgado de lo Penal número 1 de la capital nazarí, rechazaba suspender la ejecución de la pena de Rivas, después de que esta fuera sustancialmente reducida por dicho indulto otorgado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Por tanto, de momento, Juana Rivas deberá seguir cumpliendo en el Centro de Inserción Social (CIS) de Granada los nueve meses que restan de su condena.
Lo más relevante de este escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, es que, para oponerse, Piñar ha revelado datos hasta ahora apenas conocidos del caso. El magistrado advierte de que dejar a Rivas en "plena libertad" podría suponer un "grave peligro" para sus dos hijos, que ahora residen con Arcuri en Italia.
¿Por qué? El motivo más contundente que el juez esgrime para denegar la suspensión de la pena es la existencia, expone, de "indicios de abusos sexuales a uno de los menores cuando estaban bajo su custodia".
A pesar de que este caso acabó sobreseído —reconoce el auto—, ya que no pudo identificarse al autor de este supuesto delito, el juez sí considera que "el hecho sigue existiendo", que "tuvo lugar estando el niño bajo la custodia de la madre" y que se produjo "por deficiencias [de esta] en la vigilancia".
"Si un menor está bajo la guarda y custodia de un progenitor y es víctima de unos presuntos abusos sexuales, en la máxima extensión del término —y, en este punto, las imágenes que han llegado a la causa son espeluznantes—, hay indicios de presunta negligencia por desatención de la obligación de velar por él", resume el escrito.
"Es posible que [Juana Rivas] haya sido víctima de malos tratos continuados, como ha manifestado, a pesar de que no existen condenas, pero también es probable que uno de sus hijos haya sido víctima de abusos sexuales por deficiencias en la vigilancia ejerciendo la guarda y custodia, aunque tampoco hay condena", señala uno de los párrafos del auto.
"La madre oculta a los niños"
El juez, en el documento, expone que dichos abusos habrían sido dictaminados por una pediatra y un forense y manifestados por el propio menor. No obstante, este asunto no se habría hecho público para salvaguardar la intimidad del pequeño.
"Al poco de constatarse estos hechos, la madre oculta a los niños, precisamente en el momento en el que la presencia del menor era esencial para la investigación", indica Piñar. "Y sobre este hecho se ha echado tierra encima y se ha soslayado su trascendencia", añade.
"El interés y seguridad de los menores aconsejan que la madre no tenga plena libertad para moverse con ellos, contrariamente a lo que opina la defensa y el fiscal, por imposición de la Fiscalía General del Estado", prosigue.
Asimismo, el juez critica que su Juzgado "ya no sabe (...) cómo hacer que llegue al conocimiento de los restantes tribunales, y, por supuesto del Gobierno, que estando los hijos bajo el cuidado y custodia de la madre, uno de ellos fue abusado sexualmente".
Además, prosigue, "fue en el colegio del menor donde tomaron la decisión de llevarlo al médico; ni siquiera la madre es quien lo hace". Según el auto, no consta que Rivas denunciara los hechos, "como cabe esperar en una madre normal".
"Con toda la contemplación mediática de maltratada, se ha interpuesto una cortina de humo que oculta un presunto grave delito de abuso a un menor y siempre quedará un margen acerca de si la madre hizo todo lo que pudo para descubrir ese delito, porque se supone que debía saber dónde estuvo el niño cuando pudo ser abusado, las personas que pudieron tener acceso a él y, por tanto, el círculo de posibles autores", apostilla.
Todo lo anterior constituye, a ojos del juez, "la verdadera razón" que "crea desconfianza" ante la posibilidad de que Rivas "vuelva a retener a los menores bajo su guarda y que vuelvan a ser puestos en peligro por un deficiente ejercicio".
"No es la persona idónea"
Ahora, tras conocerse el contenido del escrito, el letrado Enrique Zambrano, defensor de Arcuri, ha reconocido en una entrevista al canal de televisión online 7NN que, a lo largo del proceso, "se ha intentado tener la máxima prudencia en cuanto a la difusión" de los supuestos abusos, aunque constan en determinados documentos judiciales del caso.
Zambrano ha reconocido también que, a lo largo de su estrategia de defensa de los intereses de su cliente, ha aludido a este asunto, que, a su juicio, demostraría "que Rivas no es la persona idónea" para cuidar de sus hijos.
Asimismo, ha explicado que estos supuestos abusos se habrían producido "durante los 15 meses que dura la sustracción de los menores" por parte de Rivas, de los cuales "treinta días estuvieron en paradero desconocido".
El letrado ha sido claro a la hora de señalar que el Gobierno "tenía pleno conocimiento" de los presuntos abusos cuando le concede el indulto parcial a Juana. Según ha expuesto Zambrano, Piñar, en su auto, "lo único que ha hecho es reflejar el folio tal y el folio tal de las actuaciones".
La pena
Con esta decisión, el juez rechaza que Rivas abandone el CIS, en el que, así las cosas, deberá permanecer durante los nueve meses restantes de su condena. Sin embargo, contra el auto puede presentarse un recurso ante la Audiencia Provincial de Granada y la defensa de Rivas ha confirmado a este diario que lo interpondrá.
Fue el magistrado Manuel Piñar quien, en 2018, sentenció por primera vez a la granadina. Le impuso cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores, al negarse esta a entregar a los niños a su expareja.
Dicha pena fue ratificada luego por la Audiencia Provincial, pero reducida posteriormente a dos años y medio por el Tribunal Supremo. No obstante, el Gobierno de Pedro Sánchez, a mediados del pasado noviembre, la acortó a quince meses.
Una vez la condena es inferior a dos años y cumpliendo determinados requisitos, el Código Penal prevé que un reo pueda solicitar al Juzgado que suspenda la ejecución de la pena. Y, tras el indulto del Ejecutivo en noviembre, la defensa de Rivas lo pidió. Ha sido este viernes cuando el juez se la ha denegado.
Consultado por este diario acerca de los argumentos del auto, Carlos Aránguez, abogado defensor de Rivas, asegura que los motivos que en él aparecen son "falsos".
En un comunicado difundido por su despacho, también tacha de "increíble", "repugnante" y "abyecto" que el juez "acuse a Juana de permitir o colaborar en abusos sexuales a sus hijos".
Por ello, Aránguez ha anunciado que, próximamente, interpondrá una querella contra Manuel Piñar por prevaricación judicial y calumnias.
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