López Madrid se defiende preguntando por qué él no ha sido exonerado del caso Lezo y Villar Mir sí

López Madrid se enfrenta en este proceso a una petición de pena de seis años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción, superior incluso a lo que se solicita para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, supuesto destinatario de una comisión ilícita que habría gestionado López Madrid. El Ministerio Público le atribuye presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental y fraude a la Administración.

En el escrito de defensa presentado este viernes, el empresario solicita que el fundador del Grupo Villar Mir, Juan Miguel Villar Vir, y su hijo, Juan Miguel Villar-Mir Fuentes, vicepresidente segundo de OHLA, declaren como testigos. También ha propuesto al exministro Eduardo Zaplana, al exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y al empresario David Marjaliza, entre otros.

Juan Miguel Villar Mir fue exonerado de este proceso en octubre de 2020, mientras que su hijo nunca ha sido investigado.

Trabajos en África

López Madrid ha adjuntado documentación con la que pretende acreditar que el pago en una cuenta suiza de 1,8 millones de euros a Lauryn Group, propiedad de Adrián de la Joya, por parte de OHL-México responde a trabajos que Lauryn realizaba para el Grupo Villar Mir con el fin de obtener los derechos de explotación de una mina de manganeso en Burkina Faso.

La Fiscalía sostiene que se trata de "servicios ficticios" y que el grueso de los fondos transferidos tenía como destinatarios finales a Ignacio González e Ildefonso de Miguel, entonces gerente del Canal de Isabel II, quedándose con un tercio del dinero De la Joya.

La acusación pública afirma que López Madrid, "aprovechando su estrecha relación personal con Ignacio González, convino con éste que utilizara su posición preeminente como alto cargo de la Comunidad de Madrid" para asegurarse el contrato, "lo que merced a su intervención personal aconteció, así como el posterior modificado que permitiera a OHL compensar la merma de ingresos".

La tesis acusatoria es que OHL se hizo con la adjudicación gracias a que presentó una oferta a la baja, para luego solicitar una modificación del contrato. La modificación, no obstante, no fue aprobada por la Administración y las obras no llegaron a terminarse.

López Madrid afirma en su escrito de defensa que su puesto de consejero dominical de OHL era "meramente institucional y sin funciones ejecutivas". Por ello, "carecía de poderes que le permitieran actuar en representación de OHL, ordenar pagos o instruir a terceros para que lo hicieran".

Asegura, además, que en aquella fecha "no tenía relación alguna" ni con Ignacio González ni con Ildefonso de Miguel.

Y recuerda que la realización de trabajos de Lauryn en África "fue reconocida en su declaración judicial por Juan Miguel Villar Mir".

"Llama la atención en este punto que ese reconocimiento 'valga' para el presidente de OHL y, sin embargo, 'no valga' para un consejero dominical", se queja.

Escuchas a abogados

El escrito de defensa argumenta varias "vulneraciones" de derechos fundamentales "que impiden la continuación del procedimiento".

Una de ellas es que el caso Lezo tuvo su origen en información dada a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por "fuentes anónimas".

Otra es la mutación del objeto del proceso, alegación basada en que López Madrid fue informado de que se le investigaba por su presunta intervención en el pago de una comisión ilícita como contraprestación por la adjudicación del tren de Navalcarnero. Pero tres años después, en el auto por el que el juez acordó llevar el caso a juicio, "de forma increíble modificó sustancialmente los hechos objeto de imputación, concluyéndose en este segundo momento que la irregularidad ya no habría tenido lugar en fase de adjudicación del contrato administrativo, sino con ocasión de una modificación posterior del mismo" para "compensar las presuntas renuncias económicas".

La defensa, que recuerda que dos periciales judiciales han concluido la inexistencia de irregularidades en la adjudicación, destaca que López Madrid "no fue informado durante la instrucción de esta modificación sustancial de los hechos ni se le dio la oportunidad de declarar en relación con los mismos" o de proponer prueba de descargo.

También alude a que durante la instrucción "se realizaron masivas grabaciones de conversaciones entre investigados y abogados defensores que fueron analizadas y utilizadas por la UCO por su 'interés para la investigación' y por el instructor y el Ministerio Fiscal en los interrogatorios a tales investigados.".

"Sencillamente no es admisible, afirma, "salvo que concluyamos que en el estado actual de las cosas todo vale, de manera que aceptemos que eso del Estado de Derecho que nuestra Constitución proclama en su artículo 1.1 no pasa de ser una mera afirmación de estilo carente de eficacia alguna".

Además del caso Lezo, López Madrid es investigado en el caso Púnica y también por haber contratado al excomisario Villarejo para hostigar a la doctora Elisa Pinto.