El juez lleva al banquillo a López Madrid, Ignacio González y De la Joya por el tren de Navalcarnero

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha abierto juicio oral contra los empresarios Javier López Madrid y Adrián de la Joya, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y otras tres personas en la pieza 3 del caso Lezo, relativa a la adjudicación a OHL del tren Móstoles-Navalcarnero a cambio, presuntamente, de una comisión ilegal.

En una resolución fechada el pasado 4 de junio, el instructor acuerda también realizar una investigación de la capacidad económica de los investigados a efectos de la multa y la responsabilidad civil a la que tendrán que hacer frente en caso de condena, teniendo en cuenta que la comisión ilegal supuestamente pagada ascendió a 1,8 millones de euros.

Los implicados tienen embargadas sus cuentas y bienes en España, aunque López Madrid, consejero de OHL y presidente de Ferrogloble (con sede en Londres) está cobrando retribuciones millonarias fuera de España en cuentas -según su entorno- declaradas a Hacienda, pero no embargadas por el Juzgado.

Penas

En la pieza 3 del caso Lezo, la Fiscalía Anticorrupción pide la pena más alta precisamente para López Madrid, seis años y medio de cárcel.

Para Ignacio González -encausado en otras dos piezas del caso Lezo, la relativa a la compra de Emissao y a la adjudicación del campo de Golf del Canal de Isabel II- Anticorrupción pide 4 años de prisión.

También irán al banquillo dos exdirectivos de OHL, Rafael Martín de Nicolás y Felicísimo Ramos, que se enfrentan a la misma petición de pena que López Madrid; el empresario Adrián de la Joya, para quien se solicita tres años y medio de prisión, e Idelfonso de Miguel, exdirector gerente de Canal de Isabel II, que afronta una petición de 4 años de cárcel.

De acuerdo con el escrito de acusación, la empresa pública Madrid Infraestructura del Transporte (Mintra) adjudicó a OHL el tren a Navalcarnero gracias a que, de las siete empresas que licitaron, obtuvo la máxima puntuación por lo ventajoso de su oferta económica-financiera.

"En realidad", sostiene la Fiscalía, "la presentación de esa oferta obedeció a un plan ideado por Francisco Javier López Madrid y Rafael Martín de Nicolás Cañas consistente en asegurarse la adjudicación inicial y conseguir la posterior autorización de un modificado contractual con el que compensarían la merma de ingresos que suponía esa oferta".

Para lograr ese propósito -adjudicación inicial y posterior modificado- López Madrid y Martín de Nicolás habrían abonado 2,5 millones de dólares -aproximadamente 1,8 millones de euros- como "ilícita comisión" destinada a lldefonso de Miguel Rodríguez e Ignacio González González "a fin de que ejercieran su influencia sobre Jesús Trabada, entonces consejero delegado de Mintra".

Anticorrupción afirma que, además del pago de la comisión, López Madrid y Martín de Nicolás consiguieron los votos favorables necesarios para la adjudicación presentando la oferta económica-financiera más ventajosa. Lo lograron haciendo dos propuestas a la baja (en la tarifa técnica y renunciando a la banda de ingresos mínimos) que, "si bien aparentemente resultaban compatibles con el pliego de condiciones, impedían claramente la normal ejecución de la obra".

"Estrecha relación" con González

"Cuando el concurso todavía estaba tramitándose", añade el escrito de acusación, López Madrid, "aprovechando su estrecha relación personal con Ignacio González González, convino con éste que utilizara su posición preeminente como alto cargo de la Comunidad de Madrid sobre Jesús Trabada para asegurarse la adjudicación del contrato, lo que merced a su intervención personal aconteció, así como el posterior modificado que permitiera a OHL compensar la merma de ingresos".

A tal fin, López Madrid y Martín de Nicolás "acordaron destinar 2,5 millones de dólares de los fondos de OHL para pagar a Ignacio González así como a lldefonso de Miguel, que intervendría como intermediario".

Días después de la adjudicación del contrato, Felicísimo Ramos se encargó de transferir el dinero desde una cuenta de OHL en España a otra del grupo empresarial en México.

Facturas falsas

Para dar cobertura a esa salida de fondos, Ramos, de acuerdo con López Madrid y Martín de Nicolás, habría elaborado dos facturas "por la prestación de servicios ficticios" por la sociedad panameña Lauryn Group, propiedad de Adrián de la Joya.

"Este acusado acordó con López Madrid, con quien mantenía una estrecha relación de amistad, que los fondos transferidos por OHL a México serían finalmente abonados en la cuenta que su sociedad Lauryn tenía abierta en Suiza, a fin de hacérselos llegar a lldefonso de Miguel, para lo cual recibiría una comisión por importe de un tercio de los fondos".

Anticorrupción sostiene que en una fecha indeterminada, pero anterior a julio de 2008, se hicieron llegar a De Miguel fondos en efectivo por un importe entre 2 millones de dólares y 2,5 millones de euros "con los que debía hacer frente al pago de las comisiones ilícitas".

Desconocimiento del reparto

La Fiscalía admite que "al día de la fecha no ha sido posible conocer las circunstancias concretas en que se llevó a cabo el reparto de esas comisiones entre este acusado e Ignacio González".

Dadas las dificultades arrastradas desde la adjudicación del contrato "debidas a las limitaciones económicas de la oferta", López Madrid y Martín de Nicolás pidieron y obtuvieron en octubre de 2010 un nuevo plazo para la ejecución de las obras.

Luego solicitaron una modificación del contrato aduciendo causas imprevistas, "incluyendo ahora las siguientes propuestas económicas que, de haberse incluido en la propuesta inicial, habrían determinado la desestimación de su oferta", señala.

Esa petición no fue aceptada por la Consejería de Transportes "a pesar de la actividad desplegada al efecto por Jesús Trabada". La empresa de OHL adjudicataria, Cercanías Móstoles Navalcarnero, acabó en concurso de acreedores en 2016, "no llegando a ejecutar las obras".