José Manuel Villarejo Gil, hijo del comisario Villarejo, se ha desvinculado de las labores de espionaje que el empresario Juan Muñoz, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, reconoció haber encargado al expolicía en 2017.
En la pieza Pintor, una de las casi treinta que compone la macrocausa Tándem, se enjuicia el supuesto pago por parte de los hermanos Juan y Fernando Muñoz para obtener información sobre un exsocio, Mateo Martín, y poder presionarle así por una deuda.
Asimismo, esta presunta investigación ilícita también se habría dirigido contra el abogado de éste último, el exmagistrado Francisco Javier de Urquía.
Ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Villarejo Gil ha reconocido que, en la época en la que habrían sucedido los hechos, se encargaba de "temas de personal, de bajas y de gestión de alquileres" en Cenyt, una de las compañías de su padre. Y se ha desentendido de cualquier otra labor al respecto.
Preguntado por su defensa acerca de una reunión el 7 de marzo de 2017 en la sede de la mercantil entre el excomisario y los dos empresarios, Villarejo Gil ha limitado su actuación a "conectar un cable" en la sala de reuniones de la oficina.
Juan Muñoz, durante su declaración en el juicio.
"Entré a conectar un cable. Se me pidió que apagase la luz, que se accionaba desde un panel en la puerta principal, fuera de la sala de juntas. No volví a entrar; no tenía sentido que estuviese ahí", ha respondido a preguntas de su letrado.
También ha negado que, antes de abandonar la estancia, lograra ver qué se proyectaba en la pantalla ni quiénes estaban sentados frente a ella. "No me fijé ni en quién había dentro ni en qué estaban haciendo. Entré, conecté y apagué la luz para que se viese la pantalla", ha repetido ante la Sala. "Ni me senté ni intervine", ha declarado.
Asimismo, el hijo del comisario Villarejo, ha negado tajantemente haber colaborado con su padre para entregar información sensible a los Muñoz, a quienes, ha dicho, no conocía personalmente hasta este juicio. "Sólo a Juan, por un día, que le recogí a él y a su señora, y les llevé de un sitio a otro", ha apostillado.
Ha asegurado que tampoco sabía quién era el exjuez Urquía ni sus "problemas con la cocaína ni con la prostitución". Según declaró este lunes Juan Muñoz en la Audiencia Nacional, éste y su hermano pagaron al comisario Villarejo para que investigase al otrora magistrado y a su cliente.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo.
A cambio, el expolicía les habría entregado un vídeo en el que Urquía aparecía esnifando cocaína en un baño junto a prostitutas. También ha negado saber quién era Mateo Martín ni la existencia de supuestos planes para investigarle.
Este martes por la mañana, Villarejo (padre) ha acusado a Muñoz de "vender" a su hijo, considerando "canallesco" que el marido de la famosa presentadora de televisión haya "presionado" para que le impliquen. Asimismo, ha acotado las labores de Villarejo Gil aquel día en Cenyt a "entrar y poner un cable".
El encargo
Este lunes, los hermanos Muñoz —también acusados en esta pieza, como Villarejo padre e hijo— admitieron haber pagado 20.000 euros al excomisario para que espiara al antiguo socio de Fernando, Mateo Martín, y al abogado de éste, Francisco Javier Urquía.
En su primera reunión, Villarejo les habría recordado que Urquía era una persona "con debilidades" y que existía "un video que grabó el CNI".
De acuerdo con el relato de ambos empresarios, Villarejo les proporcionó dos grabaciones al exmagistrado, que fue expulsado de la carrera judicial en 2012 tras ser condenado por prevaricación y cohecho. En ellas se vería a Urquía esnifando cocaína acompañado de prostitutas.
Los hermanos Muñoz han ratificado el acuerdo al que llegaron en octubre de 2020 con la Fiscalía Anticorrupción, que, tras el reconocimiento de los hechos, rebajó a 11 de meses de prisión la petición de pena para cada uno de ellos. Inicialmente, ascendía a ocho años.
Al ser inferior a dos años y carecer ambos acusados de antecedentes, podrán eludir el ingreso en la cárcel; si bien, el pacto se ha suscrito únicamente con el Ministerio Público y no con el resto de las acusaciones populares ni particulares.