La Fiscalía ha destacado este jueves las "demoledoras" y "abrumadoras" evidencias que, a su parecer, constatan la corrupción de la trama Gürtel en el municipio madrileño de Boadilla entre 2001 y 2009.
En estos contundentes términos se ha pronunciado la fiscal Concepción Nicolás, en la primera sesión del año 2022 sobre la pieza Boadilla de la macrocausa, cuando el juicio camina ya a su fin.
Uno de los motivos de esta relativa rapidez es el reconocimiento de los hechos por parte de gran parte de los 24 acusados. Y éste es uno de los elementos que el Ministerio Público ha destacado al valorar la gran cantidad de indicios probatorios que demostrarían que una trama corrupta instalada en el Ayuntamiento de Boadilla aseguraba adjudicaciones a determinadas empresas a cambio de comisiones a dirigentes del Partido Popular.
Todo ello, ha expuesto la fiscal, a pesar de lo complejo de la gran cantidad de entramados financieros, los numerosos implicados en la causa, los "galimatías" al recibir documentación y la falta de colaboración, hasta la etapa final del proceso, por parte de los acusados.
Uno de los que se sumó a esta colaboración tardía con Fiscalía fue el cerebro de la red, Francisco Correa, quien reconoció por escrito los hechos que se le atribuían. El Ministerio Público ha modificado su petición de pena para él: 19 años, frente a los 76 solicitados inicialmente.
La fiscal, este jueves en la Audiencia Nacional.
Sobre el Partido Popular —en la causa como posible partícipe a título lucrativo— y su conocimiento de los hechos enjuiciados, la fiscal ha recordado la declaración del exauditor interno de la formación conservadora, Carlo Lucca: "El PP es una sola persona jurídica y económica, con un solo número en el registro de partidos. Nos dijo que todo se contrata desde [la sede nacional de la madrileña calle] Génova".
Por ello, Concepción Nicolás pide que la formación devuelva más de 200.000 euros como responsable civil. El partido se habría beneficiado con algunas operaciones ilícitas de la trama corrupta, cuyas mordidas habrían sufragado gastos de su campaña.
A César Tomás Martín Morales —exgerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla y exjefe de campaña del PP municipal—, la Fiscalía le acusa de un delito de prevaricación por supuestas adjudicaciones "no motivadas" y contrataciones "arbitrarias" de empresas afines a la red.
Asimismo, Nicolás ha valorado la importancia de los audios grabados en secreto por el exconcejal del PP José Luis Peñas, que destaparon la macrocausa, y que no han sido impugnados por ninguna de las partes.
También ha destacado el "valiente" testimonio del empresario, ya fallecido, Rafael Naranjo, quien confesó haber pagado comisiones en Suiza a cambio de adjudicaciones en varios ayuntamientos madrileños, a pesar del "empleo de todos los mecanismos para dilatar [su declaración], como su incipiente deterioro cognitivo".
Un informe psiquiátrico posterior, ha recordado el Ministerio Público, destacó su discurso como "de estructura lógica coherente, sin alteraciones en el lenguaje ni la conducta".
'El Albondiguilla' "escurre su responsabilidad"
"No se puede apreciar atenuación alguna cuando la confesión es tendenciosa, equívoca y falsa, exigiéndose que no oculte elementos relevantes o incluya algunos diferentes", ha recordado la fiscal, citando una sentencia del Tribunal Supremo.
La de González Panero, a ojos del Ministerio Público, no cumple ninguno de los requisitos. Es más, el exalcalde "escurre su responsabilidad (...), no ha colaborado nada, salvo aquello en lo que no pudo negar", ha censurado la fiscal. Por ello, mantiene la misma petición de pena para él: 40 años y nueve meses de prisión.
Arturo González Panero, 'El Albondiguilla', cuando era alcalde.
"¿Podría negar un tsunami de prueba de 16 acusados? Debió pensar: 'Dado que no lo puedo negar, voy a intentar sacar rédito'", ha argumentado Concepción Nicolás, criticando duramente la confesión del 3 de noviembre de 2021 —fue el último de los acusados— de El Albondiguilla.
Y ha afeado que Panero negara algunas competencias en las labores de contratación que los interventores reconocieron, posteriormente, que sí correspondían al alcalde.
El 'making of' de la corrupción
De todas las confesiones, salvo la de este último, la fiscal ha insistido en su "suficiencia probatoria". "Se ha producido una corroboración de todos los extremos y constatado la ausencia de motivos espurios", ha añadido. Ninguna otra prueba, ha apostillado, las ha contradicho.
Estos testimonios, plasmados por escrito y que la fiscal califica de "valiosísimos", unidos a "los audios, los testimonios grabados o correos que no han sido impugnados, ponen de manifiesto el making of de la contratación" fraudulenta en este consistorio, ha indicado la fiscal anticorrupción.
"Complejidad" de la causa
Concepción Nicolás ha negado las "dilaciones indebidas" en un proceso que ha tachado de complejo, en el que se han practicado peticiones de información (comisiones rogatorias) a once países y en el que "no ha habido colaboración hasta un momento muy reciente".
Además de González Panero, han reconocido los hechos Francisco Correa, Pablo Crespo, los empleados de empresas de Correa José Luis Izquierdo, Isabel Jordán y Javier Nombela.
También lo hicieron el exjefe de Campaña del PP de Boadilla César Tomás Martín Morales, el exdiputado popular Alfonso Bosch Tejedor y los empresarios Alfonso García-Pozuelo, José Luis Ulibarri, José Luis Martínez Parra, Rafael Martínez Moliero y Jacobo Gordon Levenfeld.
Igualmente, entre los que han confesado se encuentran los asesores del entramado José Ramón Blanco Balín y Luis de Miguel Pérez.
"No nos interesan las motivaciones de cada uno [para confesar]; esto no es un auto sacramental. Como dice la jurisprudencia, no es ningún problema que la expectativa de obtener una rebaja de la pena sea lo que motive —si es eso lo que lo motiva— dichas confesiones", ha añadido. "Quiero constatar que en ningún caso el fiscal ha inducido qué tiene que reconocer cada uno de los acusados", ha apuntado.
Rebaja de penas
Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción ha modificado sus conclusiones en la pieza Boadilla de la trama Gürtel. Para el cerebro Correa y su número dos Pablo Crespo (exsecretario de Organización del PP de Galicia) sí suprime el delito de asociación ilícita, por el que ya han sido condenados en 2017 en otra pieza de la macrocausa. También elimina la inhabilitación especial por el delito de cohecho para ambos.
Por ello, junto a la atenuante de confesión, para el líder de la trama pide ahora 19 años. Inicialmente, solicitaba 76. Para Crespo, 16 (frente a los 64 previos).
Además, este jueves, en la Audiencia Nacional, la fiscal ha reiterado la retirada de su acusación contra la administradora de sociedades Carmen García Moreno, así como para José Galeote (tras el auto de sobreseimiento de la causa para él por su deterioro senil) y para el ya fallecido Rafael Naranjo.
También ha indicado que su nuevo escrito recoge el abono de 160.000 euros por parte del empresario José Luis Ulibarri en 2017, pago derivado de un delito fiscal por su declaración del IVA en 2006. Asimismo, Fiscalía reconoce la reparación del daño en el caso de todos aquellos que hayan satisfecho monetariamente su responsabilidad civil.
El PP
En esta pieza, el Partido Popular aparece como presunto responsable civil como partícipe a título lucrativo (es decir, como beneficiado del delito ajeno sin haberlo cometido) por 204.198 euros de la trama de Boadilla.
En su declaración a mediados del pasado diciembre, el inspector de Policía Nacional Manuel Morocho, encargado de liderar la investigación sobre la trama Gürtel como parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), aseguró que la red corrupta financió actos del PP en la campaña autonómica de 2003.