Los indultos del 'procés' aún perseguirán a Pedro Sánchez: PP, Vox y Cs irán al Tribunal Constitucional

La concesión de indultos parciales a los nueve condenados del 'procés' sentenciados a penas de cárcel aún puede tener recorrido en los tribunales. El Partido Popular, Vox y Ciudadanos han anunciado que pedirán el amparo del Tribunal Constitucional contra la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de cerrar la puerta a la revisión de la legalidad de esas medidas de gracia.

La Sección Quinta de la Sala ha decidido inadmitir todos los recursos interpuestos contra los indultos, según adelantó EL ESPAÑOL. Queda, así, sin ser juzgada la corrección legal de unos indultos a cuya concesión se opuso la Sala Penal del mismo Tribunal Supremo.

La decisión, adoptada por tres votos frente a dos, se basa en la restrictiva doctrina del Tribunal Supremo sobre la legitimación activa en la jurisdicción contencioso-administrativa, doctrina que la Sala Tercera se encargó de recordar recientemente en el caso de los recursos contra la designación de Dolores Delgado como fiscal general.

De acuerdo con esa jurisprudencia, únicamente pueden recurrir ante los tribunales contencioso-administrativos los titulares de un derecho o un interés legítimo, propio y directo. La mayoría de la Sección (los magistrados Segundo Menéndez, Octavio Herrero y Ángeles Huet, esta última ponente) considera que ninguno de los que han impugnado los indultos obtendría con la eventual estimación de sus recursos una ventaja o evitaría sufrir una desventaja o padecer un perjuicio efectivo.

A ello se une la naturaleza política y discrecional de las medidas de gracia, para cuya concesión el Gobierno dispone de un amplio margen.

Los indultos del 'procés' fueron recurridos por personas a título individual como Enric Millo, ex delegado del Gobierno en Cataluña; la asociación Pro Patrimonio Sijena, Conciencia Cívica Catalana, el Partido Popular, Vox, los dirigentes de Ciudadanos Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa y José María Espejo-Saavedra y los exdiputados del PP en el Parlamento de Cataluña Alejandro Fernández, Santiago Rodríguez, Andrea Levy, Juan Bautista Milian y Lorena Roldán.

Los partidos

La doctrina de la Sala ha negado tradicionalmente que la función política que ejercen los parlamentarios y sus partidos sea suficiente, por sí sola, para que estén legitimados para impugnar cualquier acto que tenga relevancia pública porque ello equivaldría a concederles una "legitimación universal" de carácter político que no está prevista en la ley.

El Supremo exige que el acto cuestionado afecte directamente a la esfera de los derechos e intereses propios del partido o del parlamentario. La mayoría de la Sección no ha considerado que el hecho de que los exdiputados catalanes del PP y Ciudadanos vieran atropellados sus derechos parlamentarios durante el proceso secesionista de octubre de 2017 les permita invocar un interés propio para recurrir los indultos porque ese atropello no fue el objetivo de la acción delictiva por la que los indultados fueron condenados.

Para el magistrado Fernando Román, en cambio, la circunstancia de que la Sala Penal incluyera en los hechos probados de su sentencia que los diputados de la oposición en el Parlamento catalán vieron vulnerados sus derechos durante las cruciales jornadas del 6 y 7 de septiembre de 2017, en las que se aprobaron las llamadas leyes de ruptura, les confiere un innegable interés legítimo para impugnar el perdón de una condena que fue impuesta, entre otros, por esos hechos.

El magistrado Wenceslao Olea, por su parte, consideró que la legitimación debía ser examinada en sentencia, junto con el fondo del asunto, y no ahora.

La resolución se conocerá en unas semanas, pero tanto el PP como Vox y Ciudadanos ya han anunciado que llevarán al Tribunal Constitucional la negativa del Supremo a reconocerles legitimación.

"Decepcionante"

El portavoz del PP en materia de Justicia, Enrique López, ha considerado "decepcionante" la decisión del alto tribunal, "basada en una interpretación estricta" de la legitimación "que limita el derecho al recurso" contra el indulto "a los golpistas".

López criticó las medidas de gracia porque "dejan de aplicar unas penas importantes" a condenados "que no han pedido perdón y se jactan de que lo volverán a hacer".

Edmundo Bal, de Ciudadanos, señaló que "los españoles se merecen una decisión de fondo sobre un asunto tan relevante". "Seguimos pensando que los indultos son un acto contrario a la igualdad entre los españoles y al Estado de Derecho", ha añadido.