Cinco de los 21 vocales del Consejo General del Poder Judicial creen que este órgano ha actuado "como si se tratase de una tercera cámara legislativa" en el informe en el que ha valorado de forma muy crítica el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobado ayer jueves por una mayoría de 15 votos.
Los consejeros propuestos por el PSOE Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda, así como la propuesta por IU, Concepción Sáez, afirman en un voto discrepante que el informe del CGPJ "incurre en una extralimitación del contenido tradicional de los informes y de lo que debe ser la función informadora, dentro de la debida y leal colaboración de poderes constitucionales".
"La mayoría del CGPJ en su informe, como si se tratase de una tercera cámara legislativa, realiza una forzada y poco constructiva intromisión en aspectos del articulado del texto sometido a su consideración, con apriorismos y juicios de intenciones exageradamente críticos impropios de la función institucional informadora [y] abordando un conjunto de cuestiones y enunciados normativos del anteproyecto de absoluta disponibilidad del legislador (...), adentrándose en consideraciones políticas o económicas que no le corresponden".
A su juicio, la iniciativa legislativa "en ningún caso desconoce o niega" las competencias de las comunidades autónomas en materia de vivienda. Y esas competencias "no las deja blindadas ante el Estado, que también tiene sus obligaciones en relación al artículo 47 de la Constitución", afirman.
"No existe un blindaje constitucional de la comunidades autónomas en materia de vivienda susceptible de impedir el reconocimiento de las competencias del Estado sobre las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos constitucionales y sobre la coordinación general de la planificación económica del llamado subsector vivienda", añaden.
Respecto a la limitación de las rentas de los alquileres, sostienen que el sistema previsto por el legislador, "acoge mecanismos regulatorios utilizados en países de nuestro entorno, lo que no desnuda al contenido esencial del derecho de propiedad sobre los inmuebles residenciales de sus rasgos definitorios". Lo que el anteproyecto hace es "incorporar la función social que modula el contenido del derecho de propiedad, constitucionalmente entendido".
El texto del Gobierno, afirman, "se mueve dentro de los cánones que contempla la doctrina constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para validar las medidas de intervención del mercado inmobiliario residencial, por cuanto no hace irreconocible el derecho de propiedad ni niega su utilidad económica y no conlleva cargas desproporcionadas y excesivas. Ofrece, por tanto, un equilibrio justo y una
relación razonable entre los medios empleados y la finalidad perseguida".
Voto concurrente
Por su parte, los vocales Juan Martínez Moya y Juan Manuel Fernández han formulado un voto concurrente en el que enfatizan la intervención del Consejo General del Poder Judicial en el ámbito de la coordinación interinstitucional para lanzamientos de vivienda familiar e implantación de medidas de carácter social.
Tras señalar que el CGPJ ha impulsado numerosos convenios de colaboración con comunidades autónomas y Federaciones de Municipios y Provincias para la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión de lanzamientos de viviendas, los dos consejeros comparten la crítica al anteproyecto: "si bien aspira a mejorar las normas de procedimiento que pueden llevar aparejado el lanzamiento del demandado, coincidimos en que no parece que vayan a solventar la problemática ejecutiva que se presenta en estos casos".
Comparten que la futura ley creará conflictos a decidir por los Juzgados Civil y censuran que "se 'cargue' al propietario -que puede ser una persona física igualmente vulnerable- y no la Administración con el coste de mantener la ocupación normalmente arrendaticia sin pago de renta alguna durante un largo periodo".
"También compartimos la crítica sobre la prolija regulación de trámites y plazos procesales que pueden dilatar esas situaciones", añaden los vocales, que defienden que era necesario que el informe del CGPJ completara ese reproche con "dos precisiones que consideramos necesarias poner de manifiesto: en primer término, las concernientes a las medidas alternativas a adoptar frente a esa situación de 'carga' al propietario y, en segundo lugar, para destacar y contextualizar el relevante papel al que están llamados a realizar los servicios sociales asistenciales de las Administración Públicas con la debida coordinación interinstitucional con los Tribunales en las situaciones de vulnerabilidad".
En cuanto a las medidas alternativas, indican, "nos referimos a que se contemple un mecanismo adecuado, coherente y sostenible para que la protección a las personas vulnerables o en riesgo de exclusión social resulte efectiva y las soluciones de habitabilidad sean asumidas por las Administraciones públicas. Para ello habría sido preciso que el impacto económico de esta iniciativa legislativa fuera considerado y previsto".
Con relación al deber de coordinación interinstitucional, consideran que habría que haber incluido una alusión "señalando la obligación de adoptar las medidas necesarias para superar los problemas de la falta de coordinación entre las decisiones judiciales y las acciones de los servicios sociales en los procedimientos de desahucio de la vivienda habitual cuando afecta a hogares especialmente vulnerables".