El policía que investigó a Villarejo duda que fuese agente encubierto y ve que "abusó de su condición"

El inspector jefe de Asuntos Internos (AI) Gonzalo Fraga ha continuado este lunes declarando como testigo en la Audiencia Nacional en el marco del caso Tándem-Villarejo. Ante el tribunal, este miembro de la unidad policial que investiga las conductas ilícitas de agentes del propio Cuerpo ha puesto en duda el estatus de agente encubierto del comisario José Manuel Villarejo, hoy jubilado y principal imputado en esta macrocausa.

Fraga, que ha testificado con obligación de decir la verdad durante más de siete horas, ha relatado que, durante la investigación abierta sobre las supuestas actividades ilegales de Villarejo, no ha localizado "ninguna resolución judicial ni del Ministerio Fiscal que le habilite para actuar como agente encubierto". Por ello, ha indicado, el excomisario no estuvo "sometido a control judicial" en los hechos que se enjuician.

Tal y como publicó este diario, Villarejo, en su declaración del 14 de enero ante el mismo tribunal, narró que, a su regreso a la Policía en 1993, gozó del estatus de agente encubierto. Y, según dijo, el Ministerio del Interior de la época —y los sucesivos— usaron sus empresas particulares como "tapadera" en varios "servicios al Estado".

"No digo que no sea un agente encubierto; no conozco toda su carrera profesional", ha matizado Fraga. Pero "la actuación que realiza [en los hechos investigados en este juicio] es diametralmente opuesta a la de un agente encubierto y no tiene ni siquiera puntos en común", ha manifestado a preguntas de uno de los fiscales anticorrupción del caso, Miguel Serrano.

En algunos de los hechos investigados, José Manuel Villarejo "se identifica como Pepe Villarejo y factura a través de empresas en las que su administrador único es su mujer", ha indicado el agente para ejemplificar este comportamiento poco afín a la condición de agente encubierto.

"Captaba confidentes"

Las actuaciones policiales de Villarejo entre 2013 y 2014 que Gonzalo Fraga sí da por constatadas son las de "captación de información de interés, a través de fuentes humanas... Manejo de confidentes". "Principalmente, sus funciones se orientaban a eso", ha matizado.

Actualmente, se enjuician a la vez tres piezas separadas de la macrocausa Tándem, apodada como caso Villarejo. Se trata de Iron, Land y Pintor. La primera de ellas aborda el supuesto encargo de un despacho de abogados de espiar a un bufete rival. La segunda, las labores del comisario en la disputa en el seno de la familia Cereceda por la herencia del fallecido patriarca. En ambos casos, Villarejo era, por entonces, policía; aún no se había jubilado.

Por tanto, según se desprende de la investigación de Asuntos Internos, el entonces comisario "asumió encargos en el marco de sus actividades privadas" y que eran "ajenos" a sus "funciones públicas y al control policial", ha indicado Gonzalo Fraga.

Asimismo, atribuye a Villarejo un "abuso de su condición policial", ya que el hoy excomisario trasladó a sus clientes su cercanía con el Cuerpo.

"En las primeras reuniones [de la pieza Iron], la condición policial de Villarejo sobrevuela el encuentro, aunque él es ambiguo y no termina de aclarar si está en activo o no", ha indicado Gonzalo Fraga. "Pero les dice que conseguir tráficos de llamadas es complicado y que a la gente hay que untarla [sobornarla]", ha añadido el policía durante su declaración. "Otras veces, en Land, habla del gremio y de su condición policial", ha indicado.

Algunos de esos datos reservados se habrían facilitado tan sólo verbalmente, sin documentos, y a sabiendas de que se han obtenido ilegalmente, según ha explicado el agente de Asuntos Internos. "Lo que se ofrece [por parte de Villarejo] es lo que hemos podido acreditar que se ha obtenido realmente; hay una correspondencia total", ha añadido.

A su vez, Fraga ha indicado que la Unidad de AI, durante su investigación, halló "notas informativas en papel y digital" que Villarejo trasladaba a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) del Cuerpo Nacional de Policía. Eran documentos "sin intención de ser incorporados a un procedimiento judicial", sino información trasladada por "fuentes humanas". "Captaba confidentes", ha indicado.

Gestionar empresas como policía

El fiscal Serrano también ha interrogado a Gonzalo Fraga por el informe de compatibilidad elaborado en 2015 que dio el beneplácito a que Villarejo compaginase su función policial con la gestión de las empresas de su grupo, Cenyt. El documento concluyó que dicho entramado societario era para gestionar su patrimonio familiar, la excepción que permite a los agentes y otros funcionarios ser titulares de mercantiles.

Sin embargo, para Fraga, no resulta posible aplicar esta excepción al caso de Villarejo, ya que Cenyt se dedicaba a labores de inteligencia, como promocionaba en su propia web. "Seguramente no se podían compatibilizar", ha sugerido. Algunas compañías del grupo manifestaban abiertamente su cercanía con la Administración de Justicia y los cuerpos de seguridad del Estado. "Comercializaban datos fuera del mercado, (...) vedados para otros", ha declarado el agente.

Por ello, Gonzalo Fraga opina que el inspector José Ángel Fuentes Gago redactó este documento como un "mecanismo de reacción" contra las noticias que empezaron a publicarse en prensa a partir de 2015 sobre Villarejo y sus actividades mercantiles.

El ahora comisario jubilado declaró en sesiones anteriores del juicio que creía que ese informe fue encargado directamente por el ministro de Interior de la época, Jorge Fernández Díaz. "Yo no sé lo que motiva ese informe, que creo que es posterior a que se cite en los periódicos a Villarejo en informaciones sobre su patrimonio", ha reconocido Gonzalo Fraga, quien, en todo caso, ha recalcado que es una "opinión, no una certeza".

Villarejo afronta 109 años de cárcel en este triple juicio y defiende que Cenyt era una estructura conocida y autorizada para realizar "servicios al Estado". La Fiscalía Anticorrupción recalcó en las primeras sesiones que, aunque así fuera, lo "intolerable" es que el hoy excomisario se haya lucrado con ello.

"Vamos a arañar pasta"

Asimismo, Fraga ha recordado las grabaciones que constatan las conversaciones entre Villarejo y Enrique García Castaño, otro comisario de Policía, que desempeñó la dirección de la Unidad Central Adjunta Operativa (UCAO) desde 2007 a 2017.

Este último, apodado El Gordo, también se sienta en el banquillo como presunto miembro de la red que habría hecho negocio con información reservada. La Fiscalía Anticorrupción pide más de 80 años de prisión por dos de estas tres piezas separadas que se enjuician conjuntamente.

Según Gonzalo Fraga, dichos audios demuestran que "ambos hablan, de forma clara, de comercializar datos". E incluso lamentan que "una vez que te vas de la Policía, ya no te dan datos". Por ello, Villarejo manifiesta en una de esas grabaciones que los dos policías aún tenían "unos añitos" para "arañar pasta" antes de abandonar el Cuerpo.

Sin embargo, a partir del rastreo de las cuentas bancarias de García Castaño, Asuntos Internos no ha podido constatar si hubo una "compensación" por parte de Villarejo a El Gordo a cambio de datos reservados. El exUCAO, en el juicio, aseguró que nunca facilitó información policial reservada a su compañero.

Pero la investigación sí arrojó constantes comunicaciones entre la Unidad Central Adjunta Operativa y la madrileña Torre Picasso, domicilio social de Cenyt. De las indagaciones también se desprende que García Castaño contó con una "nómina ajena a la Policía", gracias a "reiterados" ingresos en efectivo "que se prolongan en el tiempo" en sus cuentas y cuyo origen se desconoce.

'Iron', 'Land' y 'Pintor'

En la pieza Iron, una de las casi treinta que compone la macrocausa Tándem, se enjuicia el supuesto encargo efectuado en 2013 a Villarejo por un despacho de abogados para espiar a un bufete rival, constituido por algunos extrabajadores.

En Pintor, el pago por parte de los hermanos Juan y Fernando Muñoz (marido y cuñado, respectivamente, de la presentadora Ana Rosa Quintana) para obtener información sobre un antiguo socio, Mateo Martín, y poder presionarle así por una deuda.

Asimismo, la supuesta investigación ilícita también se habría dirigido contra el abogado de éste último, el otrora magistrado Francisco Javier de Urquía. El matiz en Pintor es que se enjuician hechos de 2017, un año después de que Villarejo se jubilara, por lo que ya no era policía. Sin embargo, habría enseñado a sus clientes un vídeo sexual en el que Urquía aparecía consumiendo cocaína.

La pieza Land tiene por objeto otro encargo de espionaje en 2013, con la disputa en el seno de la familia Cereceda por la herencia del fallecido patriarca, promotor de la urbanización de lujo La Finca, como telón de fondo.

"De los proyectos Iron, Land y Pintor [elaborados por Villarejo] no se desprende ningún interés para la Policía ni para el Estado", ha concluido este lunes Gonzalo Fraga su largo interrogatorio como testigo en la Audiencia Nacional.