La declaración del inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional Gonzalo Fraga está suponiendo una enmienda casi total a la defensa del comisario José Manuel Villarejo.
Este miércoles, este agente, encargado de investigar las conductas ilícitas de los miembros del Cuerpo, ha asegurado en la Audiencia Nacional que no tiene constancia de que las empresas propiedad del comisario se usaran "más allá" de los encargos privados que engordaron el "patrimonio personal y familiar" de Villarejo.
En su declaración como testigo en el marco del caso Tándem, con obligación de decir la verdad, Gonzalo Fraga no ha podido confirmar que las mercantiles del comisario fuesen utilizadas en operaciones policiales contra la trama Gürtel, en el caso Malaya o en la llamada Operación Cataluña.
"No he visto la utilización de Cenyt [el entramado propiedad de Villarejo] y de esas sociedades más allá de para asumir los encargos de estos clientes", ha declarado Fraga a preguntas del letrado del comisario, Antonio José García Cabrera.
Actualmente, se enjuician a la vez en la Audiencia Nacional tres piezas separadas de la macrocausa Tándem, apodada como caso Villarejo. Se trata de Iron, Land y Pintor. La primera de ellas aborda el supuesto encargo en 2013 de un despacho de abogados de espiar a un bufete rival. La segunda, las labores del comisario entre 2013 y 2014 en la disputa en el seno de la familia Cereceda por la herencia del fallecido patriarca. En ambos casos, Villarejo era, por entonces, policía; aún no se había jubilado.
Tal y como declaró este martes Fraga, según se desprende de la investigación de Asuntos Internos que él coordinó, el entonces comisario "asumió encargos en el marco de sus actividades privadas" que eran "ajenos" a sus "funciones públicas y al control policial". Por ello, atribuyó a Villarejo un "abuso de su condición policial". Y recordó que la cercanía con el Cuerpo del acusado que da nombre a este caso "ha sobrevolado" los encargos privados que se enjuician.
"Había una vinculación entre que hubiera una detención y que Villarejo ganara dinero con Cenyt", comentó este martes el funcionario de Asuntos Internos, tras narrar que existió "una prima" de 300.000 euros en uno de los proyectos asumidos por comisario si ese arresto se producía. En total, por los hechos de estas tres piezas, habría obtenido más de 600.000 euros.
Por su parte, en su declaración como acusado del pasado 14 de enero, Villarejo narró que, a su regreso a la Policía en 1993, gozó del estatus de agente encubierto. Y, según dijo, el Ministerio del Interior de la época —y los sucesivos— usaron sus empresas particulares como "tapadera" en varios "servicios al Estado". Estos dos fueron los pilares de su defensa, que el inspector de Asuntos Internos pone ahora en duda. Por ello, el letrado de Villarejo ha vuelto a reclamar la desclasificación del material reservado para tratar de confirmar su tesis de que actuaba en beneficio del Estado.
Este miércoles, Gonzalo Fraga ha continuado su declaración, en los mismos términos que las tres jornadas previas, en otra larga testifical de más de ocho horas. Y el inspector jefe ha recordado que, en el marco de la pieza Iron, Cenyt presentó, en nombre de sus clientes, una denuncia tanto en sede policial y judicial, pero que contemplaba el cobro a su cliente de una "prima de éxito" por el resultado final. Fraga ha tachado este comportamiento de "instrumentalización".
Asimismo, el agente de Asuntos Internos ha confirmado varios accesos a ficheros policiales por parte de miembros de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) para obtener unos datos vinculados a los objetivos de los encargos de Villarejo, quien no contaba con claves propias para acceder a estas bases de información.
Un estatus "singular"
El letrado García Cabrera, no obstante, ha repuesto que distintos jefes policiales desde los años 90, como Agustín Linares, Pedro Díaz-Pintado o Eugenio Pino, conocían la estructura empresarial del comisario para dar cobertura a sus investigaciones oficiales.
El inspector jefe de la UAI ha repuesto que ve "lógico" pensar que, si Villarejo era "un comisario sin comisaría", con un estatus "singular" dentro del Cuerpo, "de alguna manera sus superiores jerárquicos tenían que saber que estaba en otro lugar", incluso que tenía una actividad empresarial.
"Lo que no sé es si tenían el detalle de los servicios que prestaba a sus clientes", ha remarcado, tras confirmar que "el patrimonio personal y familiar de Villarejo crece y se nutre de esa actividad privada".
Cenyt, ha indicado Fraga, se estructura en "varios niveles" con sociedades que se alimentan unas a otras, pero cuyo "titular real" en todos los casos es el comisario. "Lo que pasa es que hay que dar varios pasos para llegar al nombre de José Manuel Villarejo", ha aseverado.
En las "más de cien" cuentas bancarias relacionadas con el conglomerado mercantil que la UAI ha investigado en esta causa, sólo se han detectado "entradas de pagos de clientes y salidas hacia inversiones" del propio Villarejo o al "mantenimiento" de la propia estructura empresarial. No obstante, ha matizado, el examen financiero en el caso Tándem aún no ha finalizado.
'Iron', 'Land' y 'Pintor'
La Audiencia Nacional juzga conjuntamente tres piezas de la treintena que componen la macrocausa Tándem. En Iron, se enjuicia el supuesto encargo efectuado en 2013 a Villarejo por un despacho de abogados para espiar a un bufete rival, constituido por algunos extrabajadores.
En Pintor, el pago por parte de los hermanos Juan y Fernando Muñoz (marido y cuñado, respectivamente, de la presentadora Ana Rosa Quintana) para obtener información sobre un antiguo socio, Mateo Martín, y poder presionarle así por una deuda.
Asimismo, la supuesta investigación ilícita también se habría dirigido contra el abogado de éste último, el otrora magistrado Francisco Javier de Urquía. El matiz en Pintor es que se enjuician hechos de 2017, un año después de que Villarejo se jubilara, por lo que ya no era policía. Sin embargo, habría enseñado a sus clientes un vídeo sexual en el que Urquía aparecía consumiendo cocaína.
La pieza Land tiene por objeto otro encargo de espionaje en 2013, con la disputa en el seno de la familia Cereceda por la herencia del fallecido patriarca, promotor de la urbanización de lujo La Finca, como telón de fondo.
"De los proyectos Iron, Land y Pintor [elaborados por Villarejo] no se desprende ningún interés para la Policía ni para el Estado", indicó este martes el inspector jefe Gonzalo Fraga en la Audiencia Nacional.