El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado la apertura de juicio oral contra el empresario chino Gao Ping, el actor porno catalán Nacho Vidal y otras 101 personas en el marco del caso Emperador.
Según un auto, fechado este martes y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, esta supuesta trama corrupta, a la que el magistrado considera una "compleja macroorganización criminal de carácter internacional", desarrolló una "actividad sistemática" de fraude fiscal y blanqueo de capitales entre 2010 y 2012. Todo ello, bajo el liderazgo absoluto de Gao Ping, quien no dudaba —según Anticorrupción— en usar la fuerza física o la violencia para conseguir sus fines.
Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, atiende a los escritos de acusación de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado por los delitos de organización criminal, cohecho pasivo, cohecho activo, amenazas, detención ilegal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil, tenencia de moneda falsa y contra la propiedad industrial.
El actor porno Nacho Vidal.
A Ignacio Jordá González, nombre real de Nacho Vidal, la Fiscalía le acusa de tres delitos: de organización criminal (como partícipe), como autor de un ilícito de blanqueo de capitales y otro continuado de falsedad en documento mercantil. Por todos ellos, el Ministerio Público solicita un total de once años de cárcel, así como una multa que supera los 50 millones de euros. Para Ping, pide 47 años de prisión.
El magistrado también manda al banquillo al empresario Rafael Pallardó y su pareja. Esta última es la hermana de Nacho Vidal. Los tres, supuestamente, emplearon una empresa del actor de cine para adultos con el objetivo de evadir dinero de la trama.
Asimismo, el juez ha impuesto cuantiosas fianzas para varios de los procesados en concepto de multas y costas. En el caso de Gao Ping, de unos 103 millones de euros, misma cantidad que a dos de los principales miembros de la red, Lizhen Yang (esposa del cabecilla) y Weizhen Yang. A Nacho Vidal, 66.675.307 euros, a los que debería hacer frente en el plazo de diez días o el Juzgado embargará sus bienes.
Además, tanto Ping como los Yang, junto con otros diez acusados, deberán garantizar de forma solidaria, en concepto de responsabilidad civil, la suma de 22,4 millones de euros. Ahora, los más de cien procesados serán juzgados por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
La red corrupta
El juez Calama, en su auto de transformación a procedimiento abreviado con el que finalizó la instrucción de la Operación Emperador, exponía que, a partir de los registros efectuados, las declaraciones oídas, los informes periciales solicitados y las intervenciones telefónicas, "aparecen indicios racionales para considerar que los encausados forman parte de una compleja macroorganización criminal de carácter internacional, encabezada por Gao Ping y compuesta de sucesivos grupos y escalones perfectamente estructurados y jerarquizados".
El "único" y "común propósito", apuntó el juez en julio de 2020, era el de desarrollar una "actividad sistemática de fraude fiscal y blanqueo de capitales", mediante sociedades pantalla y el empleo de testaferros, así como confeccionando facturas falsas y pasaportes, "necesarios para dar soporte a estas actividades delictivas".
Esta organización criminal, desmantelada en 2012 por la Policía, se habría estructurado en un primer gran bloque, compuesto por ciudadanos chinos afincados en España que importaban a gran escala unos mil contenedores anuales de artículos de bazar fabricados en su país y que distribuían a través de 39 sociedades meramente instrumentales, con el único propósito de eludir el pago de impuestos a la Hacienda Pública.
Para ello, registraban un número menor de artículos que los que verdaderamente entraban en España y declaraban otro tipo de productos distintos a los reales. Ese material, posteriormente, se centralizaba en naves industriales como las del Polígono de Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) y en la localidad toledana de Seseña. Desde ahí, era distribuido a sus clientes, que estaban repartidos en todo el territorio nacional. Esta primera trama de la red transfería mensualmente a cuentas bancarias extranjeras entre 4 y 5 millones de euros.
Las mercancías se cobraban en efectivo, lo que generaba a la organización "una inconmensurable cantidad de dinero en metálico" que posteriormente enviaban a China, "fuera de los cauces legalmente establecidos, a fin de evitar su oportuna declaración y el consiguiente pago tributario".
Asimismo, la trama contaba con intermediarios que contactaban con terceras personas que tenían dinero en paraísos fiscales y buscaban repatriarlo sin declararlo al fisco. La red de Ping les habría facilitado fondos en metálico a cambio de que estos individuos abonasen, desde sus offshore, la misma cantidad a las cuentas que el cabecilla de Emperador tenía en el país asiático.