La Fiscalía Anticorrupción ha acordado abrir unas diligencias para investigar el contrato adjudicado por la Consejería de Sanidad de Madrid a una empresa próxima a la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, y a su hermano Tomás, el cual se benefició de una comisión de, al menos, 55.000 euros.

Anticorrupción iniciará averiguaciones sobre la adjudicación, por el procedimiento de emergencia, de un contrato de adquisición de mascarillas por un importe de 1,5 millones de euros a la empresa Priviet Sportive, cuyo objeto social es la confección y venta de artículos textiles. La sociedad pertenece a Daniel Alcázar, amigo de los hermanos Díaz Ayuso, y recibió la adjudicación directa el 1 de abril de 2020. 

La Fiscalía considera que, aunque en las denuncias "no se terminan de formular imputaciones concretas, sí se expresan claras reservas sobre la legalidad de la adjudicación y del papel que en ella habría desempeñado el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid".

Por ello, y "no obstante esta falta de concreción", considera procedente la práctica de algunas diligencias que, "sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados".

Ello se acuerda, según figura en el decreto firmado este martes por el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, "por la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución" y, en segundo lugar, "por la indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos descritos en las denuncias, que se refieren a la, sin duda, necesaria y urgente compra de mascarillas en un momento singularmente difícil para la población madrileña".

Sin indicios sobe Ayuso

La investigación se desarrollará en la Fiscalía Anticorrupción y no en la Fiscalía del Tribunal Supremo, ya que Luzón no aprecia "en estos momentos" indicios que apunten a la presidenta del Gobierno de Madrid, aforada ante el alto tribunal en virtud del Estatuto de Autonomía de la comunidad autónoma.

El decreto explica que "por lo que se refiere a Isabel Díaz Ayuso, los denunciantes proponen distintas hipótesis sobre su eventual participación en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios".

"Estas hipótesis", añade, "se sustentan en una secuencia de hechos que, en estos momentos, no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo, pues no constituyen 'indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada', en el sentido que exige la consulta 1/2005 de la Fiscalía General del Estado, sobre competencias de las Fiscalías para tramitar diligencias de investigación que afecten a personas aforadas".

De esta manera, "a la vista de que los hechos denunciados pudieran llegar a ser constitutivos de delitos que resultan de la competencia de esta Fiscalía Especial y apreciando en los hechos una especial trascendencia", Luzón acuerda iniciar diligencias de investigación, de las que se encargará él mismo.

A la investigación se ha incorporado la documentación enviada ayer por el Gobierno madrileño sobre la adjudicación a Priviet Sportive.