La Fiscalía Anticorrupción solicita 28 años de prisión para el financiero barcelonés Eduardo de Pascual Arxé en el caso Fortia, de cuya instrucción, de más de una década, ha sido responsable el Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional. El exbanquero, de 69 años de edad, permanece en paradero desconocido desde 2015.
El escrito de acusación del Ministerio Público, fechado el 28 de febrero y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, le imputa un delito continuado de apropiación indebida (por el que pide 8 años y una multa de 162.000 euros), un delito societario (4 años), blanqueo de capitales (6 años y 15 millones de euros de sanción), insolvencia punible (6 años y 180.000 euros de sanción) y asociación ilícita (4 años y multa de 216.000 euros).
A lo largo de sus 266 páginas, el fiscal Carlos Alba apunta a Pascual Arxé como uno de los cerebros del trasvase de activos de la mutua de seguros Fortia Vida —que da nombre a esta causa— en beneficio de él mismo y de varios acusados y sus empresas, dedicadas, principalmente, a inversiones inmobiliarias.
El financiero catalán también habría maniobrado para situar ese dinero y varias propiedades fuera del alcance de la Justicia española y bajo control real de algunos encausados. Entre otros, los fondos acabaron en países como Andorra, Luxemburgo, Islas Vírgenes Británicas o Suiza.
El objetivo de esta estrategia era "impedir y dificultar el seguimiento e identificación de su origen, que no era otro que las operaciones de sustracción de los fondos y activos procedentes de Fortia Vida y su grupo, por importe de, al menos, 5.973.000 euros", indica Anticorrupción.
Arxé, de espaldas, en una imagen de archivo.
Además, el entramado encabezado por Arxé y otros dos acusados (Joan Manuel Vila y María Vaqué) colocó a presuntos testaferros al frente de varias empresas de la red sin que conociesen el uso real dado a las sociedades. Entre ellos, Irina, la empleada doméstica del financiero catalán y una pariente extrajera de esta última. Otra acusada también habría reclutado a Moutaz Al Mokhtar, un indigente con problemas psicofísicos.
El Ministerio Público atribuye a Arxé la condición de "director y coordinador de actos de sustracción y negocios jurídicos realizados en perjuicio" de la mutua. "Actuaba ocultando su intervención tras las sociedades y personas que formalizaron las operaciones y negocios jurídicos que dieron cobertura a los actos delictivos", añade el escrito de acusación. También considera que otros tres acusados —María Vaqué, Joan Manuel Vila y Antonio José Albarracín— "idearon y diseñaron" este plan junto a él.
Por todo ello, Fiscalía solicita que Eduardo de Pascual Arxé, Maria Vaqué Molas, Joan Manuel Vila y Carlos Trallero Nadal indemnicen, conjunta y solidariamente, al Consorcio de Compensación de Seguros "en el importe soportado por el mismo" en el proceso de liquidación de Fortia Vida. Esto es, 83.649.666 euros en concepto de responsabilidad civil.
Tal y como expone la Abogacía del Estado, presente en el caso Fortia como defensora, precisamente, de este consorcio público, "el entramado societario" liderado por Arxé acometió, entre 2000 y 2009, "numerosas acciones de despatrimonialización, que provocaron la insolvencia definitiva" de la mutua.
"Y provocaron el concurso de las sociedades filiales de Fortia, cuyos activos quedaron totalmente deteriorados", añade la Abogacía.
Nexos de 'ERE' y 'Fortia'
El supuesto vaciamiento de la mutua Fortia Vida no es la única causa judicial en la que el financiero se encuentra implicado. Actualmente, Arxé permanece en paradero desconocido, fugado de la Justicia desde el año 2015, cuando aprovechó la libertad provisional concedida por la entonces instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, para salir de España.
La investigación de una de las principales piezas separadas de esta causa, sobre los 66 millones de euros supuestamente cobrados por la trama en sobrecomisiones, apuntó hacia él como intermediador.
Pero un error procesal de las autoridades españolas impidió su extradición cuando se encontraba en Burkina Faso, en cuya capital, Uagadugú, fue localizado por la Policía en mayo de 2017. El 20 de diciembre de 2021, el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, encargado de la investigación de esta pieza del caso ERE, acordó la expedición de otra euroorden para detenerle.
Apenas dos años antes, ante la juez Alaya, el financiero aseguró que 18 millones de euros pagados por la Junta andaluza para prejubilaciones acabaron invirtiéndose en dos hoteles en República Dominicana controlados por empresarios vinculados con el PSOE. Su huida impidió que ratificara su declaración. También cifró en 98 millones la cantidad que salió de la Junta andaluza hacia la mutua Fortia Vida.
Asimismo, en 2017, la Audiencia Nacional condenó a penas de entre un año y dos años y tres meses de cárcel a la cúpula del banco Eurobank. La quiebra de la entidad, que había dirigido Arxé, dejó colgados a más de 60.000 clientes. Y generó una deuda de más de 150 millones.
El tribunal consideró probado que los acusados desviaron para uso particular cerca de diez millones de euros procedentes de la contabilidad del banco. Toda la trama fue dirigida por el financiero, que no acudió al juicio porque ya se había fugado.
A lo largo de su huida internacional, Arxé ha usado varias identidades ficticias. Se ha hecho llamar Eduardo Monasterio Arce —en un pasaporte boliviano— y Marcelino José Monasterios Arce, según figura en una Carta de Identidad de Burkina Faso.