La AN reabre la causa por la muerte de Miguel Ángel Blanco tras la querella contra los exjefes de ETA

La Audiencia Nacional ha reabierto la investigación sobre el asesinato del concejal del Partido Popular en Ermua Miguel Ángel Blanco para tratar de desentrañar quiénes fueron sus autores intelectuales. Así lo confirman fuentes jurídicas a EL ESPAÑOL.

Tras ser secuestrado, fue asesinado el 13 de julio de 1997 por dos miembros de ETA. Ambos etarras —Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, e Irantzu Gallastegui Sodupe, Amaia— ya fueron condenados en 2006. Sin embargo, la reapertura de la investigación busca conocer quiénes ordenaron su ejecución y si la muerte es atribuible penalmente a los jefes etarras.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, el magistrado Manuel García-Castellón, ha admitido a trámite la querella presentada por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ), presidida por el diputado de la Asamblea de Madrid Daniel Portero. La Fiscalía había informado a favor de su admisión.

Manifestación ciudadana contra el secuestro de Miguel Ángel Blanco.

En el texto, de 138 páginas y al que ha tenido acceso este diario, DyJ apunta a los nueve jefes de la banda terrorista ETA que componían el comité directivo de la banda armada, denominado zuba.

Entre ellos, se encuentran históricos dirigentes de la organización terrorista, como Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias Iñaki de Rentería; José Javier Arizcuren, Kantauri; María Soledad Iparaguirre, Anboto; Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi; Mikel Albisu, alias Mikel Antza; y Asier Oyarzabal, Baltza.

La asociación de víctimas también había solicitado prohibir la salida de España a cuatro de los querellados, ante el "claro riesgo de fuga". Son: Iñaki de Rentería, Vicente Goicoechea, alias Willy; Jokin Echevarría y Carlos Ibarguren, apodado Nervios.

La querella recuerda que la sentencia de 2006 considera como "hecho probado que fue la dirección de ETA la que dio las instrucciones de secuestrar primero, y, finalmente, asesinar a Miguel Ángel Blanco" en julio de 1997.

"El ejecutor material condenado empuñó la pistola. Pero los nueve aquí querellados empuñaban al ejecutor material de la misma manera", reza el escrito de DyJ dirigido al Juzgado. Asimismo, recuerda que, debido a la notoriedad mediática que tuvo su secuestro, los miembros de ETA "no podían no saber" sobre los hechos. "No es posible pensar que la responsabilidad de todo lo que implicó tal secuestro y asesinato hubiese sido autónomamente decidido por tan solo los dos ejecutores materiales ya condenados, como si se tratase de dos lobos solitarios aislados", añade.

Nueva vía jurídica

En este y en otros procesos, la asociación Dignidad y Justicia ha abierto una nueva vía jurídica con la que apuntar hacia los líderes de la banda por los asesinatos y atentados cometidos bajo su dirección, como posibles instigadores y corresponsables de los crímenes —"presuntos autores detrás del autor", señala la asociación—, al haberlos ordenado y/o seleccionado los objetivos.

Para ello, se basan en el artículo 28 del Código Penal español. ¿Qué dice este artículo? Que "son autores [criminalmente responsables de los delitos] quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento".

No obstante, también otorga esta calificación a "los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo" y "los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado".

Fachada de la sede de la Audiencia Nacional, en Madrid. Europa Press

El autor de esta querella, y de otras basadas en esta nueva vía jurídica, es Miguel Ángel Rodríguez Arias, abogado de Dignidad y Justicia. En la querella que presentó como estos nueve jefes etarras, reiteraba la composición férreamente jerárquica de ETA, según la cual eran los miembros de la zuba los que seleccionaban las víctimas y ordenaban los ataques. Y quienes, por tanto, tenían en sus manos, en última instancia, evitar las muertes. Varios informes policiales, a lo largo de los años, detallan la composición de cada uno de estas zubas en las distintas épocas.

"[Los nueve exjefes de ETA] son los auténticos autores detrás del autor. De hecho, tenían un dominio del hecho incontestablemente superior, pues si el peón fungible que empuñaba la pistola se hubiese negado finalmente a disparar, hubiese sido fácilmente sustituido por otro peón fungible que sí hubiese disparado y Miguel Ángel Blanco habría sido igualmente asesinado", indica la querella.

El letrado de Dignidad y Justicia también es el autor de la querella que derivó en la investigación a la cúpula de ETA en el año 2000 por el asesinato del juez Queriol Lombardero. Y de la que inició la investigación a los exjefes etarras por el atentado contra la Terminal 4 del aeropuerto madrileño de Barajas en 2006. Un ataque que provocó dos muertes, decenas de heridos, miles de euros en daños, retrasos en varios vuelos y rompió el alto al fuego que había acordado ETA con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Por esta última causa, se investiga, entre otros, al líder etarra Josu Ternera.

La misma asociación de víctimas también provocó la visita a España, a finales del año pasado, de una delegación de eurodiputados para interesarse por los crímenes aún impunes cometidos por ETA y la posible "autoría mediata" de los jefes de la banda.

Tal y como ha informado este diario, el último borrador redactado por los europarlamentarios, que comienza este lunes el periodo de enmiendas antes de votarse en el Pleno, insta a las autoridades competentes a "agotar las posibilidades interpretativas del Derecho penal, también en relación con la teoría de la autoría mediata indirecta por dominio prevista en el artículo 28 del Código Penal". Es decir, llama a abrir la puerta a que los líderes de la banda puedan ser procesados como instigadores y corresponsables de los crímenes, al haberlos ordenado y/o seleccionado los objetivos.